* Por Noelia Díaz Esquivel

Hace 5 años que Kimberly Ayala, una mujer trans, egresó de la facultad de Derecho en la Universidad Nacional del Este, sin embargo, no puede ejercer su profesión porque la Corte Suprema de Justicia quiere que jure vestido de varón. La joven relata que no pidió el cambio de nombre, solo que acepten sus documentos para poder ejercer su profesión.

Relata que ingresó a la universidad siendo gay. En el quinto año de la carrera asumió su transexualidad. Se recibió y obtuvo su título y todo. Pero, en un acto a todas luces discriminatorio, se excusaron diciendo que la foto que ella quiere que aparezca no coincide con su nombre masculino, incluso cuando su cédula de identidad ya tiene su imagen actual. Le recomendaron que se vista de hombre, deje de lado el maquillaje y así podría jurar. Vehementemente Kimberly dice: “mi identidad es la de una mujer ahora y es la imagen que quiero que esté en mi matricula”.

Ante esto, el lunes 9 de noviembre solicitó al Poder Judicial, bajo patrocinio legal de la Codehupy y con respaldo de Amnistía Internacional, que se cumpla con su derecho a jurar y matricularse como abogada. “Fundo mi reclamo en el contenido de los artículos   25, 33, 35, 40, 46, 47, 86, 88 y 107 de la Constitución Nacional”, dijo la mujer.

Dichos artículos refieren al derecho a la libertad de expresión de la personalidad, a la intimidad, a los documentos identificatorios, a peticionar ante las autoridades, a la igualdad de las personas y las garantías de la igualdad, al derecho al trabajo, a la no discriminación y a la libertad de concurrencia.

Finalmente, el presidente de la Corte Alberto Martínez Simón, dijo que Kimberly Ayala, reúne todos los requisitos y puede jurar.

Se recibió con honores.

En 2015, Kimberly, obtuvo el promedio sobresaliente de 4,2 de 5 en su promoción y salió mejor alumna. De este logro no puede disfrutar ejerciendo su profesión y tuvo que aprender el oficio de peluquería, para poder mantenerse.

Señala que esta lucha es por toda la comunidad LGTBIQ+ y que lograr la matriculación quedará como un precedente para que todes puedan estar segurxs que sus derechos serán garantizados, como por ejemplo el derecho al trabajo.

No hay avances en el cambio de nombres.

Según Yren Rotela, activista por los derechos de las personas trans, denuncia que poco o nada avanzó su caso en la Corte y el de su compañera Mariana Sepúlveda. En 2017, la jueza Karen González concedió el cambio de nombre a Rotela, pero la Cámara de Apelaciones envió una carta a la Corte Suprema de Justicia exponiendo sus dudas sobre esa modificación. Ambas consideran que las dudas de los camaristas son una expresión de la discriminación.

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