Por equipo Revista Emancipa Argentina*

La Fundación Mujeres X Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina y Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Tucumán cenunciaron penalmente, por incumplimiento de deberes de funcionarios a la médica tratante de “Lucía” a Tatiana Obeid Pedemonte, quien además es Jefa del Servicio de Ginecología del Hospital del Este; a la Directora del Hospital Eva Perón, Elízabeth Avila; a la Ministra de salud Rossana Beatriz Chahla y al Secretario Médico del Si.Pro.Sa de la provincia de Tucuman, Aregentina.

Todo lo ocurrido con “Lucía”, no sólo estremeció a la Argentina. Millones fueron las muestras de solidaridad y las peticiones de que se terminara con la tortura a una niña de 11 años al negarle el aborto que ella y su madre habían solicitado tras el abuso sexual por parte de la pareja de su abuela. Las autoridades sanitarias y políticas iniciaron una cruzada antiderechos con Lucía. En el fondo no era ella ni la vida de ese feto lo que les interesaba, si no que utilizaron su situación para disciplinar y mostrar el poder que tienen sobre nuestras cuerpas y vidas.

Las organizaciones denuncian que se dilató ilegalmente el acceso a la salud ya que se crearon una y otra vez barreras médico-burocráticas que configuran un grave hecho de violencia institucional. Además denuncian que la atención clínica estuvo plagada de violaciones a los derechos de una niña como paciente que se traducen en el incumplimiento de los deberes que todo funcionario público que preste servicios sanitarios tiene, todos derechos protegidos por la legislación argentina y los tratados y convenciones de DDHH suscritos e incorporados a la Constitución Nacional de este país.

Interrumpir un embarazo producto de una violación o que ponga en riesgo la vida o la salud es un derecho desde 1921. Lamentablemente lo de “Lucía” no es único ni aislado, no es la primera vez que recibimos la noticia en donde una menor embarazada producto de una violación pide interrumpir su embarazo y finalmente le practican una cesárea provocando graves secuelas para estas niñas. Por eso es que es necesario realizar todas las medidas jurídicas y de movilización. No se puede seguir aceptando que se someta a niñas a flagelos que atentan contra sus vidas, todo por imponer imposiciones morales que coartan la libertad, la autonomía, el trato digno, la información y el respeto a la voluntad.

Desde la Ciudad de Buenos Aires la Red de Abogadas Feminista (RAF), la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) y el Observatorio Contra el Acoso (OCA) presentaron un escrito donde adhieren a esta denuncia presentada argumentando que “En el caso en cuestión, se restringieron de manera arbitrarias los derechos de “Lucía”, y solo a raíz de la intervención activa de organizaciones de derechos humanos y de defensa y resguardo de los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans; la niña pudo acceder a la interrupción legal del embarazo . Sin embargo, todos los obstáculos que la obligaron a atravesar dieron lugar a prácticas de violencia institucional sumamente graves y que como tales no pueden quedar impunes”.

Por último el llamado es a no olvidar lo ocurrido y a difundir todas las acciones que las organizaciones feministas y de DDHH llevan adelante para que se haga justicia en este caso y para que nunca más tengamos que contar la noticia de una niña abusada y obligada a ser madre.

*El equipo de Revista Emancipa Argentina esta compuesto por colaboradorxs de todo el país que voluntariamente aportan a la construcción de este proyecto autogestivo.

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