Por Daniela Poblete Ibáñez
Hay frases que nacen del dolor más profundo y terminan cambiando la historia. “Ni una mujer menos, ni una muerta más” la escribió en 1995 la poeta mexicana Susana Chávez Castillo, mientras caminaba las calles de Ciudad Juárez denunciando el asesinato sistemático de mujeres que el Estado prefería llamar “encuentros desafortunados”. Susana, fue asesinada en 2011, violada y mutilada como tantas de las mujeres que ella misma defendió. No llegó a ver lo que su frase haría al mundo.
Cuatro años después de su femicidio, su consigna cruzó el continente.
El 10 de mayo de 2015, en Rufino, Santa Fe, Chiara Páez —14 años, embarazada de dos meses— fue asesinada a golpes por su novio y enterrada en el patio de la casa familiar. El pueblo entero la había buscado. Su padre dijo, con palabras que ninguna política pública debería olvidar: “Chiara fue la gota que rebalsaó el vaso. La violencia no empezó ese día. Viene de muchos años.”
El 3 de junio de 2015, 300.000 personas colmaron la Plaza de los Dos Congresos en en la Ciudad de Buenos Aires y otras ochenta ciudades argentinas, bajo una sola consigna. Fue una multitudinaria marcha contra la violencia de género y, en semanas, Ni Una Menos se escuchaba también en México, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, Colombia, Paraguay. América Latina, reconoció en esa consigna algo que ya sabía pero que nadie nombraba con tanta claridad: que nos matan por ser mujeres, que tiene nombre y se llama femicidio.
El movimiento logró algo concreto: poner el femicidio en la agenda del Estado. Ese mismo 2015, la Corte Suprema de Argentina creó el Registro Nacional de Femicidios. Por primera vez, el Estado contaba a las mujeres asesinadas por las manos de sus femicidas. En Chile, Colombia y el resto de la región, las organizaciones exigieron lo mismo: datos, tipificación legal, institucionalidad. Algunos Estados respondieron. La mayoría, a medias. Hoy, once años después, contamos. Y lo que vemos es inaceptable.
Según la CEPAL, al menos 4.855 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Latinoamérica durante 2024, equivalente a 13 asesinatos por razones de género cada día, y el total acumulado en los últimos cinco años supera los 19.254 feminicidios en la región. Estas cifras provienen de los registros oficiales que los Estados informan al Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, pero son complementadas —y frecuentemente superadas— por los datos de la sociedad civil organizada, que monitorea medios, documenta casos y llena los vacíos que el Estado no registra o no quiere ver. Argentina cerró 2025 con 200 femicidios directos según el Registro de la Corte Suprema —una víctima cada 44 horas—, pero el Observatorio de la Defensoría Nacional contabilizó 247 al sumar travesticidios, femicidios vinculados y suicidios feminicidas. Son 247 crimines por razones de género, mientras el gobierno de Milei desmanteló el Ministerio de las Mujeres y recortó los programas de atención a víctimas. Por otro lado, Chile registró 40 femicidios consumados en 2025 y 283 femicidios frustrados según datos oficiales del SernamEG, cometidos mayoritariamente por parejas y en el hogar: cifras muy similares a las del 2024 pero el estancamiento de las cifras no es reflejo de menos violencia, mas bien refleja la incapacidad del Estado de transformar las estructuras que la producen. Colombia, atraviesa una crisis documentada por su propia sociedad civil: según el Observatorio de Feminicidios Colombia, entre enero y junio de 2025 se registraron 342 casos, un aumento del 6,5% respecto al mismo período del año anterior, y el 98% permanece sin sentencia. Paraguay cerró 2025 con 37 feminicidios según la Fiscalía, dejando 69 niños y niñas huérfanos de madre; el 85% fue cometido por parejas o exparejas y en el mismo año se registraron 37.825 casos de violencia familiar, un promedio de 104 víctimas por día, cifras que la sociedad civil considera subregistradas por la debilidad del sistema de protección. El panorama es el mismo desde hace once años: mientras los discursos institucionales se multiplican con declaraciones simbólicas, la acción concreta con presupuesto real y voluntad política sigue siendo insuficiente para la gran mayoría de nuestro continente.
Los gobiernos ultraconservadores que avanzan en América Latina y en el mundo no sólo NO protegen a las mujeres, al contrario, estos trabajan activamente por revertir los marcos institucionales de protección y derechos que tardamos décadas en construir. Ministerios de género disueltos, presupuestos recortados o programas de atención a víctimas paralizados. Junto a ello, una ofensiva discursiva que normaliza el odio: mujeres llamadas histéricas, el feminismo acusado de “ideología” y las diversidades y disidencias señaladas como amenaza a la nación. El disciplinamiento no es sólo simbólico, se expresa también en precariedad laboral, en exclusión del espacio público y en la criminalización del aborto como instrumento de control sobre nuestros cuerpos. El objetivo es relegarnos a la casa, a la sumisión, a la pobreza, al silencio. El patriarcado conservador sabe lo que hace, por eso odia tanto a las que nos declaramos feministas.
A veces, se nos acusa de repetir siempre lo mismo. De marchar cada año y volver a casa con los mismos números. Quienes dicen eso, no entienden o no han querido entender cómo funciona la violencia. Ni Una Menos, no prometió resolver el femicidio en un año. Prometió que no callaríamos, que cada vez que mataran a una mujer saldríamos a decir su nombre. Que la lucha de Susana Chávez en Ciudad Juárez, de las Madres de Plaza de Mayo, de las mujeres pobladoras que organizaron América Latina para la pandemia del COVID 19, no sería en vano. Pero la promesa, también exige más que la consigna. Exige que la indignación se convierta en organización y la organización en poder. Exige que cuando los gobiernos retrocedan, nosotras avancemos.
Once años después del primer grito, este sigue siendo necesario. No porque no hayamos avanzado —hemos avanzado—, sino porque el patriarcado tampoco se rinde. Y nosotras, tampoco.
Ni una menos. Vivas nos queremos. Todas.