Franchesca, de 35 años, fue asesinada tras recibir varias estocadas de un arma punzocortante. El crimen fue perpetrado el jueves, en la penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero, Paraguay. Estaba recluida en un pabellón conocido como “Camboya”, donde destinan a internos de escasos recursos, adictos a las drogas, homosexuales y transexuales. Tres hombres privados de su libertad serían los presuntos autores del crimen.
Yren Rotela, activista y defensora paraguaya por los derechos de las mujeres trans se pronunció ante este nuevo “crimen de odio cometido contra las personas por su orientación sexual”.
Las personas trans privadas de libertad no sólo son enviadas a las cárceles por los supuestos delitos que comenten, según Yren, en un alto porcentaje son enviadas por castigo por enfrentar al sistema, el sistema que violenta los cuerpos, la identidad y la vida de las personas trans.

Denunció que cuando una mujer trans ingresa al sistema penitenciario empieza un nuevo modo de calvario, donde permanentemente siente la violencia, la exclusión, el estigma, la discriminación, los abusos, el abandono, las amenazas y la muerte.
“Una persona trans en prisión es una muerta viva, es una triste realidad que tratan de esconder. La prisión se transforma en un nuevo infierno que debemos enfrentar y sobrevivir como sea, la crisis de las personas trans en las penitenciarías forma parte de un patrón de violencia que debe ser atendido de manera urgente”, dice parte del escrito que público la activista.
Tras la muerte de Franchesca, Yren llama a la reflexión “sobre la situación penitencia de las personas trans, quienes padecen no solo las vejaciones propias de un sistema carcelario calamitoso, sino que además son víctimas de constantes discriminaciones por ser personas trans. Son violadas, sobreviven a agresiones físicas, abusos por parte de otros PPL y del personal penitenciario. Además, se no cuentan con un procedimiento penal para investigar crímenes de odio como los cometidos contra personas trans por su orientación sexual”.
Yren remata diciendo: “Esperamos que Paraguay esté a la altura de cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y que las autoridades que disfrutan viajando y de reuniones por Ginebra, Washington y el Mercosur recuerden que los compromisos son para todxs sin discriminación, y que la agenda del respeto a los derechos LGTBIQ+ sigue siendo una deuda pendiente”.
“La discriminación contra las personas por su identidad o expresión de género tiene como expresión más violenta y extrema la muerte” habían dicho desde la organización Panambi, cuando lanzaron el informe “Olvidadas hasta la muerte”, que recoge al menos 54 asesinatos de personas trans desde la caída de la dictadura 1989 hasta el 2013. Actualmente ya son más de 60 casos en total.

Las publicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirman que la esperanza de vida para las personas trans en Latinoamérica es de 35 años cuando la media para la población en general es de 74. En Paraguay, los datos recogidos por el Observatorio de Igualdad y No Discriminación del Centro de Documentación y Estudios(CDE) que recoge los casos de feminicidios e incluye los casos de mujeres trans, confirman que la mayoría de las trans asesinadas en los últimos años tienen menos de 31 años.
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