Imagen: steibi.org.py

*Por Noelia Díaz

A finales de la semana pasada se desató la crisis cuando se hizo público un acuerdo energético entre Brasil y Paraguay que obliga a nuestro gobierno un gasto extra de más de 250 millones de dólares. Para hacer un análisis de coyuntura entrevistamos a la politóloga, docente e investigadora Cecilia Vuyk.

El gobierno de Mario Abdo firmó el 24 de mayo, a través del embajador paraguayo en Brasil Hugo Saguier Caballero, un acta de acuerdo bilateral con Brasil que establece la contratación de energía de Itaipú del 2019 hasta el 2022: 1.370 MW en 2019; 1.534 MW en 2020; 1.718 MW en 2021 y 1.924 MW en 2022, de los 14.000 MW de potencia instalada y 7.000 MW que corresponden a Paraguay. Según Vuyk:

“Con ello, Paraguay mantendrá casi el mismo uso de energía de Itaipú que el actual, lo que implica dos cosas: primero, no poder avanzar en un mayor uso de la energía en el país, sea con nuevas industrias, transporte eléctrico, etc., así como no poder avanzar en la contratación y venta de nuestra energía a terceros, manteniendo la cesión de la mayor parte de nuestra energía paraguaya a Brasil. Y segundo, que por el promedio que se saca de la contratación de energía garantizada (llamada “cara”) y no garantizada (llamada “barata”) la ANDE tendrá un déficit de 270 a 300 millones, que deberá cubrir de alguna forma, lo que puede ser con deudas, con más desfinanciación de la ANDE (cortando obras de infraestructura y servicios) y, tarde o temprano para cubrir eso, aumentos de tarifas a la ciudadanía. Lo más peligroso de esta acta son tres cosas: 1. El límite de nuestro uso de energía, cediendo a los intereses brasileños de garantizar a sus empresas energía segura y barata, a costa de nuestro desarrollo; 2. Nuevamente un golpe al pueblo paraguayo -con el freno al desarrollo y el aumento de tarifas que vendrá- para subsidiar a las empresas brasileñas y extranjeras; Y 3. El entreguismo, secretismo y acuerdo entre cuatro paredes realizado por el gobierno paraguayo, demostrando tanto su política de defensa de los intereses extranjeros en contra del interés paraguayo, y a espaldas del pueblo”.

Este documento afecta de manera directa a la negociación del 2023 ya que en la primera batalla, ante las presiones de Brasil, el gobierno cedió a los intereses brasileños, y escondió esta decisión del pueblo paraguayo.  Otro tema no menor es que “salta a la luz que el gobierno sale a defender -sin ningún tipo de argumento sólido- el acta y la cesión de nuestra energía a Brasil. Esto marca el proyecto político del gobierno y su posición en torno a cómo encarar el 2023, que es una posición de sumisión a los intereses brasileños, y no de defensa de nuestra soberanía nacional para tocar los puntos centrales que la oportunidad del 2023 nos abre: disponer libremente de nuestra energía para comercializarla, terminar con la binacionalidad y el manejo cerrado en la entidad, dejar de pagar la deuda corrupta que eleva en 60% el costo de la energía de Itaipú, terminar con la potestad de invasión militar que el Tratado otorga a Brasil sobre Paraguay y recuperar el territorio nacional cedido al Brasil”, señala la experta.

Cabe resaltar que este “acuerdo” significa un retroceso que deja de lado puntos ventajosos del acuerdo Lula-Lugo del 2009 con relación a Itaipú, cuando se “estableció el aumento del pago que realiza Brasil por la energía paraguaya cedida, que se triplicó (pasó del factor multiplicador 5,1 a 15,3), manteniendo la cesión, es decir, la imposibilidad de vender la energía que no utilizamos. Asimismo, aprobó la construcción de la Línea de 500 kv que une Itaipú con Villa Hayes. En términos declarativos -pero no decisivos- planteó la posibilidad de que progresivamente ANDE pueda comercializar su energía a Brasil, y eventualmente a terceros países, pero dicha propuesta debía ser trabajada por un grupo y aprobada por los congresos, lo que no avanzó aún a la fecha”.

