El juez Juan Antonio Ruíz Díaz Gamba se opuso al pedido de la Fiscalía de sobreseer a la periodista Mabel Portillo en un proceso por presunta coacción que fue impulsado por la intendenta de Yataity del Guairá, Gloria Duarte (ANR). Portillo denuncia que el hostigamiento judicial es consecuencia de su trabajo periodístico.
El juez rechazó el pedido de sobreseimiento provisional, a pesar de que el Ministerio Público determinó que no existen elementos de prueba para elevar la causa a juicio. Ahora la decisión está en manos del fiscal adjunto Humberto Rosetti, quien deberá decidir si se ratifica en la postura de la Fiscalía o acusa a la periodista.
Portillo denuncia que viene sufriendo acoso judicial desde inicios de 2023 cuando Duarte la denunció por supuesta violencia de género, alegando que las publicaciones de la periodista -que daban cuenta de presuntas irregularidades como obras inconclusas, obras fantasmas, planillerismo y falta de transparencia en la rendición de gastos del municipio-, le causaban daños psicológicos.
En respuesta, la jueza de paz Rosa Alderete impuso a la periodista varias medidas restrictivas, incluyendo la prohibición de publicar cualquier contenido sobre Duarte y mantener una distancia mínima de 500 metros, a pesar de que Portillo vive a solo 70 metros de la casa de la intendenta.
Portillo asegura que nunca se refirió a la vida personal de la intendenta, sino exclusivamente a su gestión como funcionaria pública.
La situación se agravó en mayo 2023, cuando durante una sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Yataity, un grupo de ciudadanos se auto-convocó frente a la Municipalidad para protestar contra la aprobación a puertas cerradas de la rendición de cuentas de la intendenta, a pesar de las denuncias de irregularidades.
Duarte movilizó a la policía para impedir que las y los manifestantes y la prensa asistieran a la reunión, un acto que la reportera considera un atropello a la libertad de expresión y un intento de silenciar el periodismo.
Lo peor, fue que la intendenta alegó que los manifestantes y también la periodista, la coaccionaron ese día. Denunció a 32 personas, incluida Portillo, ante la Fiscalía. Esta es la causa sobre la cual la Fiscalía dice que no hay elementos de prueba.
“Presenté todos los documentos y videos que demuestran que estaba haciendo mi trabajo periodístico, pero aún así, el juez decidió mandar el caso al fiscal adjunto para decidir si me llevan a juicio oral“, relata indignada Portillo.
A pesar de las medidas restrictivas, Mabel Portillo continúa su labor periodística. Sin embargo, la prohibición de acercarse a Duarte complica su trabajo, ya que debe evitar eventos y lugares donde pueda encontrarse con la intendenta.
Pide justicia
«Que vean los videos y tomen en serio su trabajo. La comunidad de Yataity quedó desinformada, y si me callan a mí, cualquier político podrá hacer lo mismo con cualquier periodista», concluye la periodista que insiste en que lo único que pide es justicia.
La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay y el Sindicato de Periodistas del Paraguay han insistido en que casos como este no solamente atentan contra la libertad de expresión y de prensa de la periodista, sino contra el derecho de la ciudadanía a acceder a información.
De acuerdo con informes de la Red, el hostigamiento judicial se ha vuelto una de las herramientas más usadas contra periodistas en los últimos años. El caso de Mabel Portillo, es una muestra clara de ello.