Por Coordinadora Feminista 8m
Hablamos desde el dolor profundo que nos anuda la garganta, desde la rabia organizada. Hemos visto en estos días las imágenes de marchas convocadas para exigir la expulsión y el cierre de fronteras en Colchane e Iquique y la violencia de turbas que se abalanzan en contra de personas migrantes, y que arrojan al fuego coches, ropa, carpas -y todo tipo de pertenencias- de quienes han cruzado la frontera buscando un mejor vivir. Hemos leído discursos de odio racista y xenófobo en las redes sociales, declaraciones de autoridades regionales afirmando que en Chile no están “las condiciones para seguir recibiendo a más personas” yconstituyentes demandando endurecer el control fronterizo. Voces que repiten que hay vidas ilegales, descartables, vidas que no importan.
Sabemos que no son acciones nuevas, ni espontáneas, ni aisladas. Por más de 30 años vivimos las consecuencias de los mecanismos de impunidad de gobiernos que han sostenido políticas neoliberales del descarte y la expulsión, que han permitido el avance de los discursos de odio, xenófobos y racistas. Gobiernos de postdictadura que por un lado, han abierto las fronteras para la libre circulación de los capitales transnacionales, y por otro han despojado a comunidades de sus territorios , cerrando y militarizando los pasos fronterizos de quienes van en busca de vidas más seguras y dignas. El estado de Chile es un estado racista, que establece políticas, acciones y discursos persecutorios de la población migrante, de la más empobrecida.
Es por esto, que nos tomamos la palabra con rabia y dignidad, pero sobre todo con la urgencia de responder y llamarnos a la solidaridad activa en cada lugar que habitamos con el horizonte abierto y el vivo deseo de un Chile plurinacional e intercultural. Que migrar sea florecer y no desaparecer, lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir hoy, ante la necesidad de imaginar y construir otras salidas a esta crisis que estamos pagando los pueblos.
Impugnamos la política migratoria de este gobierno, que ha impulsado una seguidilla de expulsiones sumarias, generando la criminalización de las comunidades inmigrantes desde el racismo institucional con esa ridícula idea de “ordenar la casa”. La agenda de este gobierno atenta en contra de los derechos humanos, porque criminaliza a los sectores más pobres de nuestros pueblos, propicia la trata de personas y construye un imaginario que culpa a cierto tipo de inmigración de producir el “desorden en el país”. La concentración de la riqueza, la falta de trabajos dignos para las grandes mayorías y las dificultades económicas que vivimos nada tienen que ver con el ingreso de los pueblos migrantes. Estas condiciones se han construido a través de la aplicación sostenida e ininterrumpida de un conjunto de políticas neoliberales impuestas por la dictadura militar y ampliadas por las frágiles democracias que la sucedieron. Estas políticas, profundizaron las condiciones de desigualdad, precarización e injusticia, privándonos de manera creciente del acceso a derechos que son fundamentales, mientras consolidaban un régimen político que lleva en su centro el lucro, la competencia, la protección y subvención de los grupos empresariales monopólicos que hoy son dueños del país.
Las condiciones de violencia, precarización y vulnerabilidad que experimentan cada día quienes migran a Chile se agudizan para las mujeres, disidencias e infancias, para las personas racializadas y para quienes no hablan castellano. La forma en que se ejerce esta expresión de la violencia estructural en contra de seres humanos, varía según los cruces de clase, raza, género y generación , según los cuerpos y las trayectorias.
Nos llamamos a solidarizar con los pueblos migrantes, a observar activamente las manifestaciones machistas, racistas y xenofóbas que se expresan en las agresiones que hemos visto exacerbadas por estos días, a luchar desde cada territorio para desarticular las formas de criminalización de la inmigración que fomentan los sectores más reaccionarios, conservadores y fascistas de Chile y de la Región.
Nuestro programa feminista migrante exige y propone
- Libre tránsito por los territorios latinoamericanos: Exigimos la inmediata descriminalización de la migración y el fin de los procesos de militarización de fronteras. Demandamos la creación de medidas a favor del proceso de regularización, junto a un programa especial de facilitación de la regularización migratoria y reunificación familiar.
- Declaración de un Estado Plurinacional donde la migración y refugio estén incluidos: Reconocimiento del derecho a migrar, del derecho a refugio y la garantía inalienable a los derechos sociales de migrantes y refugiades.
- Creación de una nueva ley migratoria que garantice los derechos de les migrantes y refugiades, y que genere mecanismos de resguardo ante la discriminación y racialización de las medidas en la gestión de los servicios administrativos y salud. Luchamos por la homologación de derechos, exigiendo se instale el principio de igualdad de derechos en toda política o legislación impulsada, para que se desarrollen mecanismos que incorporen esta igualdad en la realidad y ella sea garantizada.
Como Coordinadora Feminista 8M hacemos un llamado de solidaridad transfronteriza entre los pueblos, movimientos, organizaciones sociales, territoriales, feministas, sindicales, estudiantiles, socioambientales, culturales a manifestar su compromiso con la dignidad de las vidas in-migrantes, por el derecho a migrar y contra la precarización de la vida de todas las personas que habitamos este territorio. Nos llamamos a visibilizar y denunciar la xenofobia, el racismo institucional y social y a no ser cómplices de la impunidad y el despojo de la humanidad de quienes emprenden/mos los caminos de la migración.
