Por Julieta Calderón*

La industria del sexo abarca un mercado antiguo donde se comercializan determinados productos y servicios ilegales y no ilegales. Entre los ilegales están la trata de personas, la pornografía infantil y la explotación sexual. Entre los que no son ilegales, encontramos la pornografía de adultxs, los lugares donde se comercializan productos vinculados a la actividad sexual y la prostitución o el trabajo sexual. Cuando hablamos de prostitución – trabajo sexual, nos referimos a hombres, mujeres y personas no binarias que prestan de manera autónoma un servicio sexual no ilegal. La situación jurídica particular que sostiene nuestro país a través de una política abolicionista (no reconocimiento ni regulación de la actividad), de alguna forma limita los espacios que dichas personas tienen para la actividad: ellos son la calle, departamentos, privados, cooperativas sexuales en algunos casos, entre otros. El problema de la falta de regulación y la situación jurídica ambigua expone a las personas que ejercen esta actividad hacia la clandestinidad. La consecuencia de la clandestinidad, lógicamente, impulsa a quienes eligen libremente este trabajo a reclamar por el reconocimiento de la actividad y la promoción de los derechos.

A nivel mundial existen distintos sistemas de abordaje de la prostitución/trabajo sexual. Cabe aclarar que la diferencia entre prostitución y trabajo sexual es meramente reivindicativa, pero ambas se refieren a lo mismo. El sistema prohibicionista, es el que a través de la prohibición, busca erradicar la actividad. Dicho sistema no es avalado por la mayoría y no rige en muchos países. Se entiende que la solución penal por si sola vulnera aún más los derechos de los personas y cuando es aplicado significa que el estado no cumplió con las etapas previas para no llegar a esta situación.  Por otro lado, tenemos el sistema abolicionista (el que rige actualmente en nuestro país), el cual implica el no reconocimiento y la no regulación de la prostitución con el fin de que se vaya, de alguna forma, extinguiendo. El gran problema de la falta regulación a nivel nacional, es que deja a criterio de cada provincia el abordaje de la cuestión. Es por ello que 17 provincias aplican la “solución” contravencional. A través de los códigos de faltas y contravencionales, la policía utiliza las figuras abiertas -en términos jurídicos- que criminalizan la prostitución/el trabajo sexual, para perseguir y hostigar a las mujeres. Les recomiendo un Informe de Amnistía Internacional sobre el coste humano de criminalizar el trabajo sexual en la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el sistema reglamentarista, propone un sistema de regulación intermedia de la actividad, en relación a cuestiones de registración, controles sanitarios y de seguridad social. Aquí el estado ya empieza a cumplir un rol más asistencial y de represión. El sistema de legalización propone que a partir del reconocimiento legal de la actividad y la calidad de sujetxs de derechos, se busca la ampliación y la promoción de derechos civiles y sociales de las personas. Existe otro modelo, el sindicalista, propuesto por la Alianza Global de Mujeres contra la Trata de Personas, que propone como política la organización sindical de las trabajadoras sexuales para combatir la trata y la explotación, como suelen hacer todxs lxs trabajadores organizadxs en cualquier ámbito.

Mi postura personal, se trata en de una propuesta que la llamo sistema intervencionista, a través del cual el estado interviene en la sociedad, atendiendo las necesidades de los distintos grupos sociales, tanto de las personas que quieren ejercer libremente el trabajo sexual, como aquellas que no lo quieren hacer y quisieran tener otras oportunidad. En este sistema que propongo, el estado interviene desde un rol de protección de derechos humanos y no como sucede ahora donde no interviene en nada, y si lo hace, es de forma represiva.  

