*Manuela Bares

La violencia de género logró imponerse, en los últimos años, en la agenda pública y mediática: las marchas multitudinarias de ¡Ni Una Menos! fueron un símbolo de hartazgo y bronca que inundó las calles. Atrás quedaron los graph del noticiero del mediodía anunciado otro “crimen pasional” y las recreaciones televisivas narradas por un perito devenido en figura mediática. Comenzamos a nombrar la violencia machista y a expandir los horizontes de su percepción en otros ámbitos más allá del doméstico.

A más de tres años de esa masiva movilización, la violencia de género continúa circunscribiéndose hacia quienes encajan en el modelo heterosexual imperante. Los reclamos populares lograron instalar la violencia hacia las mujeres como un problema social pero la violencia hacia las lesbianas, travestis, trans, cuerpos no hegemónicos y disidentes continúa ocupando un lugar secundario tanto en la agenda pública como política.

La invisibilización de la violencia: la Ciudad de Buenos Aires como escenario.

En la Ciudad de Buenos Aires como en el resto del país existe una ausencia de datos oficiales respecto a la violencia de género. Esta situación se profundiza a la hora de analizar la violencia hacia las sexualidades e identidades no normativas: la medición estadística de la Ciudad continúa sin incorporar como registro clasificatorio la identidad de género por lo que los datos disponibles sólo se desagregan por la variable sexo (mujer-varón). A su vez, tienden a enfocarse en los crímenes más graves como los asesinatos invisibilizando otro tipo de violencias existentes. Cabe destacar que, la medición estadística se enfrenta a dos grandes problemas: los desincentivos que existen a la hora de formalizar las denuncias y la falta de monitoreo respecto a los casos de violencia cotidiana. Estos obstáculos sólo se agudizan en el caso de la comunidad LGBT.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el Informe elaborado en el año 2015 respecto a la “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América” que los bajos índices de denuncias y la ausencia de mecanismos oficiales de recolección de datos invisibilizan la violencia contra personas LGBT y obstaculizan la respuesta efectiva de los Estados.

Algunos datos recopilados sirven como insumo para aproximarnos a una caracterización de la violencia que viven cotidianamente las lesbianas, travestis y trans pero que, de ninguna manera, refleja la verdadera dimensión de la violencia en nuestro país ni en la Ciudad de Buenos Aires. En el último Informe elaborado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT correspondiente al 1er. semestre del 2018, la Ciudad de Buenos Aires figura como uno de los lugares donde hay mayor incidencia de crímenes de odio en nuestro país con un 21%. A su vez, un gran porcentaje de los casos relevados tuvieron lugar en la vía pública. De esta manera, el espacio público se nos es presentado como peligroso y hostil, en él tienen lugar múltiples ataques que terminan por naturalizarse y pasan a formar parte de nuestra cotidianeidad: insultos, empujones, golpes, piedrazos, hostigamiento u acoso. La mayoría de estas situaciones, no son reportadas debido a que los mecanismos de denuncia disponibles no son accesibles y, en muchos casos, reproducen antiguos parámetros de la binaridad heteronormativa.

Las fuerzas de seguridad también han cumplido un rol clave en el encrudecimiento e invisibilización de los casos de violencia de género hacia la comunidad LGBT. La utilización de prácticas represivas y de hostigamiento por parte de efectivos policiales sobre ciertos grupos en función de su género u orientación sexual pone al descubierto un entramado de prácticas institucionales que consagran la impunidad frente a los hechos de violencia.

Punitivismo a la orden del día.

Frente a los hechos de violencia que logran traspasar las pantallas de televisión, los medios de comunicación y el discurso hegemónico nos presentan el punitivismo como única respuesta y solución. El exceso de propaganda de “mano dura” encuentra su correlato en el discurso adoptado por el gobierno porteño: políticas de seguridad represivas, operativos violentos e implementación de políticas con un fuerte mandato punitivista.

Las políticas de seguridad ocupan un lugar central en el abordaje de la violencia de género y, generalmente, son utilizadas para perseguir a las lesbianas, travestis, trans, cuerpos no hegemónicos y disidentes. Las medidas punitivas nos expulsan de lo público y son implementadas para regular el espacio en el que transitamos, para normativizar y disciplinar nuestros cuerpos. Nos obligan a adecuarnos al estereotipo de víctima y criminalizan nuestras identidades.

Razzias policiales, requisas vejatorias, parejas del mismo sexo atacadas por acariciarse o besarse, el hostigamiento hacia las travestis y trans son algunos ejemplos de las múltiples violencias que nos atraviesan. La falta de respuestas preventivas y de políticas de recolección de datos que permitan visibilizar la violencia son una cuenta pendiente en el reconocimiento de la violencia contra la comunidad LGBT como problema de interés público.

Incorporar el enfoque punitivista en el diseño de políticas para abordar la violencia de género no hace más que legitimar una única respuesta estatal.  Esta legitimación traspasa lo público y se vuelca a los privado, se replica en los medios de comunicación hasta naturalizarse en nuestra rutina. El agravamiento de penas, la implementación de mayores restricciones para hacer uso del espacio público y el recrudecimiento de un discurso represivo nos obliga a ceder derechos para sentirnos más seguros. Nos empuja a un estado de alerta constante alimentado por la sensación de inseguridad. En sintesís, cada vez tenemos menos a un mayor costo.

El orgullo como respuesta política.

Ante la ausencia de política públicas para erradicar la violencia de género aparecen otro tipo de respuestas: nombrar, hablar, interpelar, conventillear, construir y visibilizar. Respuestas que nos obligan a tejer alianzas y a edificar redes, a compartir lo individual para potenciar lo colectivo.

Los brillos y el glitter que inundaron las calles del microcentro el sábado 17 de noviembre, los colores del orgullo estampados en gorras y remeras, los besazos, las banderas reclamando cupo laboral travesti-trans son formas de intervenir frente a la violencia.

Ensayamos cotidianamente nuevas maneras de interpelar y creamos nuevos modos de movilización. Construimos otras formas para no confinarnos a avalar la violencia como única respuesta estatal y porque no creemos en los poderes mágicos del punitivismo.

Tomamos la tarea política de salir del closet una y otra vez para reclamar para nosotres lo público. Porque creemos que el orgullo es un acto de desobediencia frente a la imposición de un sistema heteronormado y la visibilidad un acto de resistencia colectiva.

*Manuela es estudiante de derecho, integra la Red de Abogadas Feministas, militante y activista feminista.

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