Las violencias son múltiples pero , ¿qué situaciones son las que nos generan mayor inseguridad? ¿Qué hábitos modificamos para sentirnos más seguras? ¿Cuáles son los obstáculos que se nos presentan a la hora de transitar el espacio público? ¿Qué rol ocupamos en la formulación de medidas y políticas públicas que nos permitan un abordaje eficaz? Estas preguntas son apenas un disparador para animarnos a caracterizar la violencia que vivimos diariamente y, a nombrar la naturalización de estrategias para circular en el espacio público que fuimos incorporando en nuestras prácticas cotidianas.

Por Manuela Bares Peralta*

La falta de recopilación y sistematización de datos oficiales en torno a las diferentes formas de violencia que sufrimos las mujeres, lesbianas, travestis y trans en el espacio público es uno de los grandes impedimentos que se nos presentan para lograr dimensionar los efectos de la violencia machista. La vulneración sistemática de nuestros derechos a transitar una Ciudad libre de violencia y el corrimiento al que nos vemos expuestxs de la esfera pública son parte de los obstáculos a los que nos enfrentamos diariamente. La no cuantificación de estas formas de violencia contribuye a su invisibilización y, en su lugar, aparecen políticas ineficientes que no dan respuesta a la problemática real y que nos obligan a ceder espacios de participación.

La sanción de la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres significó un cambio de paradigma respecto al abordaje de la violencia de género contra las mujeres, a partir de la incorporación de otras modalidades de violencia por fuera del ámbito familiar y doméstico. Esta normativa fue acompañada por otras leyes que produjeron cambios significativos como la Ley N° 26.743 de Identidad de Género y la Ley N° 5.231 contra la Discriminación, permitiendo conceptualizar la discriminación y la violencia de género de manera tal que se vean superados los antiguos parámetros de la binaridad heteronormativa. Estos avances normativos fueron la antesala a las multitudinarias marchas que acompañaron la irrupción del movimiento ¡Ni Una Menos! que lograron instalar la violencia hacia las mujeres como un problema social.

El avance en materia de legislación no se vio acompañado por grandes mejoras en el registro estadístico de la violencia. Si bien la Ciudad de Buenos Aires incorporó la perspectiva de género en la elaboración de todas las estadísticas a partir de la sanción de la Ley N° 474 en el año 2000, los datos disponibles en las mismas sólo se desagregan por la variable sexo (mujer-varón).  En este sentido, los últimos indicadores referentes a violencia de género fueron relevados en el año 2017 y no consideran como registro clasificatorio la identidad de género con el fin de incluir a la población travesti y trans. A su vez, las estadísticas públicas confeccionadas por el Gobierno de la Ciudad sólo hacen referencia a los crímenes de género considerados femicidios y no a otros tipos de violencia existentes. El registro de la Ciudad de Buenos Aires convive con los informes que elabora la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), las Defensorías y las organizaciones no gubernamentales.

Además, la medición estadística enfrenta otro problema: los desincentivos que existen a la hora de formalizar las denuncias y la falta de monitoreo respecto a los casos de violencia cotidiana. En este sentido, el acceso a la justicia continúa siendo un gran impedimento para las mujeres, lesbianas, travestis y trans y, aunque el número de denuncias presentadas por violencia de género ante los órganos judiciales ha aumento en los últimos años continúa sin reflejar la dimensión real de la problemática ya que,  los mecanismos de denuncia disponibles no son accesibles y, en muchos casos, reproducen antiguos parámetros de la binaridad heteronormativa.

Esta situación se profundiza a la hora de analizar la violencia hacia las sexualidades e identidades no normativas: la medición estadística de la Ciudad continúa sin incorporar como registro clasificatorio la identidad de género y, una gran proporción de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres trans son realizados por funcionarios del Estado, tal como se desprende del Informe elaborado por el Centro de Documentación y Situación Trans en América Latina y el Caribe (2018).

El acoso callejero, el hostigamiento y los actos discriminatorios referentes a la identidad sexual son formas de violencia que comenzaron a visibilizarse. Tal como se desprende de la Encuesta Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas elaborada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad (2018) el 81% de las mujeres encuestadas manifestó no sentirse segura transitando el espacio público y la mayoría admitió tomar ciertos cuidados a la hora de transitar el espacio público como el horario o la presencia de gente en la calle. Por otro lado, más de la mitad de las entrevistadas señaló haber modificado rutinas para sentirse más seguras demostrando el grado de vulneración de derechos que sufren las mujeres a la hora de transitar la Ciudad.

En el último Informe elaborado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT correspondiente al año 2018, la Ciudad de Buenos Aires figura como uno de los lugares donde hay mayor incidencia de crímenes de odio en nuestro país con un 19%. A su vez, el porcentaje más alto de los casos relevados tuvieron lugar en la vía pública, alcanzando un 41%. De esta manera, el espacio público se convierte en el lugar donde se escenifican múltiples exclusiones y violencias. Estos datos son un insumo para nombrar y visibilizar otras formas de violencia que afectan el desplazamiento de las mujeres, lesbianas, travestis y trans en la Ciudad y, la manera en que repercuten, reduciendo su libertad a la hora de transitar y participar de lo público.

