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Por Manuela Bares Peralta *

La Ciudad de Buenos Aires está amenazada por dinámicas excluyentes: la pérdida de más de 40.000 puestos de trabajo, el crecimiento de la pobreza, la caída del nivel adquisitivo son algunas de las exclusiones que se escenifican en el espacio público. Un espacio donde las desigualdades se materializan a través de la desidia estatal y el uso de la violencia, una violencia direccionada hacía los sectores más vulnerables: ¿Qué características tiene esa violencia? ¿Qué otredades son las que suprime?

 

La gestión de Horacio Rodríguez Larreta estuvo caracterizada por cambios sustanciales en el ámbito de la justicia y la seguridad: la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad, la creación de la nueva policía porteña y las reformas al Código Procesal Penal y al Código de Procedimiento Contravencional, son algunas de las modificaciones que impulsó el oficialismo y que sientan las bases de una política caracterizada por la severidad de las penas y el fortalecimiento de una mirada policialista de la seguridad.

Las demandas en torno a la inseguridad fueron traducidas por la coalición gobernante en políticas de prevención basadasen la aplicación de «mano dura». Es así que, la gestión de la seguridad pública encuentra una nueva narrativa en la cual asentarse: la del consumo. Más cámaras de video-vigilancia, mayor cantidad de efectivos en las calles e intervenciones más violentas.Una lógica caracterizada por la irrupción de nuevas amenazas y temores que cambian sustancialmente la manera en la que transitamos y habitamos la Ciudad.

«Es grande la angustia de la gente ante el delito. Mucha gente siente que no puede salir de su casa, la situación de la seguridad es desesperante.La gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes. Hemos hecho encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte» sostuvo Durán Barba –asesor del Presidente Mauricio Macri– en una entrevista radial el año pasado. La inseguridad nos recluye, nos obliga a deshabitar lugares, nos expulsa de lo público. No importa si los temores guardan relación con la conflictividad social porque el eje catalizador de esta política de seguridad es el miedo.

El miedo hacia lo público y las otredades que lo habitan fue la base sobre la que se asentó el discurso oficial y, que permitió ensanchar los márgenes de discrecionalidad policial y legitimar prácticas represivas. Ante la manifestación de nuevos peligros, el Gobierno Porteño ofrece una solución tangible y rápida: la represión y la violencia.

La Ciudad de Buenos Aires es el escenario donde se representan múltiples exclusiones: la caída del poder adquisitivo, la ampliación de la desigualdad entre el norte y sur de la Ciudad y el aumento del desempleo y la pobreza, son algunas de las restricciones que nos encontramos a la hora de acceder al espacio público. Estas exclusiones se acentúan sobre los sectores más vulnerables convirtiéndolos en el objeto de inseguridad: sus existencias se transforman en amenaza constante para el resto de los ciudadanos y sobre sus cuerpos se despliegan las prácticas represivas ordenadas desde el poder político. De esta manera, las otredades más estigmatizadas se convierten en portadoras de sospecha y sobre ellos recaerán las políticas de control que dan lugar a múltiples violencias.

La discrecionalidad policial y la falta de controles externos sobre las instituciones policiales traen aparejada una consecuencia clara: el aumento de la violencia institucional sobre sujetos históricamente desplazados. En este sentido, el 84% de los casos de violencia institucional registrados por el Ministerio Público de la Defensa en el periodo 2018 recibieron algún tipo de imputación, de los cuales sobresalen los delitos de  “atentado y resistencia a la autoridad” y las contravenciones que corresponden al uso del espacio público. Estas figuras son utilizadas, muchas veces, para justificar detenciones arbitrarias o encubrir mecanismos de control social a sectores precarizados de la sociedad. En este sentido, casi el 90% de las personas que manifestaron haber sufrido violencia institucional tienen trabajos informales.

Estas situaciones no sólo se agudizan en el caso de personas LGBTIQ+ ya que, la violencia institucional en estos casos, también, se manifiesta en el desconocimiento de sus identidades auto percibidas, en la criminalización del trabajo sexual, hostigamientos y tratos vejatorios e inhumanos sino que los obstáculos a la hora de acceder a los mecanismos de denuncia se transforman en un impedimento central para registrar la magnitud de la violencia institucional de la que son depositarias.

De esta manera, la violencia institucional adquiere una nueva significación es la herramienta a través de la cual se ejecuta y cristaliza la exclusión: hay cuerpos e identidades que no tienen permitido acceder y ser parte de lo público. Las políticas de disciplinamiento y control social  se convierten en medidas incuestionables de eficacia en la gestión de la seguridad.

Las cifras que arrojan las encuestas de victimización señalan que la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de les porteños y terreno fértil sobre el cual edificar campañas electorales. No es una sorpresa que, la seguridad ocupe un rol central en la agenda de gobierno siendo uno de los presupuestos más importantes de la Administración Porteña. Pero, la Ciudad no sólo recibió una significativa transferencia de recursos que le permitió convertirse en uno de los distritos con mayor cantidad de efectivos alcanzando una tasa promedio de unos 617 agentes cada 100 mil habitantes, superando ampliamente los estándares recomendados por Naciones Unidas. Sino que, a su vez, pudo avanzar en la formalización de cambios normativos que le permitieran profundizar un paradigma punitivista en la gestión de la seguridad. En este sentido, las modificaciones impulsadas en torno al Código Contravencional no sólo buscaron restringir el uso sobre el espacio público sino avalar mayores niveles de discrecionalidad policial.

La doctrina Chocobar apañada por autoridades tanto del gobierno nacional como local es parte de la legitimación del discurso sobre el cual se materializa la violencia institucional. Es la supresión y exclusión de las otredades que habitan y transitan el espacio público, concebido como espacio de expresión de la desigualdad social. Tal como sostiene Didier Fassin, lo que debe analizarse es la política que favorece o legitima estas prácticas, una política caracterizada por la desigualdad y que encuentra en la represión su arista más brutal.

¿Es posible cuestionar esta política en una ciudad que se encuentra  amenazada por dinámicas, cada vez, más excluyentes? Y la respuesta es siempre sí.

 

*Manu es Integrante de la Red de Abogadas Feministas y Asesora Parlamentaria en Justicia y Seguridad

 

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