Por Paulina Aliaga de la Fuente*

Los actos racistas acontecidos la noche del 1 de agosto en Curacuatín, Ercilla y Victoria, al sur de Chile, dejan en evidencia la violencia del discurso nacionalista que niega el carácter ancestral de los pueblos indígenas y en particular el pueblo Mapuche.

La Colonialidad del poder instalada como base fundamental del Estado nación en Chile, se ha consolidado a través de la ejecución del ejercicio de la dominación, la explotación y monopolización del conflicto sobre las vidas, la naturaleza y los saberes, que transforman las relaciones sociales en los distintos ámbitos de la existencia humana.

Lo anterior ha sido posible, por la construcción de una institucionalidad política fundada en la articulación de las categorías “raza” y “capitalismo”, núcleos de las relaciones de poder vertical, y la narrativa de una historia que, en su afán de universalidad y homogeneidad, centra su relato en los procesos de instalación de una idea de nación conformada por ciudadanos que niegan la historia de los pueblos originarios y celebra los relatos de violencia y exterminio que permitieron la avanzada de la muerte y expropiación de la tierra, a manos del Estado, sobre nuestras comunidades ancestrales, desde la colonia hasta la configuración del Estado nación y la larga historia de racismo y violencia de Chile presente hasta nuestros días.

 

La promoción de este discurso e ideario negacioncita y violento en Chile ha enfrentado en los últimos años una gran oposición y crítica en la mayoría de la sociedad. Ciudadanos que han encontrado en la lucha común por el derecho a una vida digna, la evidencia explicita de responsabilidad del Estado y la política en el crecimiento de la desigualdad, la segregación y la concentración de la riqueza: el 1% de la población en Chile concentra el 26, 5% del PIB (CEPAL, 2019). Encontrándose en un problema común “raza” y “capitalismo”.

 

El dominio de la categoría subjetiva de “raza” tiene además la intención de perpetuar su poder en el relato del pasado, que sólo reconoce al vencedor como sujeto de la historia: El blanco, el europeo, el criollo, la elite, la oligarquía, el burgués, el militar, el intelectual, el hombre; que en conjunto configurarán, además, la representación del ejercicio patriarcal del poder a través de formas de clasificación social basada en las ideas de clase y de género/sexualidad. Estas formas de representación las vemos reflejada en diversos hechos, como la imposición de una perspectiva inferior sobre la oralidad: sus diversas narrativas, conocimientos, saberes e historias infantilizadas y armonizadas; negando a ellas la posibilidad de incidencia en la construcción de representaciones colectivas de la autoridad y una institucionalidad fuera del marco capitalista/moderno. Sustento ideológico transversal en la clase política que ha dirigido los gobiernos de los últimos 30 años, incapaces de dar curso al mandato del derecho internación en materia de Derechos Humanos ratificados por Chile como, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Al respecto la Comisión Interamericana de Justicia ha sido enfática en insistir al Estado en Chile, el Reconocimiento de los Pueblos Indígenas como “Pueblos” y con ello el otorgamiento de Derechos políticos, territoriales y culturales.

El conflicto del Estado con el pueblo mapuche pasa precisamente por está cuestión, en respuesta a la negación del reconocimiento de los mapuches como Pueblo ancestral en la Constitución. Las consecuencias del negacionismo han quebrado la cosmovisión mapuche basada en la propiedad comunal de la tierra a través de la imposición de la propiedad privada e individual de ella. Esta estrategia ha permitido la adquisición arbitraria e indiscriminada de los territorios comunales por parte de agricultores, ganaderos y empresarios, respaldados por los procesos de dominio de título individual que a través de la justicia declara la propiedad privada en favor de ellos. Es aquí donde se evidencia el cruce del racismo con el capital, puesto que la enajenación de las tierras mapuches ha tenido como principal objetivo la explotación forestal, ganadera e instalación de represas y proyectos de corte extractivista. Acciones de larga data que han potenciado la monopolización de la tierra, el enriquecimiento de unos pocos, que han tenido como consecuencia, el empobrecimiento de las comunidades y la subsistencia en terrenos de baja calidad, dificultando el trabajo y la vida sobre ellos.

En los últimos 20 años los gobiernos han institucionalizado una política de doble estándar, primeramente, llamando a la constitución de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato en 2001, que durante dos años trabajó en la generación del Informe homónimo que reconoce a los pueblos indígenas ancestrales y realiza recomendaciones para una política de reparación y reconocimiento efectivo de sus derechos.

