Soberana

Las mujeres,

históricamente,

han sido quienes han

protegido

las semillas nativas,

la tierra,

el principio de la vida.

¡Las mujeres, sin tierra, alimentan al mundo!

*Por Noelia Díaz Esquivel

“Lucha” es una de las palabras más comunes en Yvypé, Sexta Línea, San Pedro. En esta comunidad viven 26 familias, que trabajan de sol a sol para reconstruir un pueblo que casi fue devorado por cultivos de soja. Aida González es madre, campesina y una de las líderes de la comunidad. Aunque tiene pavor de volver a la cárcel, no teme dar su vida por esas tierras, Aida es soberana.

En el camino de 2 kilómetros de tierra desde la ruta nacional PY03 “General Elizardo Aquino” que conduce a la casa de Aida González, lo único verde que se puede ver es un interminable sojal. La vivienda se erige sobre varios postes de madera  reciclada. Dentro descansan los cuatro miembros de la familia. La mujer tiene 43 años, es madre de un niño de 14 y una señorita de 18 años.

El corredor con techo de chapa es también comedor y cocina. Una pequeña placa eléctrica está ubicada sobre un tambor y, en una olla, Aida guisa el ryguasu chyryry (pollo frito) para el almuerzo. Minutos antes agarró una gallina de entre un averío de gallinas, gallos, patos, guineas, pavos, gansos y chanchos. También tiene dos vacas que permiten el consumo diario de leche y una pequeña producción de queso Paraguay para la familia y, si sobra, para la venta. Ahora espera que llegue febrero y el calor empiece a mermar para poder reactivar su huerta para el autoabastecimiento.

Aida González: “Dicen que los y las campesinas somos haraganes, que no nos gusta el trabajo. Pero yo quiero mi tierra para trabajarla. Sueño con un hogar para vivir dignamente”. 

A medida que Aida relata las injusticias que sortearon a lo largo de estos cinco años, los animales se pasean y picotean todo cuanto encuentran en el piso que rodea la casita. Ella bebe un sorbo de tereré de vez en cuando y sigue con su relato, mientras controla la cocción del almuerzo.

La casa está rodeada de árboles, todavía en crecimiento, que ella misma, junto a sus vecinos, plantó cuando se asentaron en estas tierras. Al llegar casi no había  vegetación debido al desmonte para la plantación de soja que rodea la zona.  

En la primavera del 2017 un grupo de pobladores antiguos convocó a otros lugareños. Estaban preocupados porque Yvypé Sexta Línea se convertía en un pueblo fantasma. Los ranchos campesinos fueron agobiados por los sojales, la gente fue perdiendo sus cultivos y la salud, afectada por los pesticidas. Fueron prácticamente obligados a abandonar sus tierras.

Yvypé, la verdadera historia

La Colonia Yvypé Sexta Línea está ubicada en el distrito de Lima, departamento de San Pedro, a 250 km de Asunción. Fue habilitada en el año 1975 para el asentamiento de familias campesinas sin tierra. La dimensión total es de 3.889 hectáreas parceladas en 190 lotes agrícolas, adjudicados a familias sujetas de la reforma agraria. 

En sus inicios, entre 1983 y 1984,  la colonia fue poblada por unas 40 familias provenientes de distintos puntos del país que construyeron sus viviendas en los caminos que los conectaban con la ruta. Sin embargo, en 2008 inició la mecanización de los lotes cuando ciudadanos brasileños y colonos menonitas entraron a comprar las tierras. Empezaron a mecanizar los cultivos y se inició el proceso de expulsión a los pequeños agricultores. Desde entonces, según los lugareños, se arrasó con al menos el 70% de la población campesina. Yvypé se había convertido en una comunidad sin gente, sin escuela, sin vida en comunidad a causa de la expansión sojera. 

La reconquista

El sueño de recuperar parte de las tierras, legítimamente campesinas, se inició en 2016. El 3 de septiembre de 2017 se conformó la “Comisión vecinal sin tierra de Yvypé”. Al tomar esta decisión las familias se convirtieron en blanco de ataques, fueron víctimas de grandes atropellos por parte de civiles armados, de la Policía y la Fiscalía. Además de allanamientos violentos e imputaciones a personas acusadas de diferentes hechos delictivos, como mecanismo para frenar la acción campesina. Hasta hoy, la persecución no da tregua.

