Cuando las periodistas dijeron basta a la violencia sexual y laboral en el grupo Albavisión

*Por: Equipo de redacción de la RMPCPy y Emancipa Paraguay.

Una joven exhibe una cartulina blanca con letras rojas que gritan «Basta de acoso» frente al edificio de Canal 9 del grupo Albavisión. No está sola. La acompañan al menos 30 trabajadoras de prensa en la manifestación de esa fría tarde del 20 de mayo de 2022. Esta vez, ellas son protagonistas de la noticia, que hasta es transmitida en directo por el canal al que le exigen trabajar sin que las violenten. Ocurre que, en el último mes, cuatro periodistas habían renunciado al canal y denunciado ante la Fiscalía al gerente de prensa, Carlos Granada, por violencia sexual. 

Hoy Granada, de 53 años, enfrenta un proceso penal por acoso sexual, coacción sexual y coacción. En total, son seis las mujeres que presentaron denuncia ante la justicia. 

Los resultados de una encuesta de la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay (RMPC) de 2022 revelan que 8 de cada 10 trabajadoras de prensa sufrieron o tal vez pasaron por acoso sexual durante su carrera. La mayoría contestó que no denunció ante la empresa, policía ni Fiscalía. ¿La razón? El miedo a quedar expuesta y estigmatizada en el lugar de trabajo, y sufrir persecución de las o los jefes.

En el último año, trabajadoras que denunciaron a Granada y otros altos gerentes fueron despedidas o terminaron renunciando. Es el caso de las periodistas Angie Prieto y Lorena Romero, que tenían 13 años de antigüedad laboral y demandaron a los canales de la multinacional Albavisión en Paraguay. Prieto incluso soporta una querella por injuria de uno de los gerentes más importantes del grupo mediático.

La multinacional Albavisión, con sede en Miami, tiene medios de comunicación en 16 países latinoamericanos. En Paraguay agrupa a los canales Televisión Cerro Corá S.A. (SNT Canal 9), Paravisión S.A. (Canal 5), Televisora del Este S.A. (C9N), y Televisora Itapúa S.A. (Sur Televisión).

En esta entrega de la serie Las periodistas ya no se callan, hacemos un recuento sobre el caso Granada, la persecución posterior a las denunciantes y la responsabilidad del Ministerio del Trabajo en la desprotección de las mujeres trabajadoras.

Las renuncias que precipitaron la caída de Granada y encendieron la chispa del #YoTeCreo 

Abril de 2022. Cuatro trabajadoras renuncian casi al mismo tiempo a Canal 9 y sus compañeras no saben por qué, aunque sospechan. Todas, de alguna manera, vivieron algún tipo de violencia en su lugar de trabajo. La periodista Angie Prieto recuerda que, hablando entre ellas, descubrieron que lo que le pasó a una, le había pasado a la otra. Y a la otra. 

«Las renuncias masivas fueron la chispa que se tenía que encender para que todas nos unamos. Éramos compañeras, pero no hablábamos sobre nuestras cosas. El acoso era un rumor y se mantuvo así por el miedo y la vergüenza. Sobre todo, porque no había confianza. Cuando supimos que la otra compañera estaba pasando por lo mismo, ahí nos identificamos y dijimos: “sí, yo te creo”».

La acusación fiscal a Granada por acoso sexual, coacción sexual y coacción contra seis trabajadoras describe eso que Prieto y sus compañeras tenían miedo de contarse: 

«¡Mira lo que sos!», «¿porque me tenés miedo?», «¡usame! ¡aprovechame!», «¿por qué me evitás?», «¿quién te va a creer?», «vos estás donde estás porque yo te puse ahí». El gerente de prensa repetía este tipo de comentarios a las víctimas, a quienes hizo padecer besos a la fuerza, tocamientos y manoseos. Cuando ellas lograban evadirlo, las castigaba sacándoles de espacios televisivos y cambiándoles de funciones y horarios todo el tiempo. O estancándoles en sus carreras. 

