* Por Lida Duarte
@lidaduarte
Aunque hubo un paso importante en la normativa para desnaturalizar la violencia hacia la mujer y tipificar el feminicidio entre los hechos punibles, aún existe una carencia en políticas de prevención y sobre todo de atención integral a las víctimas, para que ellas puedan reconstruir sus vidas con sus hijos e hijas sin opresiones. Las organizaciones sociales lanzan estos reclamos en una coyuntura electoral que copa toda la agenda de candidatos y candidatas.
La Red de Líneas Telefónicas Feministas atendió 1.392 consultas en el 2022 sobre sexualidad, crianza positiva y situaciones de violencia, preguntas acerca de derechos de personas LGBTQ+, así como contactos de mujeres para casos jurídicos. Se trata de un servicio que, lejos de suplir el rol del Estado, busca informar y dar fortaleza a las personas para exigir sus derechos. Conforman este grupo de atención el Consultorio Jurídico Feminista (CJF), Base Educativa y Comunitaria de Apoyo, Aireana y Somos Pytyvõhára.
La mayoría de las consultas que llegan a la red están relacionadas a algún tipo de violencia, “lo que nos da cuenta claramente de que la violencia sigue siendo un tema central en la vida de las mujeres y que nos atraviesa el cuerpo a lo largo de nuestra vida de diferentes maneras, llegando a la violencia extrema que es el feminicidio”, dijo al respecto la abogada María José Durán, del CJF. Al igual que otras representantes, ella participó de la Feria Feminista el sábado pasado en el marco del #8M.
Si bien considera que el acceso de las víctimas a la justicia es importante, se trata de una política aplicable a un hecho que ya ocurrió, en tanto que las instituciones también deben trabajar en la prevención, que contempla la educación sexual integral y atención a las víctimas que encuentran un albergue abarrotado y un sinfín de barreras para lograr su desarrollo.
“Desde nuestra experiencia en el Consultorio, vemos que muchas mujeres lo que buscan es justamente salirse de esa relación violenta, poder reconstruir sus vidas sanamente en paz con sus hijos e hijas y que cese esa situación de violencia y el cese de esa situación de violencia no se logra a través de la respuesta penal, sino a través de políticas públicas de protección integral”, advirtió Durán sobre las carencias de las instituciones para lograr este objetivo.
Se refirió principalmente al Ministerio de la Mujer como ente rector de la Ley N. 5777 de Protección Integral a las Mujeres. La dificultad de esta institución para cumplir con su mandato es primeramente económica, entendiendo que su presupuesto se redujo en un 48% desde que Mario Abdo Benítez asumió en el Gobierno en el 2018, de acuerdo a los datos que publicó la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia a fines del año pasado. En este sentido se estima que el Estado destina apenas G. 14 por cada mujer paraguaya.
Son deudas que deben interpelar a los candidatos y candidatas sobre su posición respecto a las demandas específicas de la mujer y los cambios que pretenden incorporar para erradicar la violencia y mejorar la calidad de vida de las mujeres paraguayas.
