*Por Noelia Díaz Esquivel

 María, tiene 24 años y está sobreviviendo a los síntomas de lo que se conoce como “estrés postraumático” como consecuencia de una experiencia, aterradora, que le tocó vivir en carne propia. Ella fue víctima de abuso sexual por parte presidente de la cooperativa Villa Morra de Asunción, David Luraschi.

 

La semana pasada su denuncia se hizo pública tras una entrevista, a la que accedió, para la Radio 650 AM. La joven relató en primera persona las penurias que sufrió desde el primer día que conoció a Luraschi. “Me mandó llamar a su oficina para preguntarme cómo me sentía y si me hacía falta algo. De la nada se levanta y me intenta besar en la boca. Retrocedo y le digo ‘Dios te bendiga’, él bajó la cabeza y me dijo solo gracias. Pero luego a cada rato me mandaba llamar a su oficina e inclusive delante de todos los compañeros intentaba besarme en la boca y todos se reían porque les era algo normal. Luego ya besaba a la fuerza, me hacía sentir sucia y vulnerable”, relató.

Luego de haber transcurridos algunos días, y ante la presión social, David Luraschi, presentó renuncia a su cargo. Y al día siguiente la fiscala Natalia Silva lo imputó y requirió la prisión preventiva por coacción sexual en grado de tentativa. El hombre, además fue denunciado por otras cuatro empleadas de la entidad por acosarlas sexualmente.

Ley 5777/2016, De Protección Integral a las Mujeres Contra Toda Forma de Violencia, aborda la problemática de la violencia de género en distintos ámbitos y uno de sus mandatos habla que todos los espacios laborales, tanto del sector público como privado deben contar con un “Protocolo de Actuación ante posibles casos de violencia laboral con perspectiva de género”. Pero la realidad es que son contadas con los dedos las empresas e instituciones públicas que cuentan con esta herramienta.

Todas las empresas con más de 10 empleados o empleadas deben contar con un reglamento interno en el que se contemple un protocolo de atención a casos de denuncias por violencia laboral. Si no cumplen con esta normativa el Ministerio del Trabajo establece multas que van de 1 a 30 jornales además de exponerse a una sanción penal.

Jessi Espínola, de la Dirección  General de la Mujer Trabajadora, explica que en febrero de 2019, el Ministerio del Trabajo, para dar cumplimiento a la Ley 5777, dictó la resolución n° 388/2019, a través de la cual se estableció un procedimiento obligatorio que deben seguir todas las empresas e instituciones para prevenir y sancionar el acoso laboral. Por un lado se creó una Oficina Especializada de Prevención y Atención de la Violencia Laboral a la que pueden acudir las trabajadoras para denunciar cualquier situación de violencia laboral psicológica, sexual o física. Los casos más graves, según esta resolución, obligan a la institución a comunicar, de oficio, al Ministerio Público.

La violencia laboral es todo maltrato o discriminación hacia la mujer en el ámbito de trabajo, ejercida por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía. Según una lista publicada desde el Ministerio del trabajo, una trabajadora es víctima cuando:

  • Descalificaciones humillantes
  • Amenazas de destitución o despido
  • Servicios laborales fuera del horarios pactados
  • Negación de licencias o permisos
  • Solicitud de favores sexuales acompañados o no de recompensas en el trabajo
  • Acercamientos físicos excesivos
  • Manoseos, tocamientos, palmadas, pellizcos, caricias, abrazos o besos no deseados
  • Agresiones físicas
  • Chistes y/o comentarios sexistas alusivos a la vida privada, basados en género u orientación sexual

La funcionaria explicó también que:

  • En cuanto al procedimiento, las empresas deben contar con reglamentos internos actualizados con medidas de prevención y sanción. El procedimiento debe ser rápido y confidencial. Las afectadas tienen que realizar una denuncia, por escrito, ante recursos humanoso ante el superior jerárquico y en el plazo de 5 días, dicha institución tiene que iniciar sumario o investigación para esclarecer el hecho. Esa comunicación de sumario deben hacerla al Ministerio del Trabajo y debe concluir en un plazo de 30 días. Como medidas de protección a la víctima, inmediatamente, se tiene que disponer la separación del espacio físico. Lo ideal sería que sea siempre el denunciado a quien se lo cambie de lugar. Muchas veces esto no puede ser ya sea por el cargo que ejerce y por una cuestión de no alterar condiciones, pero la separación es fundamental. Este sumario en caso de comprobarse el acoso debe concluir con una sanción administrativa prevista en el propio reglamento interno o en el código laboral que puede ser amonestación, apercibimiento, suspensión, incluso el despido justificado. Por otra parte tenemos, que si el acosador se trata de la máxima autoridad o el propietario de la empresa y que quizá recursos humanos no podrá llevar adelante el protocolo, en ese caso la victima debe acercarse hasta el Ministerio de Trabajo, donde le hacemos asesoramiento integral, confidencial en la oficina atención y prevención, además de tomarle la denuncia. La audiencia se realiza en un plazo máximo de 2 días. Las audiencias se hacen es espacios separados o con un representante de la denunciante.

¿Qué hacer en caso de despido como represalia a la denuncia?

  • Si ante la denuncia se le echa o despide, se debe hacer otra denuncia y los antecedentes son remitidos a nivel administrativo y judicial, se le impone una multa es de 1 a 30 jornales y se da intervención inmediata de la Dirección General de Fiscalización. Se deben reparar todos los daños, primero el pago de la liquidación establecida por ley y judicialmente accionar por todos los daños previstos en el código como: daño moral, indemnización complementaria y otros. Además de la multa que es una sanción administrativa impuesta por el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el asesoramiento siempre se escucha lo que quiere la víctima, no todas tienen la misma solución. Se media de forma distinta, respetando el deseo de ella.

 

En lo que va del año la oficina de atención a la violencia laboral recibió 25 denuncias algunas de ellas fueron enviadas al Ministerio Público a pesar que la víctima haya accedido a un resarcimiento por parte de la empresa. La línea directa de asesoramiento es 021 – 490 930.

 

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