*Por Emilia Yugovich
Pensar en cifras como 12.577 o 963; 577; 6.041; 10.978 o 001, con números que pueden llegar a combinaciones infinitas, a veces alfanuméricas, AOK 534, componen siempre un dato, corresponden a una licencia de conducir, un turno en Identificaciones, o para una tomografía, un expediente, un conjunto de papeles organizados de forma cronológica, foliados y recorriendo escritorios, de mano en mano, esperando una firma, un sello, una decisión estatal que tal vez nos cambie la vida. Del otro lado, hay personas al servicio de instituciones anémicas, moviendo de manera apática los engranajes por donde se tramitan millones de jirones de vida en forma de papeles y números. Es el semblante del Estado paraguayo. Su indolencia se manifiesta cuando en la Comisaría te dicen que no hay combustible para la patrullera, cuando no hay medicamentos en el hospital, cuando llueve dentro del quirófano del Instituto Nacional del Cáncer, cuando esperamos horas en pasillos mal iluminados, se corta la energía eléctrica o cuando el raudal puede llegar a arrastrarnos hasta la muerte.
Otra figura siempre útil es la corrupción. A este fenómeno se lo presenta como una de las causas principales de la falta de recursos, por eso, nunca está de más la figura de algún político explicándonos sobre este mal endémico en campaña electoral; y aunque quienes habitamos en el Paraguay tenemos ya bien definida la percepción de que los niveles a los que ha escalado dentro del Estado son muy altos, y así lo demuestran las sucesivas publicaciones del “Índice de Percepción de la Corrupción” de la Organización Transparencia Internacional (en la del 2022, por ejemplo, estamos en el lugar 137 de 180), sospechamos que no es el único problema. Aún así, si desea profundizar en el tema y es además usted una persona afecta a cuestiones de índole legal, recordará que, para el orden jurídico internacional, la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como el orden moral de los pueblos, y esto está recogido como una de las motivaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la que Paraguay es signatario, y aquí bien vale recordar que, últimamente al derecho internacional en el Congreso Nacional se le imprime tratamiento de chiste, un hecho que de por sí ya es un meme.
Para que nuestro trabajo tenga la complejidad necesaria, no debemos olvidar que con la corrupción no se agotan todos los males. En el libro Correligionarios, Marcello Lachi y Raquel Rojas Scheffer nos presentan al clientelismo como el combustible para poner a andar al sistema político paraguayo, recuperan una definición que la expone como: “la distribución selectiva de beneficios a personas o grupos claramente definidos a cambio de apoyo político”. Según ambos autores, esta estrategia política es constitutiva de la historia de nuestro sistema de partidos, una lógica patrón-cliente que tiene sus orígenes en la fundación misma de los partidos tradicionales. El partido de los karaís, los dueños de la tierra con poder absoluto sobre las personas que habitaban en sus dominios (sus tierras), militares ex combatientes de la Guerra de la Triple Alianza y otros hombres de profesiones liberales fundaron en 1887 los dos partidos más grandes de nuestro país. La protección o ayuda era la moneda de cambio por apoyo político; casi 150 años después, sigue siendo igual. En el mismo libro nos plantean que, el clientelismo en la práctica está imbricado con otro concepto trabajado por Nicolás Morínigo, el de la ética del orekuete. Esa es la ética de los correligionarios, que también genera una identidad, es constitutiva de nuestra subjetividad, una tradición familiar en casi el 90% del electorado, de acuerdo a los resultados de los trabajos presentados en este libro.
