Imagen: Historieta de Quino, Mafalda

*Por Noelia Díaz

Entre lágrimas ella confiesa que a veces ya no tiene fuerzas para seguir. Pero las mira, sus hijas la necesitan fuerte. ¿Cómo se hace para seguir, cuando la justicia es tan lenta que no hace más que desanimar? Sin dudas es una batalla de resistencia que la mayoría de las mujeres no merecen soportar.

 Estuvo casada casi 10 años, durante la mayoría  de ellos sobrevivió a costa del popular, “tenés que aguantar porque es el padre de tus hijas”, a violencia psicológica, sexual, patrimonial y física. Los últimos meses del último año, antes de dejarlo, tuvo preparada su maleta bajo la cama. Cuando eso ya casi no tenía ganas de levantarse de la cama, pero a fuerza de voluntad y por sus niñas seguía respirando, se daba fuerzas para empezar cada mañana.

 Un buen día, cuando él no estaba, sacó la valija que estaba bajo la cama y se fue con sus niñas a cuestas. Pero el calvario no terminó. Durante los siguientes 3 años él siguió violentándolas psicológica y económicamente. No cumplía ni con el régimen de relacionamiento, ni con la prestación alimentaria, acuerdos a los que habían llegado verbalmente. La situación se hizo insostenible cuando las nenas empezaron a manifestar a través de sus cuerpos los embates de la violencia emocional. Esa que no se ve por fuera pero que destroza por dentro. Fue así que se decidió a iniciar la demanda para la prestación alimentaria y el régimen de relacionamiento. Eso fue en noviembre de 2018. La denuncia lo llevó a exacerbar la manipulación psicológica contra las niñas, amenazando y cuestionando severamente la decisión  que la madre tomó con respecto a la denuncia sólo con el fin de que se cumplan los derechos de las nenas. Además se animó a denunciarlo por violencia familiar.

 La idea era que las cosas mejoraran para todas, pero la falta de acceso a la justicia hace que hasta hoy no se haya resuelto nada. Las niñas no ven al padre hace meses, quien además no les pasa nada de dinero para la alimentación, educación y salud de sus hijas. Tanto las nenas como la madre están bajo terapia, la situación a las que están sometidas es difícil de sobrellevar.

Recordemos que según la ley estos juicios deben ser sumarios, pero entran en un espiral de burocracia y chicanas de litigios, que no ponen a la niñez y adolescencia en el centro de sus acciones. Además los montos destinados a las prestaciones de alimentos no garantizan una óptima calidad de vida de la niñez y adolescencia, lo cual profundiza su condición de vulnerabilidad y restricciones en acceso y garantías de sus derechos.

El patrón es parecido en casi todos estos casos. Los padres de los hijos se olvidan de sus responsabilidades y las mujeres tienen que hacerse cargo de la crianza de los mismos sin ningún tipo de ayuda económica. Ante la serie de trabas jurídicas y burocráticas que representa llevar adelante la demanda, muchas mujeres simplemente renuncian a seguir con los trámites. Y si no es la burocracia las que los detiene, es el miedo.

En el interior del país, la situación es mucho más crítica, ya que según un informe del poder judicial el 100% de las deman­das por asistencia alimenti­cia corresponden a mujeres de alta vulnerabilidad, gente de campo, de escasos recur­sos, de nivel socioeconó­mico y educativo bajos, cuya actividad es en la chacra y la casa.

El Artículo 97 del Código de la Niñez y Adolescencia dice que el padre y la madre del niño/ña o adolescente tienen la obligación de proporcionarle una alimentación suficiente y adecuada a su edad, además de brindarle educación, recreación, habitación y asistencia médica. Igualmente, la ley prevé una pena carcelaria de entre dos a cinco años para los padres que no cumplan con los montos establecidos en juicio.

Ante la cantidad de hombres que dejaban de atender con la prestación alimentaria a sus hijos, en setiembre del 2015 se publicó la Ley Nº 5.415, que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), un sistema que rastrea a los padres con cuentas abiertas y que no cumplen con el monto acordado para la manutención de sus hijos.

Desde el 2006 hasta febrero hasta el 2017, el Poder Judicial tiene registrado un total de 120.302 cuentas abiertas en el sector bancario para la asistencia alimentaria de menores de edad. Es decir, en todo el país, a 120 mil padres la Justicia le retiene un monto –ya sea acordado con la madre del niño– o bien establecido por el Juzgado, a través de un sistema bancario, que se maneja mediante el Banco Nacional de Fomento (BNF).

Finalmente, no se trata solamente de lograr un acuerdo económico, sino de buscar el bienestar del niñe, lo que incluye vestimenta, estudios, espacios de recreación y otros que debe formar parte del proceso de crecimiento del niñe. Tenemos que entender que hablamos más que nada del derecho que tienen los niños y las niñas de crecer en un sistema de confort, o al menos, con las comodidades básicas.

 

*      El relato es una historia real, de un caso que me toca acompañar, pero se omiten los nombres de todos y todas para proteger a las menores de edad.

 

 

 

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