Un año de acoso judicial: periodista de Guairá lamenta uso de la Justicia para acallar denuncias contra autoridades locales

La periodista Mabel Portillo denunció que desde hace un año es objeto de hostigamiento judicial por parte de la intendenta de Yataity, Gloria Duarte, quien la denunció por distintos hechos en dos ocasiones. El trasfondo serían publicaciones que la trabajadora de prensa realizó sobre presuntas irregularidades como obras inconclusas, obras fantasmas, planillerismo y falta de transparencia en la rendición de gastos del municipio.

 

22/02/24 

 

El 6 de febrero de 2023, la intendenta de Yataity, departamento de Guairá, Gloria Duarte, denunció a Mabel Portillo por violencia contra la mujer. Alegó que las publicaciones de la trabajadora de prensa le producían «problemas psicológicos». En consecuencia, la jueza Rosa Alderete Recalde ordenó a la periodista no acercarse a la jefa comunal a menos de 500 metros, además de prohibir que se refiera a ella. Durante el proceso, Duarte no pudo probar qué o cómo fue ejercida violencia en su contra y el caso terminó a favor de Portillo.

En mayo de 2023, un grupo de ciudadanos y ciudadanas protestó frente a la municipalidad porque la Junta Municipal aprobó la rendición de cuentas de la Intendencia correspondiente al periodo 2022, una rendición que no era satisfactoria ni creíble, según afirmaron varios manifestantes en entrevistas ese día. También señalaron que era la primera manifestación de esa envergadura en Yataity.

 

Sin embargo, la intendenta dijo que la manifestación era consecuencia de los resultados de las elecciones generales del 30 de abril de ese año. «Los manifestantes que están (afuera del recinto) son los que ya no pertenecen al gobierno municipal», afirmó.

 

Portillo, quien trabaja actualmente para GuairáPress y VozGuairá, cubrió la protesta, y también la sesión de la Junta donde se aprobó el informe cuestionado por los manifestantes. Esta cobertura quedó registrada prácticamente por completo, ya que la periodista realizó constantes transmisiones en vivo ese día.

 

Luego de la protesta, la intendenta denunció ante la policía a 32 personas, entre ellas a Portillo, por varios tipos penales. La Fiscalía imputó a siete de los denunciados, incluyendo a Portillo, por supuesta coacción en calidad de instigadora, detalló el fiscal Martín Escalada en una entrevista con Oviedo Press.

 

El agente fiscal a cargo de la investigación explicó que la persona instigadora es aquella que busca convencer a otra para que realice un hecho antijurídico y que, según videos de circuito cerrado sin audio a los él que tuvo acceso, observó que antes del inicio de la manifestación se ve a una mujer que llegó a bordo de una motocicleta, estacionó frente a la municipalidad, conversó con los manifestantes que estaban a media a cuadra y luego les hizo un gesto con la mano izquierda. 

 

Este gesto que el fiscal interpretó como «vengan» es el elemento en el cual se basa para imputar a la periodista como presunta instigadora, es decir, bajo este supuesto, la periodista convenció o determinó que las y los ciudadanos se manifestaran, un derecho garantizado por la Constitución Nacional.

 

«En el caso de los elementos de prueba que pudieron hacernos concluir en grado de sospecha ―porque eso es lo que pide la imputación― es ese lenguaje no verbal (…) justamente cuando estaban saliendo esas personas (autoridades) para subirse a la patrullera, la persona atribuida en calidad de instigadora hace un gesto con la mano, de “vengan”, un gesto con la mano izquierda hacia arriba y de “vengan” varias veces, estoy textualizando ese gesto, no estoy diciendo que dijo “vengan”, como que hablamos de lenguaje no verbal eso es lo que se visualiza», argumentó el fiscal.