Los testimonios describen que se jactaba de contratar a «chicas jóvenes». Su hostigamiento hacia las trabajadoras más jóvenes era de público conocimiento en la empresa, algo «normal». 

La investigación de las fiscalas Nathalia Silva, Claudia Aguilera y Luz Guerrero abarca hechos que ocurrieron en el interior del canal desde 2010 hasta abril de 2022. 

Un elemento clave para entender las denuncias de violencia sexual contra el exgerente de prensa es el poder que le confería la jerarquía de su cargo sobre el trabajo de las denunciantes, lo que a su vez le garantizó impunidad para perpetrar un abuso sistemático a lo largo del tiempo. Esto no es un fenómeno aislado. Como explica un análisis del Consultorio Jurídico Feminista (CJF), la violencia sexual está relacionada con la desigualdad entre hombres y mujeres, y es a partir de esa desigualdad estructural que debe analizarse.

Granada, que desde noviembre estaba preso en el penal de Emboscada, obtuvo la libertad ambulatoria en mayo de este año tras compurgar la pena mínima.

El juez penal de garantías Matías Ubaldo Garcete fijó la audiencia preliminar del exgerente para este jueves 21 de septiembre a las 08:00. Ahí resolverá si eleva la causa a juicio oral y público, como solicitaron las fiscalas. Granada, que se declaró inocente a través de su abogado Álvaro Arias, se expone a una pena de hasta 15 años de prisión. 

La abogada María José Durán, del Consultorio Jurídico Feminista, considera que el correcto juzgamiento del caso puede dejar una jurisprudencia alentadora para muchas mujeres. «Hablamos de un patrón, no de un caso aislado. Hoy son las periodistas, pero hay mujeres acosadas con fines sexuales en el ámbito laboral tanto en el sector público como en el privado».

Pero advierte que mientras la Fiscalía da pasos alentadores en el proceso penal contra Granada, la respuesta de otras instituciones del Estado, como el Ministerio del Trabajo, ha sido insatisfactoria.

Del #YoTeCreo a los despidos: El contragolpe contra las trabajadoras que denunciaron violencia sexual en Albavisión 

El backlash es una reacción negativa, hostil o agresiva ante una idea política. A lo largo de la historia, este contragolpe ha adoptado diferentes formas para frenar los avances de los derechos de las mujeres. Sus efectos pueden limitar o generar un retroceso en el progreso conquistado. La persecución a las trabajadoras que denunciaron violencia sexual y laboral en Albavisión ejemplifica cómo se manifiesta esta avanzada reaccionaria.

El 2 de agosto de 2022, tres trabajadoras de Albavisión presentaron denuncia ante el Ministerio del Trabajo por «violencia laboral (hostigamiento, persecución y despido)» contra tres altos gerentes. También solicitaron la actualización inmediata del reglamento interno de la empresa para incluir el protocolo de violencia laboral y el cese de la persecución a trabajadores y trabajadoras que denunciaron acoso laboral en contra de las gerencias. El 5 de agosto, el canal comunicó al ministerio el despido de las tres y que percibieron sus liquidaciones por despido injustificado.

En marzo de este año, la Oficina de Atención y Prevención de la Violencia Laboral respondió lo siguiente al pedido de informe del entonces senador Carlos Filizzola (FG), sobre las actuaciones del ministerio en el caso Albavisión:

«Con relación a las tres últimas denuncias, sí se han agotado instancias internas. Las trabajadoras manifestaron que la empresa inició el sumario correspondiente, sin embargo, mencionan que el mismo sirvió luego para crear una lista negra de trabajadores y luego ser despedidos».

Cuando estalló el escándalo de Granada, el canal apartó al entonces gerente de prensa, abrió una investigación y alentó a las trabajadoras a contar lo que les pasó. 

