Campesinas y campesinos marchan bajo la lluvia para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado con el gobierno en octubre de este año
Foto: @osvaldozayas

*Por Noelia Díaz Esquivel

Campesinxs e indígenxs, tomaron las calles de Asunción, capital del Paraguay. No importó la persistente lluvia, ni que la ciudad este sitiada por la policía. “Lo de hoy es una marcha de calentamiento, porque creemos que la única herramienta que tiene el pueblo es salir a las calles y hablar de sus lamentos”, dice Esther Leiva, lideresa del movimiento campesino.

#LaBuenaYunta conversó con Leiva, quien señaló que la reforma agraria tiene una larga historia de lucha  y que teniendo en cuenta la coyuntura actual, la contienda por la redistribución de las riquezas seguirá. A la crisis económica ya instalada en el campo desde hace mucho tiempo se sumó la pandemia que evidenció y recrudeció las necesidades de este sector.  Esther denuncia que “hay muchas necesidades y ya no podemos soportar. Además somos víctimas de desalojos  violentos, de encarcelamiento, no hay créditos y nos agobian las deudas”.

Recordemos que el pasado  15 de octubre campesinxs e indígenas firmaron un acuerdo con el gobierno que contiene 10 puntos. Entre los principales se habla del problema de la tierra y del cese a la violencia contra lxs ocupantes, además de la recuperación de tierras mal habidas –entregadas ilegalmente principalmente durante la dictadura estronista – . También incluye la necesidad de opciones de pago a créditos. Muchxs campesinxs acumularon deudas y no le es posible saldarlas debido a los bajos ingresos a causa de condiciones climáticas adversas que no permitieron una buena cosecha o la falta de mercado y precio para vender sus productos.  Además incluye la urgente y necesaria reactivación económica y productiva. Para ello se les prometió la asignación de una reprogramación presupuestaria que incluye la reasignación de 30 millones de dólares para el Ministerio de Agricultura que debía planificar para ejecutar, pero la aprobación de este dinero quedó varado en el Poder Legislativo.

“Necesitamos acompañamiento técnico, semillas, implementos agrícolas para levantar la agricultura y producción campesina, para sostener la soberanía alimentaria. Nosotrxs producimos alimentos sanos, trabajamos por la vida”, señala Esther.

Sin embargo, a un 1 mes de la firma de este acuerdo no existe ninguna señal de que se ejecutarían las promesas, “prometieron que ya no habría más desalojos, pero muy por el contrario cada día se expulsa al pueblo de sus territorio, se les hiere”, reclama la lideresa.

Las organizaciones campesinas e indígenas consideran que lucha es la clave para acceder a derechos y Leiva dice: “pedimos a la ciudadanía su apoyo, que recuerde que nosotrxs defendemos la vida y la soberanía”.

Relata que la plaza de armas está copada de mujeres y jóvenes que regresaron de la ciudad y del exterior a sus casas en el campo. Volvieron porque la situación económica es insostenible y en las ciudades ya no tenían posibilidades de subsistir sin pasar hambre o enfermar.

Anuncian que están preparadxs para resistir y que no van a volver a sus comunidades sin respuestas por parte del gobierno.

Foto: @osvaldozayas

MUJERES RURALES, PILARES INVIBLES

Según “Kuña ha Yvy”, una publicación de ONU Mujeres y Oxfam Paraguay, en nuestro país viven 1,3 millones de  mujeres rurales que con su trabajo casi siempre invisible sostienen hogares y comunidades. En jornadas interminables se ocupan de manejar los huertos familiares, cuidar los animales de patio, seleccionar semillas, producir abono, sembrar y cosechar los granos, recolectar frutos y plantas medicinales, buscar el agua y la leña, elaborar y procesar harinas, productos lácteos y conservas e intercambiar y vender los excedentes en los mercados locales.

El impulso del sector agropecuario ha situado a Paraguay entre los primeros países exportadores de soja y de carne, pero esto no se ha traducido en mejores condiciones de vida en el campo. Una de cada dos personas en las áreas rurales vive en la pobreza, y una de cada tres en la pobreza extrema, con tasas aún mayores en los hogares encabezados por mujeres.

La expansión sojera –cuya superficie de cultivo se ha triplicado en los últimos 15 años– conlleva además altos costos sociales y ambientales como la deforestación, la contaminación, la destrucción del empleo y los medios de vida rurales, la vulneración de derechos, la violencia y la expulsión de las poblaciones campesinas e indígenas, cuyas tierras han sido invadidas, usurpadas y alquiladas ilegalmente, a menudo con la complicidad de las instituciones del Estado.

Décadas de acaparamiento, corrupción y políticas a la medida de las élites empresariales y financieras han llevado a niveles extremos de concentración de la tierra. Apenas mil propietarios, el 0,4% del total, manejan más tierra que el 99,6% restante. En muchos casos las personas o empresas se hicieron con las tierras de forma fraudulenta, aprovechando el caos jurídico generalizado y una corrupción enquistada en las instituciones agrarias.

Los procesos de distribución de tierras, además de no haber transformado la estructura de tenencia, han excluido a las mujeres o las han incorporado demasiado tarde. Entre 1940 y 2008 las mujeres apenas recibieron el 13,6% de las tierras fiscales adjudicadas a familias campesinas. También han sido marginadas en el acceso a los insumos y servicios, pues apenas han recibido el 14% de la asistencia técnica y menos del 23% del crédito agrícola.

 

Deja un comentario