*Por Noelia Díaz Esquivel
@noediazesqui
Las paraguayas representan al 49,7% de la población, unas 3.659.784 personas. Teniendo este dato como premisa, desde Revista Emancipa llevamos a cabo un monitoreo de las campañas electorales con perspectiva de género. La observación la realizamos en base a 5 ejes que consideramos centrales para la igualdad de género:
- Trabajo productivo/reproductivo y políticas de cuidado
- Violencias contra las mujeres
- Derechos sexuales y reproductivos
- Participación social y política de las mujeres
- Acceso a la justicia
Estos ejes permiten visibilizar de manera sintética el grado de compromiso de las fuerzas políticas respecto de las principales demandas de las mujeres, teniendo en cuenta las exigencias que plantearon al Estado, el pasado 8M, organizaciones sociales y mujeres de diversos sectores, en el marco del proceso electoral que culminará con las elecciones el próximo 30 de abril.
Este trabajo busca determinar en qué medida se incorpora a la mitad de la población en las propuestas de las diferentes candidaturas presidenciales. El monitoreo de las propuestas se realizó en base a las plataformas oficiales, además de solicitar datos a los/las encargadas de comunicación y prensa de los proyectos electorales en pugna. Logramos acceder a los programas de:
- Concertación Nacional, Efrain Alegre y Soledad Núñez
- Nueva República, Euclides Acevedo y Jorge Querey
- Asociación Nacional Republicana (ANR), Santiago Peña y Pedro Aliana
Estos documentos deberían ser de carácter público porque a través de ellos los partidos, alianzas o concertaciones políticas definen sus prioridades programáticas. Sin embargo, muchas veces no se les da la relevancia que merecen aunque se trate de herramientas fundamentales para brindar información a la ciudadanía, aportar transparencia y permitir la rendición de cuentas frente a la futura gestión de gobierno.
Además consultamos a expertas en el tema, quienes colaboraron para el análisis de las propuestas:
Lilian Susana Soto Badui, política y activista feminista del Paraguay, además de académica en el campo de las políticas públicas de igualdad y los estudios de género.
Myrian González Vera, maestranda en Antropología Social, licenciada en Ciencias de la Comunicación, cuenta con un Diplomado Superior en Género y Políticas Públicas(FLACSO-Buenos Aires). Es investigadora social con más de 30 años de experiencia.
Análisis de las plataformas
- Trabajo productivo/reproductivo y políticas de cuidado
Concertación Nacional: demuestra un compromiso con la implementación de las políticas de cuidados. Reconoce que la gran carga de trabajo doméstico impide a las mujeres aspirar a empleos dignos y remunerados, sin embargo, según Lilian Soto es necesario recordar que son varias las dimensiones al respecto y no solo la existencia de espacios “debemos pensar en recursos para cuidar de otra manera y en permisos de paternidad y maternidad igualitarios que rompan la responsabilización casi exclusiva de las mujeres en la crianza, entre otras medidas”.
Nueva República: Euclides y Querey plantean políticas de asistencialismo dirigido a mujeres que están en mayor situación de vulneración como las mujeres “solteras”, las que no acceden a créditos para proyectos productivos y las que no tienen casa. Para Myrian González “son propuestas interesantes, aunque no parten precisamente de una base de igualdad de género, en el sentido de que puedan generar políticas que alienten la disminución de brechas de género en el campo laboral, y no sólo apuntar a políticas para sostener modelos de familia y maternidad que impiden a las mujeres aspirar a una autonomía económica real. Soto, añade que no profundizan ni se comprometen con políticas centrales para que este empoderamiento se produzca, “como es la política de cuidados que, como ya mencioné, tiene varias dimensiones”.
ANR: En su “Programa de guarderías gratuitas para las mujeres madres”, entiende que la carga de cuidado restringe las posibilidades de las mujeres para trabajar fuera de casa o estudiar. Sin embargo, tampoco visualiza que los espacios de cuidado no son suficientes para combatir las desigualdades de género. “Santiago Peña, habla en general de generar fuentes de empleo, y fortalecer ciertas políticas de asistencia económica. No plantea políticas diferenciadoras para mujeres y hombres, deduciendo así que no visualiza desigualdades de género”, apunta González.
- Violencias contra las mujeres
Concertación Nacional: propone como líneas estratégicas la mejora de protocolos, de sistemas de protección y la implementación del Registro Unificado, ejes importantes para avanzar en garantizar un vida libre de violencias. “Pero no considera los otros dos aspectos claves para las mujeres sobrevivientes y víctimas de violencia: la prevención y la reparación”, menciona Soto. Quien sostiene que la meta debe ser detener la violencia antes que suceda. La prevención se logrará con educación sobre género, debates sobre nuevas masculinidades y sistemas de alerta temprana. Añade que en el marco de la reparación se deben incluir medidas financieras para la autonomía económica, rutas de salida con apoyos legales y psicológicos que den soporte a las sobrevivientes, así como acciones que apoyen a las niñas y niños huérfanos a causa de feminicidios.
Nueva República: por su parte, la propuesta de Nueva República se basa en que una de las principales razones de la “aceptación del maltrato” es la falta de recursos económicos. En esa línea plantea los ejes que denomina empoderamiento estructural, empoderamiento financiero y Salud. Prevención primero, abarcando una serie de temas que vincula a la necesidad de empoderar/emancipar a las mujeres, “pero sin conectarlos acabadamente con las autonomías física, económica y en la toma de decisiones de las mujeres, y sin profundizar ni comprometerse con políticas centrales para que este empoderamiento se produzca”, analiza Lilian Soto.
