Por Magda Escobar Haro*

Tres años han pasado desde que Daniela Villena acudió a la justicia chilena para denunciar los abusos que el padre de su hija ejerció sobre esta última; a los cuatro años de edad su hija le confesó las agresiones sexuales, y tras la nula respuesta del sistema judicial, Daniela buscó en las redes sociales la visibilidad y celeridad que aún no obtiene, al publicar un video en Twitter haciendo de su caso, una denuncia pública.

La pesadilla de la burocracia judicial es una de la que Daniela y su hija aún no logran despertar.

En 2018 Daniela Villena denunció en Carabineros, iniciando así un proceso judicial que ha sido traumático y revictimizante.

Durante la formalización del padre de la niña, que tuvo lugar en febrero de 2020 y a pesar de las pruebas entregadas por el Servicio Médico Legal y los peritajes psiquiátricos que corroboraban los abusos perpetrados repetidamente contra la niña, la jueza a cargo no aceptó la solicitud de fiscalía de arresto domiciliario total mientras se investigaba, argumentando que dicha medida era “desproporcionadamente gravosa”, quedando el individuo en libertad, y estableciéndose solo una medida cautelar de alejamiento de su hija.

Daniela ha acudido previamente a otros medios, a canales de televisión, a la municipalidad de su comuna y a la Defensoría de la Niñez, para contar su testimonio y buscar por vía de la visualización mediática, apurar los trámites judiciales. Sin embargo, la justicia parece rehuir al caso una y otra vez.

Incluso, cuando Daniela logró contactarse con el fiscal Juan Díaz Silva, a quien le había sido asignado su caso, este le indicó que “la Brigada de Delitos Sexuales (de la PDI) tiene un atraso de hasta dos años en los casos”, justificando así la impresionante demora en la continuidad y condena de la causa.

Cabe mencionar que esa comunicación se dio solamente después de que ella denunciara su situación en televisión.

“Fui a una balacera que hubo aquí en mi comuna para hablar con el fiscal y me dijo que no le importaba, que no le interesaba”. Así relata Daniela un episodio en el que expuso su vida para lograr la atención del fiscal jefe de su caso.

Frente a estas falencias, Carolina Sepúlveda, abogada de la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, refiere que “es una falta tremenda que el fiscal se niegue a las entrevistas con la madre. Es un hecho que puede ser denunciado a la fiscalía regional a través de una querella”, agregando que “el Poder Judicial no busca proteger a las víctimas en general. Lo que hace el sistema penal es castigar. El problema del sistema es que faltan mecanismos de protección y reparación para las víctimas. El Poder Judicial no tiene hoy en día las herramientas para proteger a las víctimas, sobre todo si son niñas, niños y adolescentes”.

Tras este inquietante dictamen, se cambió al fiscal del caso y el sistema judicial desconectó totalmente la comunicación con la madre, para solo contactarse el pasado martes 3 de marzo de 2021, e informarle que se llevará a cabo una reformalización, ya que el fiscal Juan Díaz Silva consideró que había discrepancias en cuanto al espacio físico donde ocurrieron los abusos. “¿Quién se hace cargo de que el fiscal no haya leído las pericias como corresponde”? Se pregunta Daniela.

Amenazas, Agresiones y una Vida en Pausa

En medio de esta situación, tanto la niña como su madre han sufrido reiteradas agresiones físicas y verbales por parte de la familia del padre de la víctima, hechos que también han sido denunciados. Considerando además la cercanía en las viviendas de ambas familias, la vida de esta madre y su pequeña se ha visto fragmentada por el dolor propio de un abuso sexual, y además por el constante temor de salir de su domicilio y recibir el hostigamiento que les ha privado de trabajar y vivir con algún grado de normalidad. “Hemos sufrido agresiones por parte de la familia del padre, yo tengo mi cara cortada. La gente nos conoce y me han golpeado, me han escupido”.

“Pienso encadenarme desnuda a La Moneda”

La voz de Daniela se triza, y lentamente se va quebrando mientras relata el momento en que su pequeña le confiesa la forma y el lugar donde su padre biológico cometió los abusos. “Él mató mi vida como mamá y destrozó mi corazón. A mi hija le generó ese recuerdo y yo no puedo hacer nada con eso”, relata entre el agotamiento y la resucitación de los recuerdos, “El informe de psicológico del PRM (Programa Reparatorio en Maltrato) dice que mi hija fue gravemente vulnerada en su esfera sexual por su progenitor. De eso hay secuelas, traumas; mi hija odia cerrar los ojos. Son cosas que yo veo y nadie más (…) mi hija no escribe su apellido paterno en el colegio, le pide a los profesores que no se lo digan”, nos comenta la madre de la niña.

Su desesperación ya no cabe en la pena, sino que está completamente inundada de rabia, lo que la ha llevado a pensar en encadenarse en las rejas de la Moneda para así atraer la atención que tanto requiere, esperando que aquello de la celeridad que cualquier caso de acoso sexual debiera tener: “pienso encadenarme a La Moneda a poto pelado, te juro. Quizás así me pesquen. Hay una jueza que consideró que un abusador sexual infantil no era peligro para la sociedad; una víctima, y su propia hija, no le es suficiente”.

No es primera vez que escuchamos de demoras y descriterios en casos de abuso sexual. La sensación instalada en la ciudadanía con casos similares, es de una enorme deuda por parte de los jueces, juezas y en total del aparato Estatal con las mujeres y, en este caso, niñas vulneradas.

Según cifras de la Policía de Investigaciones, el 51% de las denuncias por agresiones sexuales a menores de edad corresponden a casos perpetrados por adultos con algún grado de parentesco.

Todos estos niños, niñas, adolescentes, y sus respectivas familias, deben transitar el absolutamente amargo y extenso camino de la justicia chilena.

Es inevitable que la desesperanza y el cansancio de Daniela se extienda a todos y todas quienes toman conocimiento de su caso, al pensar en la vida, mente y cuerpo de una menor completa e irremediablemente dañado por su propio padre, y en la pesada sensación de impotencia que se arrastra hace ya más de tres años.

A la fecha de este reportaje, Daniela no tiene respuesta ni claridad respecto de qué pasará con su caso, cuándo podrá entrevistarse con el fiscal o cómo se desarrollaría la reformalización en contra del progenitor de la niña.

Como sociedad, nos queda esperar que el próximo proceso constituyente entregue oído y trabajo concreto a estas demandas, comience a saldar la deuda de justicia, y que, por supuesto, el Poder Judicial asuma y complete la tarea de desempeñarse con la tan urgente y necesaria perspectiva de género, donde las niñas y mujeres sean parte de un proceso expedito y respetuoso, para dejar de preguntarnos si para ellas la justicia tarda, ¿pero llega?

*Magda es estudiante de último año de periodismo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Chile y es activista en la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas.

 

1 comentario

  • No hay palabras para esta madre y su pequeña hija.. Que se haga justicia para que no se sumen víctimas… Pero hay una pregunta aun más difícil de responder… Podrá esa pequeña llevar una vida normal, cuando le han arrebatado su inocencia, su niñez, por quien debería haberla protegido… Hasta cuando los encargados de ejecutar las sanciones dejaran de ver estos hechos lejanos a su realidad y dictarán una sanción ejemplar… Las niñas… Adolescentes, mujeres.. NO SE TOCAN…

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