«Se dieron cuenta de que, si realmente empezaban a investigar, el canal se iba abajo porque casi todos hacían lo mismo y eran jefes de otras áreas contra chicas que no necesariamente eran periodistas», refiere Angie Prieto.

La periodista de 34 años demandó por despido injustificado a Televisión Cerro Corá (Canal 9), donde tenía 13 años de antigüedad y contaba con la estabilidad laboral especial. También a Televisora del Este (C9N), donde trabajaba desde hacía 5 años. 

Canal 9 inició antes un juicio contra ella para justificar su despido, que depende del resultado de una querella por injuria que entabló el gerente general Marcelo Fleitas contra la periodista a raíz del caso Granada. Como Prieto cuenta con estabilidad laboral, el medio le suspendió su contrato a partir del 5 de octubre de 2022 mientras se resuelve el proceso penal por injuria.

La periodista recuerda que ahí se enteró que estaba demandada desde hacía al menos un mes. «Mientras me iba a hacer mis labores, ya estaba querellada», dice. Ese mismo día, denunció una suspensión ilegal ante el Ministerio de Trabajo y solicitó la mediación ante la empresa. 

«Me dijeron que me calme, que tengo hijos, que tengo familia, que era una suspensión de mi contrato con una causal probada, y que no tenía derecho a trabajar en otra empresa hasta que se resuelva mi situación. Ahí se me cerraron muchas puertas en otros medios», relata. Más tarde, Prieto entendió cómo opera el corporativismo entre los altos jefes de los medios, que vetan a quienes según ellos son unas «problemáticas». Esto explica, en parte, los resultados de la encuesta de la Red sobre por qué la mayoría de las trabajadoras de prensa que sufren violencia en los medios de comunicación deciden callar. La concentración de la propiedad de medios, distribuida en menos de cinco grandes grupos económicos y políticos, agrava esta situación.

La trabajadora decidió hacer pública su situación y desde entonces se mantiene firme en su posición: fue un despido ilegal. El juicio por injuria comienza este 26 de septiembre y de la definición de este proceso penal depende el juicio en lo laboral contra el canal.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció que el despido de Prieto y otras periodistas responde a una «persecución realizada por los directivos del canal a las trabajadoras que realizaron denuncias de acoso y sobre la precarización de los contratos de trabajo». La Federación Internacional de Periodistas (FIP) se sumó al repudio y denunció «el peligroso antecedente que representa» para todas las trabajadoras y trabajadores de prensa del país.

La abogada María José Durán considera que el caso de Prieto es una clara instrumentalización del sistema penal para evitar que la trabajadora avance en el juicio laboral por despido injustificado. «Con la querella que le entablaron, además de ser amedrentadora y amenazadora, lo que se busca es criminalizar, y enviar un mensaje aleccionador a las demás periodistas y mujeres: “miren lo que les puede pasar si es que ustedes llegan a hablar de estas cosas”».

Durán explica que este tipo penal a menudo era utilizado por grupos corporativos y de poder para silenciar a periodistas que investigan corrupción, pero que el caso Albavisión es una muestra clara de que hoy también avanzan contra las voces de las mujeres que defienden sus derechos. 

«Eso es sumamente peligroso porque lo que hace es criminalizar la lucha de las mujeres», advierte. Para la abogada, la instrumentalización del sistema penal contra periodistas tiene, además, el componente de la violación de la libertad de expresión y de prensa.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habla del triple efecto de la violencia contra las mujeres periodistas: vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; genera un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; y viola los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información.  

La periodista Lorena Romero, de 36 años, también demandó a los medios de Albavisión. Tenía 13 años de antigüedad laboral y se desempeñaba como productora del programa ¡Arriba Paraguay! de Canal 5, Paravisión. Es una de las seis denunciantes de Granada que accedió a dar su testimonio para esta serie de la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay. 

