Mesa de Acción por el Aborto en Chile*

Las autoridades no han priorizado los servicios de salud sexual y reproductiva y acceso al aborto en tres causales en la pandemia del COVID19. De hecho, a fines de junio. y sólo después de una fuerte presión social, el Ministerio de Salud emitió orientaciones para la atención de embarazadas, puérperas y diadas en la pandemia. Los otros servicios de salud sexual y reproductiva, más allá del embarazo y el parto, no contaron, ni cuentan aún con lineamientos para asegurar su continuidad.

En la red de atención primaria de salud, la respuesta a las necesidades de niñas, adolescentes y mujeres y las disidencias de sexo y género descansa en la voluntad de las autoridades municipales y el esfuerzo del propio personal de salud. Como era de esperar dadas las grandes diferencias de recursos entre municipalidades, además de los signos políticos y convicciones de las y los alcaldes, la respuesta no ha sido pareja. En algunos establecimientos se incorporaron modalidades de tele atención y se mantuvo la disponibilidad de anticonceptivos; en otros se espaciaron atenciones y suspendieron servicios como las ecografías para determinar la edad gestacional. Se denuncia falta stock de anticonceptivos y grave desabastecimiento de Misoprostol y Mifepristona en algunos hospitales, entre otros problemas.

La realidad de muchas mujeres en Chile formará parte de los 15 millones de embarazos no planificados que se estima producirá el confinamiento, el aumento de la violencia sexual, y la ausencia o limitada disponibilidad de servicios tan esenciales como el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto. La evidencia sobre el impacto en la vida y salud de mujeres y otros cuerpos gestantes que tiene la omisión de estos servicios durante las catástrofes y crisis sanitarias es contundente. No se trata de un “baby boom”, sino la consecuencia de la ineficacia y omisiones de Estados y gobiernos para responder a las necesidades de las niñas, adolescentes y mujeres y de otros cuerpos gestantes.

La falta de una política de salud sexual y reproductiva orientada garantizar la continuidad de estos servicios esenciales durante la pandemia profundiza las desigualdades estructurales y de acceso a la atención previamente existentes. Antes de la crisis sanitaria, a través del primer monitoreo social a la ley de aborto en tres causales, pudimos evidenciar las dificultades que viven niñas, adolescentes, mujeres y otros cuerpos gestantes para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva oportunos y sensibles a sus necesidades específicas. Esta se agrava en tiempos de crisis, particularmente cuando se pertenece a un pueblo originario o afrodescendiente, se tiene una orientación sexual o identidad de género no convencional, se es migrante o se vive con una discapacidad, entre otras condiciones que agregan barreras al acceso a la atención en salud.

En estos meses las respuestas se han construido en espacios comunitarios, de asociaciones de profesionales y entidades especializadas, pero principalmente de las propias organizaciones feministas, de mujeres y sus redes. Es en estos espacios donde se ha informado y acompañado a las mujeres y disidencias sexuales en sus decisiones de aborto, incluso en situaciones de la tercera causal legalizada. Elles no acuden a los establecimientos de salud por miedo al contagio del coronavirus y también para evitar ser estigmatizadas, juzgadas o recibir un trato indigno.

La crisis sanitaria y social, y más precisamente, la ausencia de una política pública ha enviado nuevamente, a niñas, adolescentes, mujeres y disidencias al final de las prioridades, incumpliendo compromisos internacionales del Estado en materia de protección de la mujer ante la violencia y las garantías en atención de salud sexual y reproductiva. Es urgente el reconocimiento de estos derechos, incluido el derecho al aborto en la nueva Constitución, tanto en su dimensión ligada a la autonomía individual y libertad de la cual debe gozar toda persona en la construcción de su proyecto vital, como de su dimensión social, en tanto elimina las injusticias que hoy se construyen sobre la base del ingreso, las identidades sexo genéricas disidentes, la pertenencia étnica y el color de la piel, la nacionalidad, entre otras.

Hoy nos sumamos a la Marcha Virtual por el Aborto Antirracista. Desde la Mesa de Acción por el Aborto en Chile reafirmamos la necesidad del pleno reconocimiento de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y disidencias sexuales y de género, y rechazamos todo tipo de impedimento al ejercicio de sus derechos.

 

 

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