*Por Lida Duarte
@lidaduarte
Después de casi dos décadas, las familias de Marina Cué podrán regularizar sus tierras y caminar hacia una comunidad de paz, armonía y solidaridad, honrando siempre su historia de lucha y resistencia.
Con un sentimiento de alegría y la memoria puesta en la larga lucha, Martina Paredes, presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de Curuguaty, habló sobre la Ley N.° 7122 que promulgó recientemente el Poder Ejecutivo. Mediante la normativa, el inmueble pasará al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que a su vez debe seguir el trámite de transferencia a sus habitantes.
“Hace 11 años que estábamos detrás de esta ley y por fin se dio”, cuenta al tiempo de recordar la histórica reivindicación de“Justicia, libertad y tierra”. La insistencia por la regularización de tierras cobró mayor fuerza después de la masacre de Curuguaty, el 15 de junio de 2012.
Fue uno de los sucesos más dolorosos en la historia del país y, sobre todo, en la memoria de lucha por la tierra por parte de los campesinos y campesinas. En aquella ocasión hubo un operativo de desalojo confuso e irregular donde fallecieron 11 labriegos y seis policías.
En medio del dolor y las heridas aún abiertas, la comunidad siguió peleando y superando diversos obstáculos. En Marina Cué, que queda en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, viven actualmente alrededor de 600 pobladores, incluyendo a niños y niñas que acuden diariamente a una escuela instalada en el lugar.
Teniendo ahora un mayor respaldo jurídico, Martina Paredes ya piensa en el futuro inmediato. “Necesitamos camino de todo tiempo para poder ubicar nuestra producción agrícola”, afirma.
En un espacio de 300 hectáreas están cultivando mandioca, maíz, maní y poroto, entre otros rubros. “Queremos sacar y vender. Esa es nuestra vida, nuestro sueldo, nuestra forma de vivir. Así podremos tener una vida digna, así soñamos como campesino”, asegura.
Ella sabe que ahora ya podrán exigir el apoyo del Estado para el desarrollo de la comunidad. Otro de los pedidos urgentes tiene que ver con una instalación segura del sistema eléctrico por parte de la Administración Nacional de Electricidad.
Las primeras familias se adentraron en Marina Cué en el 2004 y desde entonces fueron catalogadas como invasoras y sufrieron constantes desalojos a raíz del conflicto con la empresa Campos Morombí, del fallecido Blas N. Riquelme, quien argumentaba ser propietario del inmueble de casi 2.000 hectáreas tras un proceso de usucapión irregular.
Paredes señala que durante dos décadas no recibieron ningún tipo de ayuda estatal y que el poco progreso logrado en el lugar fue por medio de la ayuda solidaria de personas, organizaciones y movimientos religiosos. “Casi todo hacíamos a pulmón”, asevera.
La premisa es seguir trabajando la tierra, cuidarla bajo los estándares ambientales y seguir creciendo para llegar al bienestar de sus habitantes.
“Queremos tener un lugar de capacitación para campesinos, indígenas y jóvenes. Queremos una comunidad floreciente, donde haya paz, armonía y solidaridad. Gracias a eso llegamos a la conquista de la tierra”, indica con mucha fuerza la lideresa de Marina Cué.
Los vaivenes de la lucha por regularizar Marina Cué
La convicción de que esas tierras eran públicas los hacía retornar una y otra vez tras ser desalojados por las fuerzas de seguridad. El sueño siempre fue poder establecerse en ese sitio y allí fortalecerse como una comunidad próspera y con calidad de vida.
Sin embargo, en el 2015, tres años después de la masacre, el Congreso aprobó una cuestionada ley por la cual se aceptaba la donación de la propiedad por parte de la familia Riquelme, para que sea convertida en una reserva ecológica a cargo de la entonces Secretaría del Ambiente, hoy Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La normativa la declara como área silvestre protegida bajo dominio público a perpetuidad, con categoría de manejo de reserva científica de estricta protección y la denominación de “Reserva Científica Yberá».
Una esperanza surgió en diciembre del 2020 cuando el Congreso Nacional sancionó una ley para regularizar la tenencia de tierras en Marina Cué. Varios legisladores en sus análisis hicieron hincapié que se trataba de un tema sensible.
Hasta el presidente de la República, Mario Abdo, lo llegó a celebrar: “Una reivindicación histórica para nuestros compatriotas que reclamaban un pedazo de tierra para trabajar”, afirmó. Parecía que, finalmente, Marina Cué por fin sería para los campesinos y campesinas.
La desilusión volvió a reinar en enero de 2021 cuando el mismo mandatario vetó la normativa. Representantes del Ejecutivo argumentaron que entraba en contradicción con la ley de Deforestación Cero, al ser declarada como reserva.
Tras un nuevo periodo de lucha y resistencia, el pasado 22 de junio se promulgó la ley de desafectación de tierras en la zona conocida como Marina Cué a favor de los pobladores asentados allí desde hace varios años.
¿Qué establece la regularización de Marina Cué?
La normativa promulgada por el Poder Ejecutivo establece la transferencia de un inmueble perteneciente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra a favor del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Este inmueble está ubicado en el distrito de Karapa`i, Departamento de Amambay y fue declarado como área silvestre bajo dominio público como Parque Nacional Karapa`i. De esta manera se compensa la desafectación de Marina Cué, así también se deja sin efecto su declaración como una reserva científica.
La ley sancionada en el Congreso argumenta que las familias campesinas venían construyendo desde hace varias décadas una propuesta de fincas modelo en Marina Cué y que, con la puesta en valor de las prácticas agrícolas y forestales tradicionales, podrán cuidar el entorno natural y ser parte de un proceso de restauración de la cobertura boscosa nativa.
Tras la promulgación de la ley, el Indert deberá designar un escribano para iniciar, supervisar y concluir los trámites de protocolización para la transferencia de los inmuebles a los campesinos y campesinas.
*Este material fue producido en el marco del programa Voces para la Acción Climática Justa (VAC), implementado en Paraguay por WWF-Paraguay y Fundación Avina.
