Defender la tierra no es delito, vivir en paz es un derecho

*Por Noelia Díaz Esquivel

 

El aire en Hugua Po’i se vuelve espeso cada vez que alguien pronuncia la palabra «desalojo». No es un miedo abstracto, es la memoria, es la alerta constante de que, en cualquier momento, un operativo fiscal vuelva a ingresar a la fuerza, con uniformados armados, con helicóptero sobrevolando sus casas, con niñas y niños llorando y cultivos pisoteados. El último desalojo fue en julio de 2022. Y aunque lograron regresar gracias a una medida cautelar, la amenaza no se fue nunca. Esta semana, volvió a tocar la puerta.

 

 

Hugua Po’i, comunidad Mbya Guaraní ubicada en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo (Caaguazú), volvió a estar en la mira del despojo. El 10 de junio, el Ministerio Público tenía previsto realizar un allanamiento en el territorio. Supuestamente no se trataba de una expulsión, pero la experiencia les enseñó a desconfiar: en Paraguay, las tierras indígenas se quitan por partes, con excusas técnicas, con despliegues policiales, con resoluciones firmadas en oficinas donde nadie escucha a las comunidades.

 

Esta vez, lograron frenarlo. La presión de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y comunicadores hizo lo suyo. Una comitiva se plantó frente a la Fiscalía General del Estado en la mañana del lunes 9 de junio, y exigió garantías. En una reunión improvisada, representantes del Ministerio Público se comprometieron verbalmente a suspender el operativo. Pero no hay nada oficial por escrito.

 

 

Además en octubre de 2024, la decisión judicial de levantar la medida cautelar que protegía a la comunidad encendió todas las alarmas. Para la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), se trata de un acto arbitrario que expone a más de 50 familias a un nuevo desalojo. Y peor aún, indican que el pedido de levantamiento de la medida fue impulsado por representantes cercanos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a ex autoridades del INDERT, lo que compromete la imparcialidad del caso.

 

El crimen de cuidar la tierra

 

El fiscal Alexis Takahashi alegó que el procedimiento se daba por una supuesta denuncia ambiental. La misma narrativa repetida una y otra vez: responsabilizar a quienes cuidan la tierra, mientras los desmontes arrasan con los territorios frente a sus ojos.

 

«Nos acusan a nosotros de delitos ambientales, pero ya no quedan ni pájaros por la tala que hacen frente a nuestra comunidad», reclamó Mario Rivarola, vocero de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID).

 

Lo cierto es que no es la primera causa penal que enfrenta Hugua Po’i. Ni la segunda. Es la tercera. Y todas comparten un patrón: criminalizar la vida en comunidad y desgastar emocionalmente a sus integrantes.

 

La comunidad cuenta con dictámenes técnicos, estudios antropológicos, medidas, pero aún así, deben defender lo obvio: que esa tierra es suya. Que es ancestral. Que no la compraron, porque la habitan desde antes de que existiera el Estado paraguayo.

 

Las empresas, el negocio y el Estado ausente

 

Desde hace años, esta comunidad reclama al Estado la titulación de unas 1.000 hectáreas que consideran suyas por derecho ancestral. Mientras tanto, empresas agroganaderas como Tres Palmas hacen presión desde los tribunales para apropiarse de esas tierras.

 

«Producimos sin destruir. Cuidamos nuestros árboles. Respetamos la tierra. Pero alrededor nuestro todo es fumigación y tala. Y nadie investiga eso», sostuvo Manuel Ramos, uno de los líderes de la comunidad.

 

Ni el Ministerio Público ni el Instituto Nacional del Indígena (INDI) han cumplido plenamente con su rol de garantizar la protección de esta comunidad. Tampoco el Poder Judicial ni la Policía Nacional. La Constitución Nacional es clara: ninguna comunidad indígena puede ser desalojada sin su consentimiento. 

 

 

Lo que Hugua Po’i exige

 

La comunidad no pide privilegios. Solo quiere vivir en paz, en su territorio. Exige que se cumpla la Constitución y se respeten los tratados internacionales que garantizan el derecho a la tierra, al territorio y a una vida digna.

 

Sus pedidos puntuales son:

• Al Ministerio Público: suspensión inmediata del procedimiento y auditoría del caso.

• Al Poder Judicial: revisión de las medidas arbitrarias y garantía del debido proceso.

• Al INDI: celeridad en la titulación de tierras y entrega de informes.

• Al Ministerio del Interior y la Policía Nacional: que no usen la fuerza, y prioricen el diálogo.

Hugua Po’i no quiere más violencia. Quiere sembrar, criar, respirar, cuidar su monte y vivir con dignidad. 

 

*𝘌𝘴𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘧𝘶𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭 proyecto 𝘝𝘰𝘤𝘦𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘈𝘤𝘤𝘪ó𝘯 𝘊𝘭𝘪𝘮á𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘑𝘶𝘴𝘵𝘢 (𝘝𝘈𝘊), 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘗𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘺 𝘱𝘰𝘳 𝘞𝘞𝘍-𝘗𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢𝘺 𝘺 𝘍𝘶𝘯𝘥𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘈𝘷𝘪𝘯𝘢.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