Muchas veces podemos escuchar cómo las personas que están en contra del reglamentarismo o de la legalización, invocan los argumentos de pobreza y género, para referir a la imposibilidad de que tienen, especialmente las mujeres pobres, de elegir la prostitución como un trabajo. Rara vez o extrañamente se pueden utilizar los argumentos de pobreza y género en contra de la promoción de derechos, en general se utilizan para justificar medidas o políticas de reconocimiento o ampliación de derechos, como sucede en el caso del aborto. Quienes también defendemos el derecho a abortar, sostenemos que es necesario hacerlo ya que la mayoría de las perjudicadas por la criminalización son mayormente las mujeres pobres, al igual que sucede con la prostitución. Casualmente en el debate sobre el tema de la prostitución, se dice lo mismo pero en contra de la propuesta de reglamentación o legalización, cuestión que yo señalo como discriminatoria en los términos de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios. Es decir, nadie puede negarle derechos a un pobre por ser pobre o a una mujer por ser mujer.

Lo cierto es que las mujeres y los pobres saben que es lo quieren y lo que pueden hacer, no necesitan que una persona que no es ni pobre ni mujer le tenga que decir que es lo debe hacer o no. Menos aún, si el argumento de los pobres y las mujeres es utilizado con un sentido paternalista, para luego legitimar un sistema que en definitiva a quienes mayormente criminaliza es precisamente a las mujeres pobres. No obstante, si vemos que el problema para ser trabajadora sexual es la pobreza y el machismo, por ende, donde hay riqueza y feminismo entonces la actividad no sería un problema, lo que me parece que entonces debemos abolir es la pobreza y el machismo.

La pregunta es: es posible abolir la pobreza y el machismo? Yo creo que si, por mas difícil que sea, pero hasta que lo logremos es necesario que el estado proteja a las personas, especialmente las que más se ven vulneradas en sus derechos, como las mujeres pobres, entre tantas otras.

Es cierto que el trabajo sexual o la prostitución, como espacios laborales, son altamente feminizados, es decir, donde históricamente la mujer fue ubicada o se ubico por sí misma. Eso no implica dejar de reconocerlo como tal y entender que a partir del cual las propias mujeres han construido sus espacios de poder y su empoderamiento. Desconocer esta realidad es una forma de invisiblización y de violencia. Por ejemplo, las amas de casa fueron y son mujeres que históricamente fueron ubicadas en ese mismo lugar, tan funcional al sistema patriarcal y capitalista como ningún otro. Las mujeres no se quedaron solamente con la opresión, con ella lograron empoderarse y construir poder dentro de ese ámbito. Sin embargo, la actividad de las amas de casa es considerada un trabajo, las amas de casa están reconocidas como sujetas de derecho, tienen derechos a la salud y a la seguridad social, y hasta cuentan con un sindicato: SACRA – Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina.

         La única diferencia por la que no se reconoce a las trabajadoras sexuales y sí se reconoce a las amas de casa como tales, viendo que la funcionalidad respecto al sistema no puede ser invocada, ya que no se cuestiona a partir de ello a las amas de casa, tiene que ver con que existe un fuerte componente moral que distingue a unas de otras, por tratarse de una cuestión sexual. Lo cierto es que existen diferentes expresiones de la sexualidad y todas son igual de válidas, siempre y cuando no involucren delitos. Imponer una sola sexualidad o una sola forma de satisfacción es anular la diversidad que existe en este ámbito y donde vemos que hay personas que incluso sienten satisfacción cuando les pagan por sexo, como así también hay personas que gozan pagando por sexo. Acaso está mal sentir satisfacción por tal cosa? Podemos hacer un juicio de valor al respeto? Por qué solamente nos tenemos que satisfacer por amor o por complacencia? Porque existe algo que llamamos moral, y que atraviesa tan fuertemente a la sexualidad, a punto tal, que a través de la moral pública, se han establecidos distintas normas contravencionales que antes criminalizaban la “homosexualidad”, el “travestismo” y que aún continúan criminalizando la prostitución.

Una vez que logramos eliminar aquellos artículos de los códigos de faltas y contravencionales que criminalizaban la “homosexualidad” y el “travestismo”, entendiendo que la sexualidad en un espacio íntimo y privado de cada personal, y por ende, la moral pública no tienen nada que decir o hacer al respecto, en consonancia con el artículo 19 de la Constitución Nacional, pero vimos que no era suficiente con eso, que era necesario ir más allá de lo moral y demandar un abordaje mas legal. Por qué un abordaje legal de cuestiones que son privadas? Porque entendemos que tantos años de exclusión, represión y discriminación, no se resuelven simplemente dejando de hacerlas, para revertir tales situaciones el estado debe reconocer legalmente para ampliar derechos, y es por ello que pedimos para la “homosexualidad” el matrimonio igualitario y para el “travestismo” la ley de identidad de género. Con el mismo criterio pedimos para la “prostitución” la legalización del trabajo sexual.

