*Por Vanesa Astete y Virginia Díaz

Durante el año 2018, en Chile se han registrado 34 femicidios consumados y 103 femicidios frustrados reconocidos por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. A pesar de los esfuerzos desplegados por el Plan Nacional de Acción Contra la Violencia hacia las Mujeres 2014 – 2018 y otras políticas públicas afines, la escalada de violencia contra las mujeres sigue aumentando, lo cual solo viene a constatar que las altas tasas de femicidios, así como las tasas persistentemente elevadas de violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado, están directamente relacionadas con la tolerancia social que existe hacia la violencia contra mujeres y niñas, sumada a la falta de registros oficiales y de definiciones legislativas heterogéneas respecto de este fenómeno.

Nuestro país actualmente regula esta materia en la Ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar. Al momento de su entrada en vigencia, durante el año 2005, esta ley representó un avance al establecer como objetivo el prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma, en términos análogos a lo dispuesto por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belém do Pará). Esta ley reconoció la importancia de brindar protección frente a situaciones de riesgo, creó un nuevo delito de maltrato habitual, estableció medidas cautelares especiales e impuso medidas accesorias para los casos en que los jueces de garantía otorgaran una suspensión condicional del procedimiento. Sin embargo, y pese al avance que esta ley representó en su momento, resulta insuficiente, pues su ámbito de aplicación se encuentra limitado, abarcando sólo manifestaciones de violencia física y psicológica y que se produzcan en el ámbito de las relaciones de familia.

La Ley N° 20.480, promulgada en el año 2010, incorporó la tipificación el delito de femicidio, no obstante, para sancionar estos casos también se requirió que el autor mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio o de convivencia con la víctima. En cuanto al acoso sexual, actualmente sólo se encuentra regulado en el ámbito laboral, a través de la Ley N° 20.005 del año 2005, dejando en absoluta desprotección a las víctimas de otras manifestaciones de acoso, tales como el acoso callejero, el acoso cibernético, entre otras.

Así las cosas, resulta evidente la necesidad de actualizar nuestra legislación, adecuándose a la tendencia comparada de abordaje legislativo consistente en la adopción de leyes integrales de violencia contra las mujeres, las cuales se caracterizan por una visión holística que define la violencia de género bajo todas sus formas, yendo eficazmente más allá del ámbito familiar y de las relaciones de pareja, e incorporando una perspectiva de género de forma transversal a todos los ámbitos, ya sean privados o públicos, para así prevenir, visibilizar y abordar la violencia de género desde sus causas estructurales.

En vista de lo anterior, el 5 de enero del año 2017 ingresó a tramitación vía Mensaje Presidencial el proyecto de ley sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín N° 11077-07), el cual se plantea como la primera iniciativa que busca dar una respuesta integral a los fuertes grados de violencia de género que existen hoy en nuestro país. A pesar de que a la fecha se ha decretado su urgencia suma en reiteradas ocasiones -la última de ellas con fecha 6 de noviembre de 2018- el proyecto aún se encuentra en el primer trámite constitucional.

Cabe señalar que, si bien este proyecto representa un avance en relación a la legislación existente, resulta preciso complementarlo con el propósito de evitar los vacíos y las contradicciones existentes en la legislación nacional, con miras a identificar las causas estructurales de la violencia de género, definir y abarcar todas las manifestaciones existentes de este tipo de violencia, establecer nuevas medidas de educación, prevención y sanción, además de asistir y proteger de forma efectiva a las víctimas.

El Comité CEDAW recientemente ha recomendado al Estado de Chile acelerar la aprobación del proyecto de ley integral (Boletín  N° 11077-07); ampliar la definición de femicidio de modo que abarque todos los homicidios motivados por el género; y velar por el establecimiento de medidas de protección efectivas respecto de grupos más vulnerables, tales como las niñas en las instituciones del Servicio Nacional de Menores; las mujeres LGBTI, y las mujeres mapuche.

Finalmente, para lograr estos objetivos, resulta imperiosa la ratificación por nuestro país del Protocolo Facultativo de la CEDAW, el cual constituye un mecanismo efectivo que permite garantizar por medios cuasi-jurisdiccionales los derechos de las mujeres declarados en la Convención, y que, pese a su importancia, se encuentra en tramitación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado desde el año 2001 (Boletín N° 2667-10).

*Vanessa Astete es  Abogada de la Universidad Diego Portales. Virginia Díaz es Egresada de Derecho de la Universidad de Chile. Ambas son Integrantes de la Comisión de Seguimiento Legislativo de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile ABOFEM.

 

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