Imagen: Archivo de ÚltimaHora

*Por Noelia Díaz Esquivel

En lo que va del año se registran 6 casos de violencia extrema hacia las mujeres, adolescentes y niñas  indígenas. Según organizaciones indígenas este es resultado de la desprotección por parte del Estado porque los derechos humanos básicos no son garantizados para ninguno de los 19 pueblos que habitan el territorio nacional, además de la falta de liderazgo de dirigentes indígenas al interior de sus comunidades. El último caso que sacudió a la sociedad fue el crimen de Marisel, una niña de 12 años de edad, del Pueblo Guaraní, quien fue abusada sexualmente y asesinada. Su cuerpo fue abandonado al costado del camino en un maizal, en el distrito de Capitán Meza, departamento de Itapúa, Paraguay.

A continuación los casos registrados por el Observatorio de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas indígenas sistematizados por el Centro de Documentación y Estudios (CDE):

VIOLENCIA CONTRA MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS INDIGENAS

  • 29 de junio del 2020

Marisel, de 12 años, de la etnia Guaraní, de la comunidad indígena Manduviyu, del distrito de  Pirapó, fue asesinada y su cuerpo fue hallado en un maizal, ubicado en la comunidad indígena Arroyo Corá, en el kilómetro 21 del distrito de Capitán Meza, en el departamento de Itapúa. Falleció a raíz de una hemorragia, fruto de violación.

  • 24 de febrero del 2020

Francisca Araújo Cáceres, de 12 años, de la etnia Mbya Guaraní y oriunda de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, fue asesinada y su cuerpo fue hallado en una mochila en las cercanías de la terminal de ómnibus de Asunción.

  • 23 de febrero del 2020

Gumersinda Silva, de la comunidad Vyapave, distrito de Azotey, departamento de Concepción. Fue hallada muerta y aunque se informó como suicidio, sus familiares creen que fue feminicidio.

  • 21 de febrero del 2020

Carolina Espínola, de 23 años, de la etnia guaraní que sobrevivía de la venta de artesanía en los semáforos de las esquinas de la ciudad de Asunción, fue encontrada  muerta en los fondos del Parque Caballero.

  • 28 de enero 2020

Una adolescente indígena fue encontrada maniatada y con signos de abuso sexual en un local de una cervecería ubicada en Hernandarias, entre Estrella y Palma. Se le llamó al SEME, pero jamás llegó, según el relato del comisario, se le pudo llevar en la patrullera con presencia femenina. Se detuvo a una persona como responsable.

  • 30 de enero del  2020

Una mujer indígena embarazada y una niña de 11 años denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual por parte de las autoridades comunitarias. El hecho ocurrió en la comunidad indígena «Boquerón», de la localidad de Jorge Sebastián Miranda, ex Jhugua Ñandú, del departamento de Concepción. Lleva el caso la fiscala Ondina Cabral. El autor fue detenido, pero las víctimas se encuentran amenazadas.

Según la lídereza indígena, Tania Vera,  desde la organización Mujeres Indígenas del Paraguay, consideran que los casos de violencia contra sus hermanas quedan impunes porque son mujeres, indígenas y pobres. 

“Existe y existió siempre esa discriminación y esa diferencia hacia nosotros los pueblos indígenas y segundo lugar está que nosotros, la mayoría, es decir yo no conozco un dirigente – sea hombre o mujer – que esté bien económicamente, nosotros siempre estamos en estado de vulnerabilidad y eso también es un factor fundamental a la hora de defenderse en los juzgados, donde uno tiene que tener plata para pagar un abogado porque los defensores públicos están abarrotados de trabajo. Muchas veces uno si no es amigo no corre rápido las carpetas, no contamos con medios económico para hacer esa clase de trámites”.

Las mujeres indígenas también denuncian que al interior de las comunidades hay liderazgos que no consideran dentro el estatus del Derecho Consuetudinario sanciones contra la violencia de género y no protegen a las mujeres.

“Hay muchos líderes que venden los derechos de su gente. Así como entre ustedes hay personas buenas y malas también hay esa clase de personas en nuestras comunidades y la aplicación del derecho consuetudinario muchas veces depende del líder. Hay líderes que no castigan la violencia intrafamiliar y no se le da la debida importancia a las mujeres que son las que mantienen la cultura. Y no se interviene y se normaliza, sucede muchas veces que la violencia no ve mal”.

Las indígenas se preguntan cuándo el Instituto Nacional del Indígena, el Ministerio de la Niñez  la Adolescencia, la Secretaría de Emergencia Nacional, el Ministerio de Desarrollo Social, el Parlamento, las Municipalidades y Gobernaciones, el Ministerio Público cumplirán con el rol que les corresponde para detener el genocidio indígena que se está perpetrando sistemáticamente.

“El propio INDI, que ahora poco y nada nos ayuda, no hace presión, no hace la labor de luchar por nuestros derechos. Entonces lo que más funciona es la presión y no es porque demasiado me quiera manifestar o salir afuera – menos en estos tiempos en que es peligrosísimo y que atentamos contra nuestra vida cuando salimos a la calle – sino que el Estado no nos atiende si nosotros no salimos, no atiende nuestras solicitudes que le escribimos y enviamos y le hacemos mesa  de entrada y le llamamos y le pedimos, no nos atiende! La presión es el único método que funciona para que nos hagan caso, para que no se deje más impune a estos violadores y seres crueles que cometen estos hechos gravísimos”.

A través de un comunicado público, las mujeres indígenas, interpelan a las instituciones para que velen por el desarrollo de una vida digna y libre de violencia para sus pueblos.

En Paraguay habitan alrededor de 117.150 personas indígenas, pertenecientes a un total de 19 pueblos, y existen 493 comunidades en todo el país. Así como Tina Alvarenga, lideresa indígena nos preguntamos:

¿Tanto le cuesta al gobierno  contemplar al 3,84% de la población total dentro de las políticas públicas para garantizar una vida digna?

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