Se suele decir que las personas son libres de ejercer el trabajo sexual, aunque no sea reconocido, porque no está prohibido. Esto es una falacia. La famosa Ley de Trata sancionada en 2008 y modificada en 2012, amplió considerablemente las figuras penales y se incluyeron en ellas un enunciado que dice “aunque mediare el consentimiento de la víctima”. Este combo hace que en la realidad se metan todas las situaciones en la misma bolsa. Vemos que la aplicación de la Ley en la práctica autoriza a la policía y fuerzas de seguridad intervinientes a avanzar sobre casos que no son ni trata de personas ni explotación sexual, pero la ambigüedad legal que existe, habilita el avasallamiento por parte de aquellas a las trabajadoras sexuales. Incluso se sospecha que dicha ambigüedad no es casual, sino que de alguna forma sirve para no perseguir realmente lo que se debe perseguir, teniendo en cuenta que aquellos delitos comprenden generalmente una enorme connivencia con algunos poderes del estado.

Además de calificar como víctimas de trata a quienes son simplemente trabajadoras sexuales, una vez iniciados los procedimientos judiciales, ellas entran en un abordaje “rescatista”, en las que se ven nuevamente violentadas y vulneradas en su voluntad, porque al ser consideradas como víctimas son tratadas constantemente en forma paternalista. Entonces vemos que el tema de la libertad encuentra sus límites en la propia legislación, que si bien no prohíbe expresamente la actividad, la persigue desde su ambigüedad y la falta de regulación.

El consentimiento es una manifestación de la voluntad, y en consecuencia, una demostración de libertad. Si se tiene impedida la posibilidad de dar consentimiento, quiere decir que no se tiene libertad, ergo, alguien se subroga en la voluntad e interpreta a través de ciertos elementos una calificación arbitraria de los hechos. De aquí esta actitud paternalista de “rescatar”, que anula cualquier voluntad o expresión de libertad, como si lo que se debe rescatar fuese un objeto de derechos y no un sujeto de derechos.

Por ello la necesidad también de terminar con las hipocresías que rodean en torno al debate de la libertad, porque hoy nadie es libre de ejercer el trabajo sexual con la legislación que tenemos, porque si no son consideradas “delincuentes” por la legislación provincial son consideradas “víctimas” por la legislación nacional. Para ello, en principio, es necesario dejar de anular la posibilidad de consentimiento, porque si el consentimiento se dio con algún vicio de voluntad, existen mecanismos para determinarlo, cuestión que es mucho menos violenta que considerar víctima de un delito a alguien que no lo es, y lo que es peor, involucrarla en un proceso de “rescate” en la que es nuevamente revictimizada de una víctima que no fue tal.

        Existen distintas razones para considerar en un sentido favorable para la regulación o legalización del trabajo sexual. Porque de alguna forma de vuelve necesario intervenir una industria del sexo que hoy solo está en manos de la ilegalidad y solamente bajo control policial (con todo lo que eso conlleva), porque es necesario abogar por un rol del estado de protección de los derechos de las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor exposición a la violencia y a la discriminación, porque es necesario dar esta batalla contra la moral pública, que ya ha hecho estragos con la sexualidad de las personas, porque es necesario rescatar la libertad de las mujeres y respetar su derecho a decidir y la autodeterminación de sus cuerpos y de sus vidas. En ese sentido, finalmente, solo queda resaltar que, porque son las propias mujeres organizadas que exigen el reconocimiento de los derechos y por eso lo anterior se suma por añadidura, es que debemos dar un paso más hacia adelante en el camino hacia una patria cada vez más igualitaria, cada vez más justa y cada vez más feminista.

 

*Julieta es activista trans y estudiante de abogacía en el Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo.

 

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