* Por Noelia Díaz Esquivel
A finales del 2022, la Corte Suprema de Justica de Paraguay, reveló un informe que contiene los hechos punibles más denunciados a lo largo del año. El número uno del ranking lo encabeza el incumplimiento del deber alimentario con 3.297 denuncias, el número dos de lista es la violencia familiar con 3.128 casos. Para la abogada feminista Mirta Moragas los datos son reveladores en cuanto a la doble moral de una sociedad que habla de la importancia de las familias y de la protección de la niñez y la adolescencia, pero que claramente, no garantiza el sustento básico en los hogares que resultan ser el lugar más inseguro para las mujeres, sus hijos y sus hijas.
“Cuando se llega al tipo penal probablemente ya pasaron años de calvario judicial, de incumplimiento, de poner a los niños y las niñas en situación de desprotección por no pagar la prestación. Entonces es muy revelador, porque es la última medida, desesperada, que en muchos casos se hace antes de hacer la denuncia penal. Y con relación a la violencia familiar es un poco lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, este país que se dice provida y profamilia, tiene al mismo tiempo a la violencia familiar como algo del día a día. Para mi hay una reflexión muy importante que hacer como sociedad. Hay una especie de doble moral: por un lado, hay marchas, manifestaciones y grades declaraciones sobre lo importante que es la familia y la vida, pero por otro lado las dos formas principales de cuidar la vida son las que más se están poniendo en descuido”, señaló Mirta Morgas.
Según la abogada, existen medidas a corto, mediano y largo plazo para ir disminuyendo estas estadísticas, como por ejemplo reducir la mora judicial, además las medidas de protección para las mujeres tienen que ser más eficaces y lograr que los servicios instalados logren, efectivamente, apoyarlas en su proyecto vida fuera del circulo de violencia.
Moragas relata que: “Al incumplimiento del deber alimentario, muchas veces, se suma lo lento que son los trámites de casos de juicios de prestación de alimentos. Hay investigaciones de la Coordinadora de Derechos de la Infancia que tasó cuánto tiempo llevan los juicios. Llevan años, incluso se resuelven después que los niños y las niñas cumplieron la mayoría de edad. Hay una mora judicial importante que contribuye también a llegar al incumplimiento tan grave del deber alimentario. Y con relación a las medidas de protección en cuento a violencia también hay algo que el poder judicial puede cambiar en términos de cómo funciona. En el tema de violencia hay políticas públicas de prevención y atención a víctimas, creo que son importantes, pero hay un esfuerzo insuficiente desde el Ministerio de la Mujer y en general desde el Estado, sobre todo para las medidas de atención y de reparación. No solamente es dar medidas judiciales cuando ocurre la violencia, sino también apoyar a las mujeres en su proyecto de vida una vez que pasaron una situación de violencia”.
Por otro lado, además de lo monetario, otra consulta frecuente tiene que ver con cómo se comparten las cargas de cuidado. Mirta Moragas, cuenta que, al Consultorio Jurídico Feminista, “muchas mujeres lo que nos vienen a decir es, aunque no pase todo lo que se necesita, por lo menos que le lleve a la escuela o que le retire, que le lleve al médico, que compre los medicamentos. Pero todavía hay una costumbre de que la cuestión de niñez termina siendo el campo de batalla de las peleas de los adultos. Creo que también ahí, como sociedad, tenemos que evolucionar en entender que los niños y las niñas no pueden sufrir las consecuencias de una separación dolorosa”.
Por último, pero no menos importante, es la urgente necesidad de trabajar en el cambio cultural, en las formas de relacionamiento familiar donde hoy el maltrato es una constante. Para esto es clave dejar de poner obstáculos en la educación, Moragas señala que estamos sumamente atrasados, como país, en políticas educativas que sean realmente transformadoras.
