*Por Miyuki Shimanaka De Bavay
El Poder Ejecutivo emitió recientemente el Decreto N.º 5.554/2026, que dispone el despliegue de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna en la Región Oriental del país. Prácticamente al mismo tiempo, el presidente Santiago Peña se reunió en Miami con otros líderes de la derecha latinoamericana junto a Donald Trump, en pleno ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. El encuentro tuvo como objetivo establecer un frente regional para hacerle frente al narcotráfico y la inmigración ilegal masiva, un branding más llamativo que imposición del poder imperialista estadounidense.
Mientras los líderes se codeaban y sacaban selfies con hashtags como #vivalalibertadcarajo, asumían “acciones militares coordinadas”. Coincidentemente, en paralelo en Paraguay la Cámara de Senadores se encontraba a punto de estudiar el acuerdo SOFA entre Estados Unidos y Paraguay. Hoy, el proyecto ya fue aprobado por Diputados y se encuentra en camino al Poder Ejecutivo, que deseaba tenerlo en marcha para ayer. Este acuerdo establece principalmente:
- Jurisdicción penal exclusiva de Estados Unidos: el personal militar y civil de Estados Unidos que se encuentre en Paraguay bajo este marco no será juzgado por tribunales paraguayos, sino por la justicia estadounidense. Esto limita la capacidad del Estado paraguayo de investigar o sancionar posibles delitos cometidos en su propio territorio.
- Ingreso y operación de personal militar, contratistas y equipamiento con amplias facilidades: se habilita la entrada y circulación de tropas, aeronaves, buques, vehículos y suministros del Departamento de Defensa estadounidense con exenciones aduaneras, tributarias y logísticas, lo que facilita una presencia militar extranjera sin mecanismos claros de supervisión democrática o transparencia.
- Otorgamiento de privilegios e inmunidades al personal estadounidense: quienes operen en el país bajo el acuerdo contarán con beneficios similares a los del personal diplomático, incluyendo inmunidades legales y facilidades operativas, lo que establece un régimen de excepción dentro del propio territorio paraguayo.
Peña parece ansioso por ofrecer una prueba física de su pleitesía a Trump: algo tangible, territorio, recursos y —como la historia ha demostrado que suele ocurrir en contextos militarizados— mujeres. Ninguna de estas noticias puede significar algo bueno para las mujeres, disidencias, juventudes y niñeces del país, que de por sí ya viven bajo amenazas constantes. En apenas tres meses de lo que va del año, el Ministerio Público ya registró 10 feminicidios y 8 tentativas, con las denuncias por violencias incrementándose cada día. Denuncias que en la mayoría de los casos el sistema no toma en serio. A esto se le suma la creciente cantidad de niñeces abusadas y adolescentes, especialmente indígenas, que desaparecen día a día.
Es sabido que en Paraguay no existen garantías reales de protección de derechos ni condiciones básicas para el desarrollo integral de la vida de quienes habitan lejos de los centros del privilegio, y es peor aún fuera de Central -porque no todo sucede solo en la capital- en donde las instituciones no existen, no realmente más allá de figurar en un organigrama, porque hasta en las capitales de los departamentos las Secretarías de la Mujer, si es que las hay, son responsabilizadas a su vez con otras secretarías como CODENI, juventud, educación, discapacidad, o todas al mismo tiempo, sin presupuesto, sin equipo técnico, sin acompañamiento. En el interior profundo, donde las comisarías están compuestas por un escritorio de los 70, dos sillas de plástico y un par de policías que no saben ni que que existe una ley de protección integral a las mujeres, y tampoco tienen recursos ni capacitación para llevar adelante medidas de protección. En donde con mucha suerte se cuenta con una defensora pública especializada para todo el departamento. En donde no existe Ciudad Mujer, ni mesa PREVIM ni albergue -ni ninguno de los programas que Paraguay cita en sus informes a la CEDAW u otros organismos internacionales- pero sí o sí encontrás una seccional colorada. En donde las comunidades indígenas aún siendo amplias no tienen ningún poder sobre las tierras y luchan diariamente contra un sistema que actúa en función a su debilitamiento y extinción.