Los registros y encuestas que existen son ineficientes pero ¿de qué forma podemos acercarnos a una medición estadística real de la violencia machista? Existen experiencias desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el registro de este tipo de datos, en los cuales se comenzó a incorporar la perspectiva de género. En este sentido, la información recopilada por el Ministerio se nutre de de diversas fuentes e intenta caracterizar una dimensión más amplia de la violencia -más allá de los delitos graves- como es la situación de las mujeres en relación con la actividad económica. Estos avances dejan en claro que, la Ciudad de Buenos Aires está en condiciones de mejorar su registro estadístico y de incorporar una perspectiva mucho más amplia respecto a la violencia de género que se encuentre en consonancia con la normativa local.

“No en nuestro nombre”: la contracara de la lógica punitiva y la criminalización del espacio público

“No en nuestro nombre”, nació como resistencia a la invocación demagógica de la lucha feminista. Es el freno colectivo que las mujeres, lesbianas, travestis y trans construimos para impedir la utilización de nuestra militancia para justificar el recrudecimiento de la violencia estatal y, es también la síntesis sobre la cual nos propusimos construir otro tipo de respuestas y alianzas en contra de la violencia machista.

La falta de cuantificación sirvió como insumo para la utilización de la lucha feminista por parte del gobierno porteño en el avance de una lógica con un fuerte mandato punitivista sobre la reglamentación del espacio público. Un claro ejemplo fue la propuesta y, posterior sanción del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires: una legislación presentada por funcionarios de gobierno como “el primer código con perspectiva de género”, incorporó el agravamiento de sanciones y de algunas figuras contravencionales bajo el pretexto de la desigualdad de género. Esta iniciativa no sólo reforzó la discrecionalidad policial sino que supuso un avance en la criminalización a las distintas formas de uso del espacio público. En este sentido, las mujeres, lesbianas, travestis y trans usamos el espacio público para transitar en todos los horarios ya que seguimos siendo las principales responsables de las tareas de cuidado. A su vez, supone una doble vulneración para quienes encuentran en las distintas formas de generación de ingreso en el espacio público un medio de subsistencia.

Esta medida dejo en evidencia dos cosas: la facilidad con la que el gobierno porteño avanza en la criminalización del espacio público para responder a las violencias y desigualdades que sufrimos las mujeres y lo ineficaz de este tipo de medidas. La reforma, además, de no incluir a las identidades no normativas continúa desatendiendo las demandas de quienes sufren la violencia machista en el espacio público. De la Encuesta Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas elaborada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se desprende que sólo el 18.2% de las encuestadas cree que una legislación más fuerte las haría sentir más seguras, mientras que, el 65% sugieren otro tipo de medidas como una mejor señalización de las paradas de colectivos y una mejora en el alumbrado público.

Además, si bien el acoso callejero figura como una de las principales causas de inseguridad entre mujeres a la hora de transitar el espacio público, casi el 92% de las encuestadas no conoce medidas de protección legal contra el acoso. Si bien, la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de acoso callejero nunca se implementaron los mecanismos de promoción y difusión que permitieran un mayor conocimiento de los canales de denuncia disponibles.

¿De qué sirve endurecer sanciones si somos las mujeres, lesbianas, travestis y trans lxs principales damnificadxs a la hora de acceder a la justicia? Los obstáculos que nos encontramos a la hora de realizar denuncias o de acceder a medidas judiciales de protección continúan repitiéndose aunque el número de denuncias presentadas por violencia de género ante los órganos judiciales ha aumento significativamente en los últimos años. Los botones antipánico o las medidas perimetrales son apenas una respuesta parcial a la problemática que, debería ser acompañada por medidas reparadoras y la creación de políticas públicas de prevención. Es así que, la implementación y el desarrollo de medidas con un enfoque, netamente, punitivista se nos presenta como un doble perjuicio: nos vemos obligadas a ceder derechos en pos de políticas que nos tienen como principales damnificadxs.

Es así que, “no en nuestro nombre” emerge como resistencia a la profundización de la persecución y desarrollo de un estado policial represor que, históricamente, tiene como principales damnificadas a las mujeres, lesbianas, travestis, trans, cuerpos no hegemónicos y disidentes. Es la potencia de la lucha feminista que se niega a aceptar al punitivismo como única respuesta y solución. Y es la demanda de ser parte central de la definición de políticas que incluyan y representen a todas femineidades.

*Manuela es estudiante de derecho, integra la Red de Abogadas Feministas, militante y activista feminista.
*Ilustraciones de: @FeministaIlustrada (IG)

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