La trabajadora considera que la primera protesta frente a Canal 9 en mayo de 2022 marcó el inicio del contragolpe. «Al principio nos sentimos apoyadas por el canal, pero ese fue el detonante para que ellos empiecen su persecución laboral hacia nosotras. Hacia las 3 chicas que fueron despedidas, hacia Angie Prieto que fue denunciada por Marcelo Fleitas por supuesta injuria y al obligarme a mí a presentar mi retiro justificado con demanda laboral por las irregularidades que cometieron conmigo, y contra todas las chicas. Después de esa manifestación comenzó la cacería de brujas».

En septiembre de 2022, la gerencia de recursos humanos comunicó a Romero que estaba suspendida por tres días sin goce de sueldo debido a que 10 camarógrafos le habían denunciado por maltrato. Cuenta que pidió acceder a esas denuncias para defenderse, pero no se las dieron.

La sanción a Romero fue menos benevolente que la sanción a un gerente del área de producción y contenidos al que una trabajadora denunció por acoso. El 3 de agosto de 2022, la empresa informó al Ministerio de Trabajo que el sumario concluyó que «no pudo probarse el acoso propiamente dicho», pero que se decidió suspender al gerente por un día sin goce de salario y reubicar a la denunciante en otro departamento. 

Al volver de su suspensión, Romero encontró que le habían cambiado de Paravisión a Canal 9. También le cambiaron de horario, de 05:00 a 13:30 le pasaron al horario de 08:00 a 16:00. 

El 1 de noviembre del año pasado, Romero presentó a la empresa su retiro justificado con demanda laboral por el cambio de un canal a otro. No volvió a trabajar en medios de comunicación.

El sumario del Ministerio del Trabajo a los canales de Albavisión que llegó después de los despidos

El Ministerio del Trabajo instruyó sumario al grupo Albavisión (en este caso, a SNT-Canal 9 y Paravisión, que son dos patronales diferentes) mediante Resolución Nº 10/2023 del 6 de enero de 2023 por supuestos incumplimientos de normas laborales, de salud y seguridad ocupacional. La investigación se realiza para determinar la veracidad del incumplimiento de la normativa laboral, tras la inspección realizada a la firma por fiscalizadores del ministerio el 17 de octubre de 2022.

Según el informe de la inspección, que es citado en el considerando de la resolución del sumario, los medios inspeccionados no cumplen 24 disposiciones legales. Uno de los incumplimientos refiere que ambas patronales no han actualizado sus reglamentos internos. El reglamento interno de Canal 9 data de 1984 (Res. MJT Nº 713/1984) y el de Paravisión es de 2011 (Res. MJT Nº 784/2012). Ninguno incorporó la resolución Nº 388/2019 que establece el procedimiento de actuación ante casos de violencia laboral, mobbing y acoso sexual.

La implementación de este protocolo es uno de los principales reclamos de las trabajadoras de Albavisión desde que estalló el caso Granada. La Resolución Nº 388/2019 establece que todo empleador con más de diez trabajadores debe contar con reglamento interno homologado por el ministerio, que incluirá un procedimiento explícito para denuncias de violencia laboral, las sanciones y las medidas para prevenir, controlar y eliminar la violencia en el lugar de trabajo. 

La resolución define la violencia laboral como «toda acción ejercida sobre el/la trabajador/a de manera directa mediante actos, comentarios, proposiciones, o conductas con connotación sexual o no, mobbing o acoso sexual, no consentidas por la víctima, ejercidas por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía». Además, dispone que la investigación interna debe concluir en un plazo no mayor a 30 días desde la recepción de la denuncia.

El informe de los inspectores también señala que ambas patronales incumplen respecto a la autorización del ministerio para realizar trabajo nocturno establecido en el artículo 209 del Código Laboral. Al verificar las solicitudes de aprobación que presentaron, se halló que datan de fecha posterior a la inspección.