En los últimos 20 años los gobiernos han institucionalizado una política de doble estándar, primeramente, llamando a la constitución de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato en 2001, que durante dos años trabajó en la generación del Informe homónimo que reconoce a los pueblos indígenas ancestrales y realiza recomendaciones para una política de reparación y reconocimiento efectivo de sus derechos

El informe fue celebrado con un paseo de gala en organismos internacionales y frente a otras naciones como símbolo de una democracia que avanza. En los años siguientes y frente a la toma de razón y acciones sobre las recomendaciones para un nuevo trato, se adoptaron mayoritariamente estrategias de burocratización ampliando las atribuciones de la CONADI y postergando las demandas estructurales de reconocimiento constitucional del Pueblo mapuche y recuperación de los territorios comunales.

Justamente frente a esta cuestión la Comisión de Verdad Histórica, indicaba que, la postergación sobre la resolución del problema la recuperación de tierras ancestrales agravaría la conflictividad entre las comunidades mapuches, los cohabitantes del territorio y la relación del Estado con ellos.

De lo advertido por la Comisión, hemos sido testigos cotidianamente. La postergación tuvo como nefasta estrategia criminalizar las demandas del pueblo mapuche a través del enfrentamiento directo con la fuerza policial instalada en la zona hasta el día de hoy. Ante lo cual cabe confirmar que la demanda mapuche es legitima y el generados de la violencia a través de la dominación, explotación e instalación de la conflictividad ha sido el Estado.

Lo que estamos presenciando además de ser un acto racista de algunos habitantes de la zona, es reflejo de una política y gestión de la justicia racista.  Los años de profundización de estás dinámicas de criminalización del pueblo mapuche, desnuda la complicidad de la clase política con el empresariado de la zona, para postergar y negar el cumplimiento del derecho internacional sobre los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, ratificados por el Estado chileno; para finalmente ejercer la fuerza y criminalización de la lucha del pueblo mapuche a través de la institucionalidad con mecanismos como la ley antiterrorista y el ejercicio explícito de la violencia mediante prácticas de tortura, violencia psicológica, detenciones y la muerte a manos del Estado, de hombres, mujeres y niños mapuches.

Lo que estamos presenciando además de ser un acto racista de algunos habitantes de la zona, es reflejo de una política y gestión de la justicia racista.

El actual escenario confirma a palos y sangre la historia de racismo y violencia contra el pueblo mapuche, mientras el gobierno nacional y local promueven en el enfrentamiento entre civiles y mapuches. Nos transformamos una vez más en testigos de imágenes espeluznante, la última de ellas relata la historia de racismo y violencia a través de un grupo de habitantes de Curacautín que desalojan por la fuerza la toma pacífica que mantenían comuneros mapuches en el edificio Municipal en reclamo por la detención del machi Celestino Córdoba. Nacionalismo y racismo unidos en un cántico como “el que no salta es mapuche”, los mismos racistas que decidieron incendiar la municipalidad para desalojar la toma y perseguir a los comuneros mapuches por las calles de Curacautín hasta detenerlos y reducirlos a palos en el suelo. La imagen que acontece frente a los pasivos carabineros en el lugar que dejan que los llamados ciudadanos, ejerzan la violencia racista como un derecho de justicia podrido. Una vez más, la repugnante política de represión y opresión del Estado escribe a palos nuevos pasajes en la negada identidad racista del nacionalismo en Chile.

Por otro lado, el nuevo ministro del Interior Víctor Pérez anuncia con tono de amenaza que no descarta la militarización de la zona para “controlar” el conflicto, en defensa de los intereses económicos comprometidos en el territorio. La indignación ciudadana con la nueva política de violencia reinaugurada en la zona es generalizada.

Y es que la gran parte de las y los chilenos no queremos seguir viviendo en un país de terror y odio. La mayoría de las mujeres y hombres en Chile, confirman que un 74% es partidario de la devolución de las tierras ancestrales y un 86% quiere que la multiculturalidad sea reconocida en una nueva constitución (Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales – ELRI, 2019).

La invitación es a no perder el foco y situar que la violencia y respuesta policial a las demandas corresponde a una decisión de la clase política gobernante y sus amigos cómplices del empresariado extractivitas. No nos representan, la opinión del conjunto de la ciudadanía es en apoyo al reconocimiento de nuestros pueblos ancestrales. Nos quieren hacer creer una vez más que estamos frente a grupos terrorista, la doctrina del miedo como arma para evitar el cumplimiento efectivo de las demandas históricas del pueblo mapuche y su derecho efectivo a la recuperación comunal de sus tierras, la libre determinación y conservación de la cultura ancestral.

 

*Paulina Aliaga es profesora feminista y Latinoamericanista, académica de la Universidad de Magallanes. Chilena de nacimiento, mexicana de corazón.

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