Cuánto vale la pena, la pena, en casos de Violencia de Género

 

Josenico-4645

Por Natalia D’Alessandro*

El aumento y la mayor visibilización de los hechos de violencia de género – desde casos de violencia doméstica hasta femicidios –junto con la creciente organización del colectivo de mujeres en la lucha por la igualdad y por vivir en espacios libres de violencia, ha colocado sobre el tablero la discusión respecto al lugar que ocupan, y que deben ocupar, aquellas medidas que plantean respuestas punitivistas para avanzar en la protección integral de las mujeres.

A efectos de ser intelectualmente honesta debo decir que en relación a las funciones que filosófica y políticamente se le reconocen a la pena de prisión me declaro: agnóstica. No creo que la pena cumpla ninguna función de las declaradas y sostenidas en nuestro ordenamiento jurídico. Esto no es lo mismo que desconocer toda finalidad en la aplicación de una pena. Se trata simplemente de aclarar que dentro de las funciones que histórica y actualmente se le asignan a la pena de prisión y que conllevan la justificación de su aplicación, no creo que ninguna sea cierta. Si creo en las funciones no declaradas de la pena de prisión, como puede ser el control social, pero profundizar en ese sentido excede, claramente, el tema de esta opinión.

Sin embargo y más allá de mi postura personal, lo cierto es que en el último tiempo se han utilizado las demandas completamente lícitas del movimiento de mujeres y algunos hechos aberrantes de los que las mujeres somos víctimas – como violaciones seguidas de muerte – para impulsar y sancionar proyectos de reformas legislativas que, además, de atentar de manera significativa contra los derechos humanos de todos y todas, no representan solución alguna para que la violencia contra las mujeres disminuya y/o para que dejen de atentar contra nuestras vidas.

Este nuevo impulso de demagogia punitiva –sólo para citar algunos ejemplos podemos mencionar la intención de crear un registro de personas condenadas por delitos sexuales que sea de acceso público, la prohibición de otorgar suspensiones de juicio a prueba en casos de violencia de género o las reformas introducidas en la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad (Ley N° 24.660) aprobadas el 05 de julio– trae consigo la reproducción sistemática y automática de la pena como solución. Es en este contexto, hay algunos puntos que deben ser puestos en discusión y que deben analizarse minuciosamente.

En primer lugar es necesario subrayar que el derecho penal llega tarde. Llega cuando el hecho ya sucedió.

Cuando nos encontramos discutiendo cuántos años de prisión corresponden, si otorgar una prisión preventiva o una excarcelación, si otorgar o no una suspensión de juicio a prueba, las mujeres ya estamos muertas, fuimos abusadas, acosadas o violentadas de las miles de maneras que conocemos y que se reproducen en forma cotidiana. Y es precisamente desde allí desde donde debe plantearse la necesidad de trabajar en el desarrollo de políticas preventivas.

Obviamente que la sanción penal –en sentido amplio y teniendo en mente el múltiple catálogo de sanciones existentes– es una herramienta necesaria para dar una respuesta, sin entrar a discutir que eficiencia tiene, ante los hechos que se encuentran tipificados como conductas delictivas. Ahora bien, esta situación sin embargo no puede ser suficiente para pensar SOLO en clave punitiva las respuestas y medidas que debe llevar adelante un estado para reducir, por ejemplo, el número de femicidios o los casos de abuso sexual. Es necesario tener una mirada crítica respecto a este punto.

Por ejemplo, y pensando en la situación de nuestro país, a la vez que se presentan y se reproducen proyectos de ley que reproducen lo que se denomina “mano dura”, se desfinancian áreas específicas del estado nacional o de los estados locales que trabajan en la prevención y contención de las mujeres víctimas. O, en el caso de las fuerzas de seguridad, se destinan cada vez menos recursos humanos y materiales para poder llevar adelante un verdadero cambio de paradigma que permita que los/as funcionarios/as policiales encargados/as de tomar las denuncias lo hagan con la perspectiva y la sensibilidad de género que este tipo de casos requiere para que las mujeres víctimas puedan encontrar realmente una respuesta eficiente a sus padecimientos.

O, porque no, destinar recursos humanos y materiales para poder concretar esa misma capacitación en los/as funcionarios/as judiciales que deben resolver sobre estos hechos, para que las mujeres al momento de recurrir a la justicia no nos encontremos con la reproducción y opresión sistemática del patriarcado que descree de nuestra versión por el sólo hecho de ser mujeres.

Podríamos seguir citando ejemplos sobre cómo a la vez que se inflan las penas y se implementan políticas que restringen derechos en nombre de la defensa de los derechos de las mujeres, se desatienden áreas específicas de trabajo preventivo e integral, pero entiendo que la enunciación de estos ejemplos es más que suficiente para afirmar que lo que en las últimas semanas viene presentándose como una solución a la violencia contra las mujeres, no es más que oportunismo político por parte del oficialismo y por quienes impulsan estas medidas regresivas que sólo tienden a aumentar los índices de violencia.

Gran parte del colectivo de mujeres y varias organizaciones feministas vienen denunciando desde hace tiempo esta situación, alejándose de los discursos que sólo se centran en las propuestas penales para dar una respuesta a la violencia de género. En parte, por comprender que el mismo sistema judicial y todo el ordenamiento jurídico forman parte de un sistema desigual que reproduce y sostiene los principios de la sociedad patriarcal.

Entonces, a poco de andar y analizar qué alcance puede tener una respuesta netamente punitiva a la violencia de género, nos encontramos con que lo que verdaderamente debería desarrollarse en una sociedad patriarcal, que reproduce la violencia machista en cada rincón con un discurso político que utiliza a las víctimas para justificar reformas que recortan derechos y sólo reproduce violencia, yendo en contra de los principios legales que tiene el Estado para aplicar una pena, es una visión crítica que nos permita pensar políticas integrales de protección, mediante el fortalecimiento de todos los programas que trabajen en la prevención, en la contención económica, que brinden una solución habitacional a las mujeres víctimas de violencia, programas de capacitación para funcionarios/as policiales y judiciales, capacitaciones en las escuelas y secundarias, capacitaciones a los/as efectores de salud para que se garantice un adecuado acceso a la misma para todas las mujeres, y así podríamos seguir con una lista interminable de desarrollo de políticas a las que en el último tiempo se le han recordado recursos y/o se las ha vaciado por completo y que permitirían luchar contra la violencia de género de manera preventiva e integral.

Sin embargo, en tiempos de demagogia electoral y punitiva el abanico de políticas que se presentan como “solución” a la violencia de género distan de lo integral y preventivo. Necesaria es, en este contexto, la mirada crítica que nos permita afirmar una y otra vez que lo que hace falta es dar vuelta como una media este sistema patriarcal que reproduce la violencia machista en todos sus estamentos y que eso no se logra, de ninguna manera, apelando a la violencia punitiva.

*Abogada Penalista, asesora en temas de género, niñez, adolescencia y temas vinculados con la prevención y el seguimiento de causas de Violencia Institucional.
*Fotografía de Jose Nico para Manifiesta

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