En cuanto al cumplimiento de la jornada de trabajo efectivo (art. 193 Código Laboral), ambas patronales presentaron planilla de marcación de entrada y salida del mes anterior a la inspección (septiembre de 2022): “Se verifica que los trabajadores cumplen jornadas excedentes al límite de duración de las jornadas, y dicha planilla no contempla la división de las jornadas” (art. 200).

Sobre la habilitación de sala de lactancia, los inspectores hallaron que la empresa incumple la ley. La empresa presentó fotografías de la sala de lactancia y manifestó que se encuentra en trámite de habilitación, pero no presentó documentación respaldatoria. 

Sobre el cumplimiento de contar con guarderías (art.134 del Código Laboral y su reglamentación por Resolución Nº 519/2019), ambas patronales incumplen. La representante de la empresa manifestó que están en proceso de tercerizar el servicio, pero no presentó documentación respaldatoria.

Otros incumplimientos que figuran en el informe están relacionados al aguinaldo, IPS, vacaciones, recibo de pago de horas extra y salario mínimo, asignación familiar y la falta de contrato colectivo de trabajo debido a que no cuentan con sindicatos internos, entre otros. 

La resolución 203/2018 del Ministerio de Trabajo que reglamenta las sanciones administrativas establece en su artículo 23 que el sumario administrativo debe concluir dentro de los 60 días, con el sobreseimiento o la condena del sumariado.

En la primera quincena de mayo, periodistas integrantes de la Red realizaron 13 pedidos de información al ministerio sobre el caso. La autoridad del trabajo respondió que las actuaciones posteriores a la fiscalización de la empresa, “serán notificadas a su email en cuanto tengamos respuesta de la dependencia encargada”. Cuatro meses después, sigue sin responder cuál fue el resultado del sumario a Albavisión.

Un análisis del Consultorio Jurídico Feminista para la Red apunta a la responsabilidad del Ministerio del Trabajo en la falta de debida diligencia para la implementación inmediata de protocolos y sobre el despido de trabajadoras que denunciaron violencia laboral. Refiere que el ministerio, con su omisión, facilitó la instrumentalización del sistema de justicia para llevar adelante procesos penales contra periodistas, como ocurrió con Angie Prieto.

Las abogadas concluyen que, más allá del proceso penal en el caso Granada, que ofrece una alternativa de reparación, es importante tener en cuenta que este derecho no solo tiene alcance respecto a las víctimas directas, sino que también exige medidas de alcance general que son responsabilidad del Estado paraguayo. 

«El derecho a la reparación no incluye únicamente medidas jurídicas o indemnizatorias, el Estado debe asumir con responsabilidad la garantía de no repetición». 

«Compañera, yo te creo»

Angie Prieto y Lorena Romero se mantienen firmes ante las represalias por defender sus derechos y los de sus compañeras, por hablar y no calmarse como les pedían los jefes. No ha sido fácil para ambas, pero tienen muy claro que callarse, nunca más. Para ellas, ese «Yo te creo» que comenzó como un hashtag en redes sociales y luego mutó en un grupo de WhatsApp en el que comenzaron a organizarse, las marcó de por vida.

«El “Yo te creo” es ese letargo en el que estábamos sometidas todas las mujeres ahí, que estábamos tan cerca de la otra compañera y que, siendo comunicadoras, nunca nos detuvimos a pensar qué era lo que nos estaba pasando. Hasta ahora me pregunto, ¿cómo pudimos callarnos por tanto tiempo? Teníamos como una señal de “stop” en la cabeza de “no, no podés hablar, tenés que continuar, seguir trabajando como burra y aguantar”», dice Prieto.

Romero comparte lo que significó para ella: «Decirle a la otra “yo te creo” es decirle no estás loca, no estás inventando, no sos problemática: compañera, yo te creo porque pasé por la misma situación».

 

¡Las periodistas ya no se callan!

 

*Este material forma parte de la serie Las periodistas ya no se callan, impulsado por la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras en alianza con Revista Emancipa Paraguay.