Ilustración: Helena Pérez García

*Por Kuñambaje

Son cada vez más los casos de mujeres, niñas y jóvenes que denuncian diferentes tipos de violencia machista, desafortunadamente el sistema de justicia a nivel mundial no está capacitado para responder a estas demandas. Así vemos cómo aquellas víctimas de violencia machista son expuestas una y otra vez al escrutinio de la sociedad, de los medios de comunicación, y de lxs propixs operadores de justicia quienes exponen a las víctimas a excesivos peritajes forenses, evaluaciones psicológicas, entrevistas, audiencias, inspecciones médicas invasivas, forzando a las víctimas a revivir una y otra vez las violencias vividas, poniendo en duda sus experiencias, sus testimonios y sus dolores.

La carga emocional que implica para las víctimas el transitar estos escrutinios constantes las lleva a la rememoración de los hechos de violencia, *experimentan un intenso dolor emocional, sensación de indefensión o parálisis de la iniciativa, vergüenza y culpa, sensación de estigma o estar marcadas*. Muchas incluso desarrollan el síndrome de estrés post traumático.

Algunxs operadores de justicia del área de niñez alegan que no se halló vulneración física por lo que no se puede fundamentar abuso sexual. Estas intervenciones son alarmantes y llaman a una urgente revisión de la ruta
crítica y revictimizante que deben transitar aquellas que se animan a denunciar, también es por demás llamativo el interés férreo de muchxs operadores de justicia en judicializar a las madres, castigarlas y
encarcelarlas vulnerando una vez más el tan mentado *interés superior del niño y la niña, *separando a la victima del único  vínculo saludable parental que supo protegerla y quienes muchas veces son las que realizan la denuncia.

Es evidente entonces aquí que vivimos en una sociedad patriarcal casi primitiva, donde las responsabilidades son cargadas sobre los hombros de las mujeres y los privilegios los tienen los hombres. A los agresores (hombres en su gran mayoría), no se los somete a tan invasivo y vulnerante escrutinio, ellos; abusadores, pedófilos, agresores, párrocos y religiosos pedófilos y acosadores sexuales  hasta llegan a tener medidas alternativas como la prisión domiciliaria o multas, el sistema judicial los trata como si ellos fueran las víctimas, aún teniendo legislaciones nacionales e
internacionales ratificadas por el estado paraguayo como el de las 100 Reglas de Brasilia, en el capítulo PRELIMINAR SOBRE VICTIMIZACION expresa cuanto sigue; “Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta. Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria) Asimismo procurarán que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de judicial (victimización secundaria)”.

En diciembre de 2018 en el país hermano; Argentina, precursora en legislaciones de Protección a Derechos Humanos en la región, se sancionó *la Ley Micaela; **y entre los puntos más importantes se destacan:  «Establecer la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado;   La ley tiene por objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado a los
fines de dar cumplimiento a un deber que asumió el país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.   En cada uno de los organismos estatales, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género, si ya las hubiera en funcionamiento. Mediante su página web, el INAM publicará información pública respecto al grado de cumplimiento de las formaciones contra la violencia de género en cada uno de los organismos del Estado y realizará informes de seguimiento sobre su impacto. Se considerará
como una «falta grave», pasible de una sanción disciplinaria, que algún empleado público se negase, «sin causa justa», a participar de las capacitaciones.

Este instrumento será de gran utilidad para evitar las excesivas situaciones de revictimización, un instrumento que sería ideal replicar y adaptar en nuestro país, pues urge una revisión sobre las prácticas aún viciadas de machismo de la sociedad toda, de los medios de comunicación, y de los operadores y sistema de justicia.

 

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