Por Adri Closs*

Las feministas no andamos con un cuchillo en la cartera a la caza de mujeres embarazadas. Es más, muchísimas feministas vivimos nuestra maternidad con el disfrute y sufrimiento que, a ratos, conlleva. Muchísimas nos embarazamos, gestamos y parimos. Algunas con partos naturales y otras por cesárea. Con y sin epidural. Damos teta y biberón. Criamos y malcriamos, con el mismo amor y los mismísimos errores que cualquiera.

Existe una creencia muy extendida de que las feministas queremos que todo el mundo aborte. La lucha feminista es una lucha por la igualdad y la libertad. Y el aborto está ahí, dentro de una serie de reivindicaciones que se enmarcan en lo que llamamos “el derecho a decidir. Y mientras luchamos por un aborto legal, seguro y gratuito en el Cono Sur; en China, donde el aborto es legal, denunciamos los abortos forzados como consecuencia de su política de “hijo único por pareja[1]”(abolida por el gobierno hace menos de un mes).

Y es que la lucha por el derecho a decidir se expresa según el momento histórico y el territorio donde se lleva adelante, pero siempre con la centralidad en que nuestros cuerpos nos pertenecen y somos las personas gestantes las que tenemos el derecho a decidir continuar, o no, con un embarazo:

  • Porque -si no quiere- no es justo que obliguen a una víctima de abuso sexual a dar a luz el hijo de su violador.
  • Porque no es justo que una mujer que ya tiene la cantidad de hijos que quiere o puede criar sea obligada a mantener un embarazo.
  • Porque no es justo obligar a una mujer a llegar al final de un embarazo de un feto que no podrá sobrevivir fuera del útero.
  • Porque si quiero tener un hijo es mi derecho no solamente continuar con el embarazo sino contar con todo el apoyo del Estado y la sociedad para una gestación, parto y crianza en absoluta dignidad.
  • Porque no somos incubadoras, somos personas.
  • Por otros innumerables porqués, que dependen de las condiciones que cada niña, adolescente y mujer frente al hecho de traer un hijo o hija al mundo.
  • Porque el derecho a decidir, así como no nos obliga a parir, tampoco nos obliga a abortar. Y a partir de esa libertad se respetan todas las decisiones en un mundo con enorme diversidad de valores morales y creencias espirituales. Un principio básico de ejercicio democrático.

Si hay algo claro, es que -al igual que decidir ser madre- el aborto es una decisión difícil de tomar, y cuando se toma es -como dice Gioconda Belli- inevitable[2]. A excepción de algunos hombres trans, los hombres jamás sabrán lo que cuesta asumir esta decisión, y muchas mujeres tampoco, pero como sociedad -e independientemente de nuestras creencias religiosas- nos toca la tarea de empatizar con ellas, las personas gestantes, porque todo embarazo forzado es una forma de tortura. Las Naciones Unidas ya lo reconocen así, en contextos de guerra.

Cada 28 de setiembre en América Latina y el Caribe reivindicamos el aborto seguro porque en la mayoría de los países de este continente los abortos clandestinos causan la muerte de miles de mujeres, y otras muchísimas terminan encarceladas. Sucede aquí, está sucediendo ahora: Una mujer no quiere parir y abortará en condiciones de clandestinidad. Y su vida dependerá de cuánto dinero tenga para solventar una intervención en condiciones más o menos salubres o un profesional con mayor o menor preparación. Su vida dependerá de que cuente con recursos para la recuperación posterior, o necesite recurrir a un centro asistencial con el riesgo de terminar presa.

El aborto existe desde siempre. Una investigación del año pasado realizada por el CECEP calculó que, en Paraguay, 80 mujeres se practican un aborto todos los días. Hablamos de unas 30.000 al año[3]. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en 2017 el aborto fue la tercera causa de mortalidad materna en el país[4]. Son mujeres como cualquiera de nosotras, a las que la criminalización del aborto no les dio otra opción que poner en riesgo sus propias vidas, y terminaron muertas.

Ojalá en el país hubiera educación integral de la sexualidad y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Ojalá no existiera violencia sexual. Valga como nunca antes la redundancia, ojalá el aborto fuera una excepción excepcionalísima y no la ÚNICA opción posible ante la falla del sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de protección, las familias y la sociedad misma. Mientras tanto, es obligación de los Estados generar políticas públicas que gestionen esta realidad, permitiendo el ejercicio de la autonomía personal de cada persona gestante. Sin imponer dogmas religiosos sino, por el contrario, permitiendo el necesario debate también desde la dimensión ética y moral, reconociendo las diversas posiciones éticas y morales al respecto. En definitiva, hablamos del ejercicio pleno de la ciudadanía en democracia: De eso se trata el derecho a decidir.

*Adri es es comunicadora feminista. Integra la articulación feminista del Paraguay y  la campaña 28 de septiembre

[1] Hasta hace muy poco en las ciudades las parejas chinas sólo podían tener un hijo y las del campo dos, si el primer hijo era niña.
[2] En su novela “El país de las Mujeres”, Gioconda narra la historia de un gobierno que, entre sus políticas públicas, aprueba la “Ley de aborto inevitable”, legalizando la práctica para evitar que se desarrolle en la clandestinidad y, por consiguiente, en condiciones de peligro para quien no pueda pagarlo.
[3] Almirón, L., Arévalos, H., Melian, M., Castro, C., Corvalán, C. & Battilana, N. (2017). Cálculo de la Magnitud del aborto inducido en Paraguay. Asunción: Centro Paraguayo de Estudios de Población. Podés acceder a la investigación aquí.
[4] Indicadores de mortalidad 2016 MSPBS provenientes del Sistema de Información de Estadísticas Vitales (Nacidos Vivos y Defunciones).

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