*Por Ali Elías y Camila Corvalán

 El Ministerio de Educación de Paraguay resuelve prohibir materiales con perspectiva de género en las escuelas. Un juez desestima la causa de una estudiante universitaria contra un docente miembro del Consejo de la Magistratura, caratulada como Acoso Sexual, aludiendo a que lo ocurría era simplemente cortejo y galanteo. Marta se acerca a la comisaría, pero los oficiales se niegan a tomar su denuncia de violencia intrafamiliar contra su marido, alegando que no les compete porque no hubo golpes. La Universidad Nacional no investiga al docente con múltiples denuncias de acoso y coacción sexual. Una investigación fiscal exige un test psicológico a la mujer denunciante y no al hombre agresor. El Ministerio de Salud interna a niñas abusadas en un hospital, para obligarlas a ser madres. Un funcionario del poder judicial pide a Verónica su número de teléfono para mostrarle un expediente. Desde una patrullera, 3 policías acosan verbalmente a Rocío mientras camina en la calle. Una mujer brutalmente golpeada expone sus heridas una y otra vez, frente a funcionarios de tres instituciones, en el inicio de una investigación por intento de feminicidio.

Además del hogar y de la calle, las agresiones contra las mujeres por el hecho de ser mujeres encuentran lugar en una infinidad de espacios institucionales. Estas formas menos visibles de violencia nos afectan en nuestra relación cotidiana con instituciones formales del Estado y otras que tienen la capacidad de incidir directamente sobre nuestras vidas.

En su rol de garante de derechos, el Estado es quien debe intervenir ante las múltiples vulnerabilidades a las que se exponen los derechos de las mujeres, para protegerlos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando es el mismo Estado quien, a través de sus instituciones genera y reproduce la violencia contra nosotras?

Leyes, resoluciones y otras expresiones de las decisiones del Gobierno

La violencia institucional se entiende como la acción del Estado de obstaculizar o establecer criterios discriminatorios para acceder a la salud, la justicia, la alimentación, la educación u otros. Al igual que en otras formas de violencia, los sectores más afectados son aquellos más vulnerables, y es en ese sentido en el que las mujeres estamos especialmente expuestas.

Esta violencia naturalizada y tan legitimada, se expresa; por un lado, a través de las leyes, resoluciones y otros documentos donde se explicitan las decisiones tomadas por el Gobierno; y por otro lado, en las acciones de los funcionarios públicos quienes son los agentes encargados de aplicar estas decisiones. En este escenario, se hace imprescindible pensar en quiénes pueden tomar las decisiones y de acuerdo a qué intereses.

De acuerdo al Código Electoral de nuestro país, las mujeres deben ocupar al menos el 20% de las listas de candidatos parlamentarios, es decir, una por cada cinco cupos. A pesar de esta mínima exigencia, los partidos han encontrado maneras de ser aún más excluyentes, ubicando a las mujeres en sus listas en las últimas posiciones, difícilmente elegibles. Es así, que en las últimas Elecciones Generales sólo el 16,7% de las personas electas fueron mujeres.

El Estado ha funcionado históricamente como una forma más de ejercicio de poder para los hombres de clase alta y ha funcionado como un instrumento de resguardo sus intereses y privilegios. Por tal razón, la igualdad de género no logra convertirse en un elemento transversal en la mirada de las instituciones, y tampoco es puesta como prioridad en la agenda de nuestros Estados.

Esta cadena, que inicia desde las altas autoridades, se repite y reproduce de forma vertical, de arriba para abajo, e implica arbitrariedades constantes en sus relaciones asimétricas, en las cuales las mujeres siempre estamos en desventaja. Esta producción y reproducción de los privilegios masculinos, llevada a cabo por los funcionarios del Estado, es objeto de premios y reconocimiento de parte de las autoridades masculinas, cuyos beneficios se ven protegidos de por sus subalternos. Por otra parte, el desconocimiento de los servidores públicos en materia de normativas respecto a los derechos de las mujeres y la nula sensibilización respecto a la perspectiva de género en la atención a la violencia son terminan siendo, por omisión, una expresión más de la violencia institucional.

Por otra parte, el sistema patriarcal demanda a las mujeres que llegan a posiciones de poder -con dificultades y obstáculos multiplicados- que sus conductas se adecuen a estándares masculinos para permanecer con esa cuota: la firmeza, la intransigencia, la capacidad de decidir son atributos aún vedados para las mujeres mientras que  el acoso, la coacción y la sumisión están naturalizadas y son formas “tradicionales” de hacer las cosas. ¿Cuántas instituciones cuentan con protocolos en caso de violencia de género?

La violencia contra las mujeres en las Universidades

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La violencia machista que tiene lugar en las instituciones permea a todas las esferas, y se replica también en las universidades, espacios donde el menosprecio hacia las mujeres se hace presente en diversas dimensiones

El acceso a la educación superior para todas las mujeres no está garantizado por el Estado. Las mujeres trans, lesbianas, campesinas, trabajadoras y madres encuentran enormes dificultades para ingresar y permanecer en Universidad, ya que ésta, al igual que el Estado, está diseñada para y por los hombres provenientes de una clase privilegiada.

Que no existan guarderías, salas de lactancia y permisos por maternidad para las estudiantes madres es una forma evidente de discriminación hacia las mujeres. Los espacios académicos no son seguros para las estudiantes, puesto que en su extensa mayoría no cuentan con protocolos en caso de acoso y violencia de género, cuando ésta es una realidad constante en los pasillos y salas de clase.

Construir contrapoder feminista

Las relaciones estructurales de desigualdad, la intersección de diferentes formas de opresión, la dominación masculina y la discriminación son constantes, pero las mujeres no hemos claudicado en dar batalla y no ceder nuestros espacios. A pesar de los estruendosos embates de los fundamentalismos, nuestra lucha se profundiza, se expande y sobre todo, construye relaciones alternativas al sistema patriarcal.

A pesar de ser ignoradas en los libros de historia y en las mallas curriculares de las universidades, cada vez se vuelve más dificultoso ignorar la relevancia que hemos tenido las mujeres en la labor científica y creadora, históricamente ninguneadas: las mujeres podemos construir el conocimiento que guía a nuestra sociedad, y lo hacemos todos los días.

Con el correr de la historia, las mujeres hemos llevado como aprendizaje que ninguna victoria se logra aislada. La organización de las mujeres avanza y se expande, y es nuestra garantía para lograr transformar este Estado violento en un espacio que nos represente y proteja.

 *Ali y Camila son militantes de la Plataforma de Universitarias Feministas de Paraguay

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