ANR: no tiene propuestas
- Derechos sexuales y reproductivos
Nueva República: propone invertir en programas de educación sexual, a través del Ministerio de la Mujer, con especial atención a mujeres embarazadas en los centros materno infantil. También se refiere al embarazo precoz con asistencia y presencia del Estado, para apoyar a la niña a “tomar la decisión correcta”. Para Myrian González es preocupante que “temas centrales no estén mencionados, como la educación integral de la sexualidad en el ámbito educativo”, como herramienta de prevención de embarazos no deseados.
Concertación Nacional: menciona una salud sexual y reproductiva que responde solo a mujeres gestantes, sin referirse al acceso a la educación integral de la sexualidad, que incluya programas eficaces de acceso a información sobre planificación familiar, métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, garantizando el acceso universal y gratuito a anticonceptivos en el sistema de salud pública.
ANR: no tiene propuestas.
- Participación social y política de las mujeres
Concertación Nacional: demuestra cierto grado de compromiso al mencionar que garantizarán el acceso a cargos públicos, incluso mencionaron que el gabinete sería paritario. Pero es no es suficiente para disminuir la brecha existente. No menciona su compromiso con la promoción y posterior promulgación de la Ley de Paridad Política.
ANR y Nueva República : no cuenta con propuestas al respecto.
- Acceso a la justicia
Ninguna de las duplas presidenciales tiene propuestas
Una mirada general a las propuestas
Las elecciones generales representan una oportunidad para que las nuevas autoridades electas promuevan cambios reales ante las desigualdades, la violencia y la discriminación que afecta a sectores empobrecidos y vulnerables de la población, principalmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes y disidencias.
Sin embargo, entre las propuestas de los candidatos casi no se ve el reconocimiento de la desigualdad de género como un elemento central para combatir los problemas existentes. Se observa que ninguno de los proyectos plantea cambios radicales, por ejemplo, en términos de paridad para la participación de mujeres en el ámbito público.
La participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión es una preocupación del movimiento feminista nacional y latinoamericano. Si bien, la ley de cupo logró que más mujeres estén ocupando cargos en las legislaturas, los ministerios, los tribunales y hasta en los poderes ejecutivos, la norma establecida como un piso, en la practica, se convirtió en un techo y el porcentaje de mujeres en ambas cámaras se estancó.
Según el último informe del Tribunal Superior de Justicia Electoral, la participación política femenina para estas elecciones es de un 8% pugnando a la presidencia, mientras que 46% la a vicepresidencia. Por otro lado, para la cámara alta un 28% representa a candidaturas de mujeres y 26% para diputación. Las candidatas a la gobernación representan un 13% y 30% para juntas departamentales. Con el voto referencial resulta incierto saber cuántas de ellas serán electas y es preocupante, porque sin mujeres en estos espacios se reducen las posibilidades de políticas con perspectiva de género.
La necesidad de una sociedad con paridad de género no se trata de un tema de mujeres, más allá del protagonismo femenino: es un tema de justicia y el Estado debe ser garante de este proceso.
Por otro lado, en el 2022, el Ministerio Público registró 22.398 casos de violencia familiar, de estos casos, el 74 % de las víctimas fueron mujeres. A la fecha de este material, sólo este año (enero a abril de 2023) 15 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Paraguay, pero ninguna de las plataformas habló del eje de acceso a la justicia. Ante esta epidemia de violencia contra las mujeres es evidente la “falta una idea más clara sobre el abordaje de la violencia de género y el aseguramiento de que, si ganan, el Estado se responsabilizará de implementar adecuadamente la Ley 5777 y de ejecutar medidas clave de prevención y reparación”, enfatiza Lilian Soto. El primer compromiso debería ser asegurar el cumplimiento de los marcos legales existentes destinados a igualar los derechos de las mujeres.
El acceso a la justicia se entiende como aquellas posibilidades legales o fácticas de acceso de todas las personas, en igualdad de condiciones y sin discriminación, a ser oídas ante las autoridades en sus reclamos de protección de derechos y ser amparadas respecto a los mecanismos de respuesta o reparación del sistema de protección. Asimismo, como política pública con tales mecanismos busca asegurar derechos, evitar repetición de situaciones de vulneración de derechos y generar condiciones para el respeto de los niveles más altos de libertad, sin que por ello quede comprometida la seguridad o los derechos de las generaciones futuras.
Tampoco se cuenta con propuestas en defensa de las mujeres trabajadoras ni de incluir, por ejemplo, un régimen jubilatorio para amas de casa. Como lo demuestran las cifras oficiales las mujeres están atravesadas por diversas desigualdades estructurales en la sociedad y la seguridad social debe ser garantizada a través de la implementación de políticas activas que reconozcan y corrijan estas desigualdades.
Por último, en Paraguay se habla de “planes para mujeres” no así, de una política de género que sea transversal a todos los demás ejes programáticos a ser implementados los próximos 5 años. En este sentido, no es de extrañar que ninguna plataforma haya mencionó a las poblaciones LGBTIQ+, “echo de menos la ausencia de compromiso ante las restricciones de derechos a las que sobreviven debido a las desigualdades de género”, expresó Soto, apuntando que sin duda es un tema conflictivo pero que las dirigencias políticas deberían ser capaces de liderar pensamientos y acciones que transformen las vidas de las personas, aunque no sea fácil.
Cabe mencionar, que también intentamos acceder a información de parte de Cruzada Nacional, sin embargo no respondieron a la solicitud.
*Seguí nuestra cobertura de las elecciones 2023 realizada por la Red de Medios Nativos Digitales.
