Sorprendente pero elogiablemente, con una celeridad sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia resolvió en su sesión de este miércoles suspender sin goce de sueldo a los jueces de Paraguarí que dieron una leve condena, sin cárcel, a un padrastro abusador. Igual medida se tomó con la fiscala que investigó el caso, Yrides Ávila. Los jueces del tribunal de sentencia suspendidos son Hugo Ignacio Ríos, Gerardo Ruiz Díaz y Jorge Giménez.

Estas cuatro personas también tienen un juicio abierto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El martes, por unanimidad, el jurado determinó que los mismos sean suspendidos en sus funciones y designaron a la fiscala Cynthia Vera como la encargada de investigar el caso.

El pasado viernes 30 de setiembre, un Tribunal de Sentencia de Paraguarí condenó a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra al menos durante dos años, cuando la niña tenía entre 7 y 9 años de edad. Pese a ello, el abusador, fue beneficiado con la suspensión de la pena porque, según los magistrados, no se comprobó el coito y no se presentaron pruebas suficientes que demuestren agravantes. Le dieron solo reglas de conducta y lo enviaron a su casa.

 Por otro lado, la actual fiscala de la causa, Mercedes Vera, anunció que apelará la resolución del tribunal y que rechaza totalmente la decisión asumida ante un hecho tan grave.

Hasta el mes de mayo de este año, el Ministerio Público informó que recibió casi 1.000 denuncias.  Por mes el Ministerio público recibe aproximadamente 300 denuncias de abuso sexual a niños/niñas y adolescentes. Mientras que el 2018 cerró con 2.608 casos de abusos sexuales a menores, frente a los 2.461 del año anterior que produjeron el nacimiento de 614 niños, producto de ese abuso.

“El sistema está colapsado”, según la fiscala Karina Sánchez, representante de la Unidad contra Trata de Personas y Explotación Sexual. Señala que con las campañas de concienciación se celebra el aumento las denuncias, pero se reclama que el estado sigue sin invertir en la infancia y las ofertas de atención, en todos los ámbitos, no pueden satisfacer la demanda.

Según Aníbal Cabrera de CDIA – Coordinadora por los derechos de la Infancia y la Adolescencia, el año que viene se destinará apenas 78 guaraníes, por día, por niño, con dicho presupuesto no es posible garantizar la aplicación de políticas públicas que garanticen la promoción, protección y atención de derechos para infancia.

La educación en igualdad derechos también es fundamental y es criminal seguir postergándola no solo en la escuela y colegio, además en las universidades para capacitando a los futuros abogados agentes de justicia.

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