Aida González: “Yo tengo orden de captura, dicen que por coacción, nunca fui debidamente notificada. Desde entonces casi no salgo de casa para no arriesgarme a que me detengan. A causa de ello no pude acompañar a mi hija a hacer sus trámites de inscripción para la facultad. Mi hermana llevó una autorización para asistir a Ana (su hija). Ella salió por primera vez de mi lado y ahora trabaja como empleada doméstica para pagar sus estudios. Quiere ser contadora. A su colación me fui casi de incógnita”.

Aida tiene terror de volver a estar tras las rejas. Dos veces fue detenida, la primera vez estuvo en la comisaría 035 por 24 horas, la segunda vez, 14 días. Fueron los peores días de su vida. La celda estaba roñosa, exigieron que la limpien, y  finalmente con su compañera de celda lograron un espacio más o menos habitable en plena pandemia de COVID-19.  Sus hijos quedaron al cuidado de la abuela, mientras ella agonizaba de preocupación.Admitió que sentía que, la injusticia de la que era víctima, carcomía su espíritu de guerrera. 

Relata que para poder comer durante sus días de encierro, la comunidad tuvo que usar el dinero ahorrado, fruto de la cosecha de la chacra colectiva en la siembra de maíz. 

Aida González: “Me quedé traumada, no le deseo a nadie.  Pasaba los días caminando de pared a pared, dentro de lo que permitía la pequeña celda. No me abandonaba la idea de que pudieran trasladarme a una cárcel lejos de mi casa, de mi familia, solo por reclamar un pedazo de tierra”.

A pesar de todo, desde 2017 el objetivo es recuperar los lotes. Los pobladores aseguran que hicieron varias denuncias por delitos ambientales cometidos por los sojeros que explotan estas tierras, Jorge Mantiess y Ademir Méndez. También hubo denuncias penales por los atropellos realizados de forma totalmente irregular. Sin embargo, nunca tuvieron respuesta. 

Aida González: “Tierra o muerte, no me voy a rendir. Este lote es el futuro de nuestros hijos e hijas. Vinimos decididos a ganar y si morimos en el intento van a tener que sacar, uno a uno, nuestros cuerpos. Vamos a seguir esperando la mensura y los títulos de nuestros lotes con la esperanza de vivir tranquilos con nuestras familias”. 

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) está al tanto del conflicto en Yvypé. Las anteriores autoridades no hicieron más que proteger a quienes se apropiaron ilegalmente de estas tierras. Sin embargo, según Aida, bajo la administración de la actual presidenta de la institución, Gail González Yaluff, se logró el título para seis familias. Todavía falta la regularización de 20 lotes, porque en total son veintiséis las familias que persisten en la lucha.

Aida González: “Para esas 20 familias todavía no se resolvió el tema de las parcelas. Estos terrenos ya fueron divididos al inicio del loteamiento de la colonia. Aproximadamente, cada lote tiene 20 hectáreas, pero ahora nosotros pedimos que se divida, en solo 5 hectáreas para cada persona. Del pedido hecho, unas 50 hectáreas están cajoneadas. Ellos para sacarte lo hacen rápido, pero después ni un metro quieren devolver. Los extranjeros recibieron esos lotes de forma irregular en tiempos de Mario Vega y Horacio Torres. Son los lotes 6, 17 y 7”.

Violaciones de normativas ambientales y del estatuto agrario

Las violaciones de normativas ambientales y del estatuto agrario están a la vista en Yvypé sin que las autoridades administrativas y judiciales se inmuten por ello.Según el abogado Abel Areco, quien acompaña el conflicto de Yvypé desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), en estos años de lucha, la fiscalía abrió varias causas penales contra los y las campesinas. Entre ellas una causa de invasión de inmueble ajeno con base en las denuncias realizadas por los supuestos propietarios -una familia menonita y un brasileño-, además, de otras causas civiles y  medidas cautelares con el único objetivo de desalojarlos, pero sin llegar a un juicio. Areco señala que: “La realidad es que no tienen documentos para demostrar, de forma legal, la titularidad de los lotes”. 

La Justicia no analiza a fondo los derechos de las personas, el contexto y los orígenes de los conflictos. Si lo hiciera, podría escarbar sobre uno de los temas centrales de la conflictividad social en el Paraguay, que es el origen de las tierras malhabidas, ubicando a Paraguay como el país con el mayor nivel de desigualdad de tierras en el mundo .