Estas realidades se potencian en contextos de creciente militarización que nunca son neutros en términos de género, la experiencia histórica muestra que los riesgos para mujeres, adolescentes y niñeces aumentan: violaciones, explotación y trata de personas son algunas de las consecuencias ampliamente documentadas en distintos países donde la presencia militar se intensifica en territorios civiles.
En Paraguay, además, existen antecedentes concretos que agravan esta preocupación. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) y Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) emitieron un comunicado en el que señalaron no solo que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna es inconstitucional, sino que también recordaron que la experiencia acumulada durante la vigencia de este tipo de legislación ha dejado numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos contra comunidades campesinas e indígenas, muchas de las cuales permanecen en la impunidad pese a haber sido presentadas ante las autoridades competentes. Otro antecedente importante, es la dictadura -siempre la dictadura- que configuró al paraguayo con una facilidad para acatar perfiles violentos y militarizados, somos un país fértil para que ideas imperialistas y fascistas germinen sin mucho esfuerzo, especialmente si se promueven desde el mismo Estado. A este país, con todas estas características ya de por sí alarmantes y con tantas carencias, encima están trayendo fuerzas militares estadounidenses para usarlo, como su parque de entrenamiento y diversión.
Claramente el presidente parece más preocupado por asegurar su lugar en los close friends de Trump que por las implicancias sociales y políticas de las decisiones que está tomando para su propio país, alentado por sus compañeros de partido que nos regalan en el Congreso, invulnerables a los dolores de sus decisiones. Como casi siempre, Paraguay suscribe este tipo de acuerdos sin considerar seriamente las vidas que se verán afectadas: las comunidades campesinas que deberán lidiar con la presencia militar, las dinámicas sociales que se alterarán, los desequilibrios territoriales y los riesgos concretos a los que se expone a la población civil.
Y en el proceso, perpetúa un modelo de poder basado en las aspiraciones individualistas de los hombres privilegiados de turno. Esto es el patriarcado y colonialismo en acción. El pacto entre varones que define presentes y futuros, alianzas militares construidas entre élites políticas y económicas masculinas, donde territorios, recursos y poblaciones se convierten en moneda de negociación en nombre de una seguridad abstracta que rara vez protege a quienes más lo necesitan. El deseo de pertenecer al club de los “machos alfa”, incluso cuando la membresía la pagan las mujeres, las comunidades empobrecidas y los territorios perpetuamente rezagados.
Frente a esto, se vuelve más urgente que nunca exigir el cumplimiento de las pocas protecciones institucionales con las que todavía contamos, como la Ley 5777/16, estar alerta y organizarnos en comunidad porque el Estado no solo está ausente, sino que nos sigue tirando obstáculos y amenazas. Seguir con cuidado cómo se implementarán estos acuerdos, documentar toda vulneración. Y, al mismo tiempo, empezar a mirar más allá de Asunción, reconociendo que cada decisión irresponsable tomada en la capital define con fuerza el destino de las localidades olvidadas, de aquellos territorios que muchos habitantes de Central conocen apenas por nombre y donde pareciera que nunca pasa nada -según la lógica centralista-, justamente allí abundarán los militares nacionales y estadounidenses, llevarán lejos lo que no quieren que se vea.
En un año electoral como este, amerita visibilizar las afectaciones directas que las decisiones de los gobiernos municipales, departamentales y del propio Estado habilitan sobre nuestras vidas. No somos meros números ni estadísticas, no somos una transacción, somos mujeres intentando sobrevivir en este sistema. Establecer acuerdos como el SOFA o habilitar la actuación militar, y posicionarse con orgullo en la pandilla de la ultraderecha regional no solo compromete la soberanía que tanto proclaman proteger en otros contextos: también nos quita recursos, nos debilita derechos y, en última instancia, nos quita vida.
