Por Karina Nohales*

El 23 de marzo, cinco días después de que se decretara el Estado de Emergencia, un grupo de diputadas de partidos de la oposición presentaron el proyecto de ley que buscaba extender el prenatal, el postnatal y el fuero maternal mientras durara el Estado de Emergencia. Este proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, fue declarado inadmisible en el Senado por comprometer, supuestamente, dos materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente:  gasto público y seguridad social. Producto del rechazo del Senado se conformó una comisión mixta, integrada por algunos senadores y algunos diputados, abocada a debatir si el proyecto era admisible o no, imponiéndose finalmente admisibilidad. Tras ello, ambas Cámaras tenían que discutirlo de nuevo. Una vez más la Cámara de Diputados aprobó el postnatal de emergencia, pero antes de que se votara en el Senado nos enteramos que se había producido un acuerdo entre el gobierno y la Comisión de Trabajo del Senado.

 

Antes de analizar este nuevo acuerdo, es importante señalar que la insosteniblemente larga y hasta ahora infructífera tramitación de este proyecto urgente se debe en primer lugar a la negativa del gobierno a patrocinarlo. Tres meses después de iniciado el Estado de Emergencia el gobierno presentó su propio proyecto alternativo sobre la misma materia, proponiendo que las trabajadoras a quienes se les ha vencido el postnatal se acojan a la Ley de Protección al Empleo, es decir, a la suspensión del contrato de trabajo con cargo al Seguro de Cesantía. ¿Por qué el gobierno ha actuado así? Pensamos que el propósito es extender el campo de aplicación de su política central: que los y las trabajadoras paguemos la crisis a través del consumo de nuestros propios fondos.

 

Mientras la ministra de la Mujer no se ha hecho presente en ningún momento del debate -impresentable-, de manera hipócrita la ministra del Trabajo se esfuerza por presentar su proyecto como un equivalente del postnatal de emergencia. Miente. Lo dijimos hace tiempo y lo repetimos, la política del gobierno es hambre para hoy y hambre para mañana. La propuesta alternativa del gobierno es un ataque a la clase trabajadora y es por lo tanto incompatible con el postnatal de emergencia y con las condiciones de vida de los y las trabajadoras.

 

Pero no es el gobierno el único responsable. Existe también la negativa a aprobarlo por parte de la y los senadores de oposición; Carolina Goic (DC), Jorge Pizarro (DC), Juan Pablo Letelier (PS), y Jaime Quintana (PPD). Son justamente Goic y Letelier quienes lideraron el reciente acuerdo con el gobierno.

 

Este acuerdo contempla el otorgamiento de una licencia preventiva para las trabajadoras a quienes se les ha vencido el posnatal durante el Estado de Emergencia, cuestión distinta a la extensión del postnatal. Este acuerdo todavía no tiene la forma de un proyecto de ley, no conocemos aún su articulado y por lo tanto no podemos estar completamente seguras de cuál va a ser la “letra chica”. Hasta ahora todo lo que sabemos es que podrán solicitar esta licencia el padre o madre que haya hecho uso del postnatal parental y cuyo vencimiento haya ocurrido desde el 18 de marzo en adelante. La licencia va a durar un máximo de tres meses y siempre que esté vigente el Estado de Emergencia. El fuero maternal se extiende durante el tiempo que dure la licencia. Si esta licencia de tres meses se acaba y el Estado de Emergencia sigue vigente, la madre o el padre que hayan hecho uso de la licencia podrán acogerse a la Ley de Protección al Empleo, es decir, a la suspensión del contrato de trabajo con cobro al Seguro de Cesantía.

 

A diferencia del postnatal de emergencia, el acuerdo firmado no cubre todo el periodo de Estado de Emergencia, sino tres meses y no contempla la extensión del prenatal ni la extensión de la licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año. Junto a ello, aún está por verse si esta licencia se aplicará o no retroactivamente. De ser así, su cobertura podría ser menor a los tres meses o incluso nula, dejando como única alternativa para muchas trabajadoras el acogerse a la Ley de Protección al Empleo, tal como es el deseo del gobierno. Hasta ahora el acuerdo no lo indica, tendremos que esperar a conocer la “letra chica”.

 

El proyecto original de posnatal de emergencia es mejor que este acuerdo. Se trata de una medida mínima y urgente. Eso es lo que nos ha llevado a defenderlo, aun conociendo su alcance limitado puesto que solo beneficia a las trabajadoras contratadas excluyendo a las trabajadoras informales que son la mayoría en el país. Este debate, como otros, acusa una vez más la inexistencia del derecho a la seguridad social en el país.

 

Nuestra defensa del postnatal de emergencia no supone que nos pongamos del lado de uno de los bandos en esta tensión coyuntural entre “oficialismo” y “oposición”, ni tampoco en la tensión entre los poderes del Estado -de los cuales el Congreso es la institución más desprestigiada del país, por cierto-. Sabemos que la gravedad con que impacta esta crisis no es sólo atribuible al virus, sino a treinta años de políticas precarizadoras de las que todos los partidos en el poder son responsables.

 

La situación es crítica para las trabajadoras que tienen a su cuidado hijas e hijos; especialmente para aquellas cuyos hijos e hijas tienen alguna enfermedad grave o dependencia severa y que están siendo hoy obligadas a renunciar a sus trabajos porque se les exige volver a trabajar y simplemente les es imposible, porque tienen que cuidar. Mientras esto ocurre, no existe certeza ni del tiempo que falta para que esto se resuelva ni tampoco de lo que se terminará aprobando. El problema urgente del postnatal sigue a la deriva, tan incierto como es hoy la vida de millones.

 

Por fuera de las Salas del Congreso y de La Moneda, somos miles las que hemos deliberado y decidido que luchamos por un sistema de seguridad social integral, que ponga fin al sistema de las AFP, que incluya un Sistema Único de Cuidados plurinacional, feminista y comunitario que socialice los trabajos no remunerados que recaen mayoritariamente sobre nosotras en condiciones precarias y al presente insostenibles. Como feministas y trabajadoras organizadas lo que hoy exigimos es nuestro derecho a vivir sin miedo, ni hambre, ni precariedad y sin impunidad.

*Karina es Vocera de la Coordinadora Feminista 8M de Chile.

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