Siempre funcionan bien los archivos periodísticos, por ejemplo, las palabras de Santiago Peña en pleno acto de campaña: “Lastimosamente hay muchos correligionarios que no entienden, que creen que los cargos que tienen son porque son guapitos porque tienen la pared llena de títulos, está lleno de gente con títulos, pero a los cargos se llega gracias al Partido Colorado”. Estas expresiones son la síntesis de todo lo dicho hasta aquí y sucede que las autoridades del Gobierno están obligadas a retribuir el apoyo político con un beneficio, a repartir “entre nosotros” (o entre ellos), eso es lo que hace girar la rueda, un contrato de trabajo en el Estado, un terreno fiscal, medicamentos, alimentos, el cajón y el pago del velorio, y este acto a su vez es un giro de tuerca para la dependencia que tienen millones de personas para gestionar su sobrevivencia y la de su familia, porque para que esto funcione tenemos que ser pobres, con muchas dificultades de acceso a servicios o acceso a unos servicios de muy mala calidad. Casi ningún partido se libra de la cultura del clientelismo, la oposición también reprodujo esas prácticas, es difícil escapar de eso, pero nunca debemos olvidar que la Asociación Nacional Republicana cumplió 136 años el 11 de septiembre pasado y más de la mitad de su existencia gobernó este país, el Estado fue moldeado por sus manos.
En la misma línea de recurrir a archivos, como ejemplo tenemos al ex ministro de Salud Julio Borba, quien declaró hace unos meses sobre la propuesta de campaña electoral de la Concertación por un Nuevo Paraguay de implementar la gratuidad de los medicamentos en el sistema de salud, que la misma sería inviable dado que sólo el 2% del PIB se invierte en el Ministerio de Salud. Según el propio Borba, esto representa tres veces menos de lo que invierten otros países. Esto, además de ser un dato, es una decisión política.
Siéntase libre de insistir con los números. El presupuesto es la expresión financiera de la hoja de ruta política y para el 2023, de acuerdo a los datos publicados en la plataforma del gobierno Módulo Paraguay en Resultados, de los Gs. previstos en el PGN, el 7,5% está destinado a salud, mientras que el 0,74% bajo la categoría “social” se reparten entre el Ministerio de Desarrollo, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Instituto Paraguayo del Indígena y Ministerio de la Mujer. Educación se lleva el 9,35% y empleo y seguridad social el 12,2%. Es decir, hay una bajísima inversión del Estado en todo lo que apunte a mejorar la calidad de vida. La agenda económica es la agenda política.
El director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda, declaró que sólo el 11% de la población ocupada accede al salario mínimo. El sistema tributario mayormente se sostiene sobre los consumidores con el IVA y nadie siquiera amaga una reforma para mejorar la distribución. Todo es clave para el sostenimiento del clientelismo que a su vez satisface sus demandas con corrupción. En esta lógica no hay derechos, hay dádivas gerenciadas por operadores de partido con los recursos del Estado.
Las conquistas en materia de derechos, como significó la Constitución de 1992 y otros hitos legislativos en materia laboral; de protección de las infancias o de combate a todo tipo de violencia hacia las mujeres, así como varios otros, son límites al ejercicio de ese poder político y económico. El problema de esto para los poderes fácticos es que el ejercicio de esos límites o de eso derechos, por parte de personas que para vivir vendemos nuestra fuerza de trabajo, reduce márgenes de ganancia, porque ya no se pueden talar bosques sin al menos una compensación; despedir trabajadores sin indemnizar; pagar menos remuneración a las mujeres y explotar laboralmente a las infancias y aunque es también una disputa real que estos derechos se respeten, al menos la cancha está ya marcada (jurídicamente) con esas reglas. Es menester para llevar a cabo este trabajo ingente, no apretar el botón de “desver” cuando nos crucemos sin querer con la narrativa antiderechos, este servicio implica darle a cada cosa su justo lugar, así que no olvidemos que la estrategia “queremos papá y mamá” o “con mis hijos no te metas” juega un papel que fortalece una movida de retroceso o al menos de no avance en materia de derechos, dado que la “ideología de género”, sirve para oponer trabas a cualquier tipo de planteamiento progresista y además consigue movilizar a un gran sector de la sociedad civil.
Hasta aquí sólo algunos apuntes, nada que desconozcan las personas que se dedican diariamente al noble servicio de producción de memes que ayudan a sostener la salud mental colectiva de las personas que sufrimos esta realidad.