Abel Areco: “Este es el nuevo modus operandi del empresariado agrícola para una práctica que no es nueva: la ocupación de tierras malhabidas. Este modus operandi de terceros, con el aval de las autoridades estatales, es la causa del desplazamiento masivo de familias completas a ciudades aledañas y países vecinos”.

El abogado describe al conflicto en la colonia Yvypé, como el típico acaparamiento de tierras destinadas a la reforma agraria que fueron adjudicadas de manera ilegal a empresas productoras de soja transgénica que no son beneficiarias según el  Estatuto Agrario, además de que la producción de monocultivos transgénicos no está permitida en las colonias campesinas. Recuerda que el INDERT adjudicó tierras de Yvypé, en detrimento de campesinos y campesinas, sujetos de la reforma agraria, de manera irregular, a personas que no reúnen los requisitos del Estatuto Agrario, por Resolución Indert R. P. N.º 1389/2018.

La judicialización a la que apuestan los usurpadores extranjeros tiene como cómplices a jueces y juezas que dictaron resoluciones judiciales con la intención de obligar a las y los ocupantes legítimos a abandonar los predios, desnaturalizando juicios posesorios y garantías constitucionales, criminalizando a los dirigentes campesinos.

Actualmente sustituyeron la prisión preventiva. El juez de Garantía en lo Penal de Santa Rosa del Aguaray emite una orden de captura, para al menos diez personas, que no pueden salir de sus domicilios que son, irónicamente, los lugares que supuestamente ocupan “ilegalmente”.

Abel Areco: “La respuesta del Estado es clara respecto a cuál modelo responde porque es bien diligente para procesar a referentes sociales, pero cuando estos denuncian violaciones a normas ambientales, atropellos y violencia de todo tipo, las causas duermen en los cajones”.

Defensoras y defensores de Derechos Humanos en peligro

Desde el 2007, la Codehupy investiga este patrón de violencia estatal e impunidad judicial, en cuyo marco se denunciaron 115 ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas de dirigentes y militantes de organizaciones campesinas entre 1989 y 2013. Estos hechos se perpetraron en el contexto de un plan sistemático que obliga a la población campesina a salir de sus territorios para luego apropiarse de ellos. Los usurpadores gozan de impunidad judicial. Según el último informe, para el año 2020, ya sumaban 123 defensores y defensoras de derechos campesinos y ambientales asesinados o desaparecidos.

Soberana, Aida González deja este mensaje final:

“Como madre y en nombre de mis compañeras pido a las autoridades que investiguen sobre nuestra situación y nuestra lucha. Ya se nos jugó demasiado y hasta ahora no tenemos respuesta. Estoy convencida que ya saben que existe una solución para que nuestras familias puedan dormir tranquilas. Nosotros ya no dormimos. Como ya dije, no nos vamos a retirar, aquí vamos a seguir trabajando, no somos haraganes, bandidos ni ladrones. Quieren ensuciar nuestro nombre pero somos personas de buena fe y de buen corazón”.

 

Noelia Díaz Esquivel (43). Periodista, su trabajo recoge historias basadas en niñez, mujer, salud, educación, pobreza, campesinado, temas indígenas y género. Licenciada en Ciencias de Comunicación – Facultad de Filosofía – UNA. En el 2016 recibió los premios: “Periodistas amiga de la Niñez”  y de la campaña #ProtegemeHoy contra la violencia de género. 2019 recibió la Medalla Municipal al Mérito Domingo Martínez de Irala. Ex Secretaria General del Sindicato de Periodistas del Paraguay (2017-2019). Secretaria de Género de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (2019-2021). Forma parte del equipo de Revista Emancipa, capítulo Paraguay, medio feminista autogestivo con presencia en Argentina, Chile, Colombia y Paraguay.

Mónica Bareiro (34), estudió fotografía y trabajó como periodista en ABC Color por 14 años, cubriendo temas como deportes, turismo interno y medio ambiente. En 2017 obtuvo el segundo puesto del Premio Pablo Medina de Periodismo Ambiental, por su nota “Dos cucharas justas de sulfato”. Fue dirigente sindical, es editora en la revista digital Otro Mapa y desde hace 3 años, se dedica a la comunicación institucional.