 

A raíz de la imputación, el juez Marcelo Ramírez, quien después se apartó de la causa, estableció para Portillo varias medidas alternativas a la prisión, entre ellas no acercarse a la intendenta ni mencionarla, aunque no definió cuál es la distancia a la que debe mantenerse. Según la periodista, el juez decidió esto aun sabiendo que su casa está a 70 metros de la residencia de la jefa comunal. Portillo también tiene prohibido salir del país y cambiar de domicilio.

 

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció la gravedad de la utilización del sistema judicial para obstaculizar el trabajo periodístico e instó a fiscales y jueces que no permitan que se use la justicia para eso. 

 

Para Portillo, se trata de un intento de acallar a la prensa que viene denunciando desde el 2022 presuntas irregularidades en la administración municipal. Algunas de las publicaciones refieren falta de transparencia en la rendición de cuentas de lo ejecutado en 2022, año en que el pequeño municipio, donde viven unas 5.000 personas, habría recibido del Ministerio de Hacienda más de 4.100 millones de guaraníes, sin embargo, algunos de los concejales del propio municipio dijeron desconocer en qué obras se ejecutó el dinero, ya que la jefa comunal se habría negado a entregar los documentos.

 

Una de las obras más cuestionadas fue la realizada en un tajamar del que toman agua animales de los productores de la zona. En 2022 el municipio invirtió 142 millones para su reparación porque se estaba secando, sin embargo, de acuerdo con las denuncias, la obra quedó inconclusa y en 2023 tuvieron que volver a invertir casi 95 millones de guaraníes.

 

El contrato del 2023 fue firmado a fines de enero y a inicios de febrero se hizo el primer desembolso, pero en junio, cuatro meses después, concejales aseguraron que la obra no inició hasta que ellos anunciaron una verificación y se hicieron algunos avances en apuros. Es decir, fueron gastados casi Gs. 240 millones y las obras no habrían sido ejecutadas en tiempo y forma.

 

También se cuestionó la construcción de un tinglado en el que se habría invertido Gs. 177 millones, sin embargo, en los comentarios de las publicaciones periodísticas algunos ciudadanos preguntaban dónde está el tinglado, pues a pesar de ser una comunidad pequeña, no lo habían visto. También se habló de presunto planillerismo por parte de Duarte que forma parte de la nómina de una escuela dirigida por una pariente suya y a la que supuestamente casi nunca asiste. 

 

Si bien Portillo realiza coberturas periodísticas en todo el departamento de Guairá, dijo que mayormente cubre las ciudades de Villarrica y Yataity, ya que ella es oriunda de ese municipio y además de ser periodista, desempeñaba allí otras funciones en la iglesia local y en un equipo de fútbol. 

 

«Antes de ser censurada y tener las medidas judiciales, yo cubría, porque soy de las pocas personas que siempre ha trabajado por su comunidad», comentó. Agregó que ha sido un año bastante difícil porque, al tiempo de hacer frente a las denuncias de la intendenta, tuvo que acompañar a su padre enfermo del corazón en Asunción.

 

Intentamos contactar con la intendenta Gloria Duarte, al número de celular que termina en 917, para conocer su versión sobre el caso, pero ésta no contestó. También buscamos entrar en comunicación con ella a través del jefe de prensa de la Municipalidad, al número que termina en 664, pero tampoco tuvimos éxito. 

 

Para  la abogada Alejandra Peralta Merlo, especialista en Derechos Humanos, este caso, como el de otros periodistas donde se utiliza de manera incorrecta la misma ley, constituyen censura previa.

 

“Este tipo de prohibiciones se constituyen en censura, e impiden automáticamente que casos que versan sobre información pública, funciones públicas de la denunciante o manejo de la cosa pública, ya no puedan formar parte del debate público, cercenando las voces de los periodistas, medios de comunicación y personas que ejercen su libertad de expresión”, explicó a Emancipa sobre el caso. 

 

Resaltó que la mala utilización de la ley genera un efecto adverso en el colectivo social que como reacción se posicionan contra la ley, cuando el problema no es la ley sino la mala aplicación de los magistrados.