De revertirse el acuerdo, los efectos nocivos del mismo en la actualidad se frenarán, y se abrirá un nuevo episodio en torno a qué plantear, ante ello de la Campaña “Itaipú ñane mba’e” se considera que Paraguay debe avanzar en la anulación del Tratado de Itaipú, que es el marco jurídico que permite estos atropellos y el manejo corrupto de la entidad en contra de los intereses de los pueblos paraguayo y brasileño, y a partir de ello construir un nuevo esquema de manejo de la entidad basado en la igualdad y la soberanía, que nos permita decidir y dirigir desde los pueblos la entidad”.

Nuevamente los más afectadas serán los y las ciudadanas. Este acuerdo afecta al ciudadano y la ciudadana de pie en tres aspectos fundamentales:

  1. Mantiene la situación de control y dominación brasileña y extranjera en Itaipú, negando al pueblo paraguayo el usufructo de la riqueza producida en Itaipú para el desarrollo nacional (salud, educación, tierra, vivienda, industria, caminos, etc.);
  2. Aumentará, tarde o temprano, la tarifa de la ANDE, para cubrir el déficit de 270 a 300 millones que el acuerdo generará; y
  3. Prevé, de no cambiarse la situación actual, un escenario de nueva entrega y pérdida de recursos y oportunidades de desarrollo que nos abre el 2023 con Itaipú.

¿Qué habría detrás de esta negociación?

Brasil se encuentra en una crisis económica de la que no está logrando salir. El gobierno de Bolsonaro responde a los intereses de las grandes empresas brasileñas y extranjeras asentadas en Brasil, que son las que siempre se beneficiaron con la energía segura y barata de Brasil. Uno de los puntos del gobierno de Bolsonaro para buscar mitigar la crisis de las grandes empresas en el país es la flexibilización de los derechos laborales -es decir, el aumento de la exploración de las y los trabajadores-, el corte a las jubilaciones con la reforma de pensiones y el abaratamiento de la energía, donde entra lo de Itaipú. Garantizar el control brasileño sobre la energía de Itaipú -que hoy usa 85% del total- y bajar el costo de la misma son las dos cosas que el gobierno de Bolsonaro logra con este acuerdo y la sumisión del gobierno de Mario Abdo, en contra el interés paraguayo de utilizar su energía y no tener nuevos aumentos.  

2023, histórica oportunidad para Paraguay.

El 2023 abre una oportunidad histórica para colocar los temas centrales sobre la mesa, y en ese sentido, el Tratado de Itaipú debe ser anulado y debe construirse un nuevo esquema de manejo de la entidad que recaiga soberanamente en ambos Estados. Actualmente, el esquema establecido con el Tratado garantiza el control brasileño y extranjero de la entidad, apropiándose de la mayor parte de la energía, no permitiendo la auditoría ni de la dirección de las deudas, ni la entidad por parte de los Estados (por la binacionalidad, decide sobre Itaipú el Consejo de Itaipú y no los Estados propiamente), obliga a gastar en Itaipú todos los fondos de la entidad, que no ingresan -a excepción de los royalties, utilidades y amortizaciones- a los Tesoros Nacionales, otorga a los ejércitos la potestad de invasión militar al territorio cedido y mantiene la cesión de territorio paraguayo realizado tras la invasión militar que dio origen a Itaipú.

Mientras el Tratado siga vigente, el mismo esquema de estafa y apropiación de la riqueza de Itaipú para las grandes empresas extranjeras -con las migajas que quedan a las autoridades de turno y contratistas de Itaipú- se mantendrá. La nulidad del Tratado abre la oportunidad de que la riqueza generada en Itaipú pueda ser manejada por los pueblos paraguayo y brasileño, ingrese a las arcas del Estado y se destine efectivamente al desarrollo nacional.

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