No en nuestro nombre, dicen las mujeres de Ciudad de Buenos Aires. El Jefe de Gobierno de dicha ciudad envío una reforma al código contravencional que estigmatiza, criminaliza y discrimina a vendedores ambulantes, cuidacoches y limpiavidrios. Además pretende eliminar el arte callejero excusándose en que la actividad produce “ruidos molestos”. Todo esto en nombre de la protección de las mujeres. El ejecutivo porteño pretende tener el primer código con perspectiva de genero de Argentina, nada más alejado de la realidad.

Manuela Bares Peralta y Alejandra Iriarte*

El espacio público es un terreno en permanente disputa donde se escenifican múltiples exclusiones: la caída del poder adquisitivo, el aumento de la desigualdad entre el norte y sur de la Ciudad y la escalada represiva en las intervenciones de las fuerzas de seguridad se convierten en restricciones explicitas para el acceso al espacio público. En este sentido, las mujeres, lesbianas, travestis, trans y cuerpos no hegemónicos transitamos el espacio público con claras limitaciones –donde todos estos obstáculos se agudizan–.

En las últimas semanas, el Jefe de Gobierno Porteño envió a la Legislatura de la Ciudad un proyecto de modificación del Código Contravencional. Esta iniciativa fue presentada por funcionarios del gobierno como “el primer código con perspectiva de género”. Sin embargo  la mayoría de los cambios están centrados en la restricción en el uso del espacio público.

En este sentido, nos proponemos debatir sobre la efectividad de medidas punitivas como respuesta a las violencias que sufrimos las mujeres, lesbianas, travestis, trans y, en general, los cuerpos feminizados y no hegemónicos, en el terreno público.

Hasta el año 1998, la Ciudad de Buenos Aires se rigió –en materia penal– por los edictos policiales, los que funcionaron como la principal herramienta de gestión policial en materia de seguridad. Los edictos habilitaban a la Policía Federal, en ese entonces con jurisdicción en la Ciudad, a intervenir no sólo en el espacio público sino sobre las personas y colectivos que hacían uso del mismo.

Durante la vigencia de los edictos, las fuerzas de seguridad llevaron adelante múltiples razzias y detenciones arbitrarias sobre sectores de la sociedad en función de su orientación sexual y de género, o su condición social. Su derogación significo  la inauguración de un proceso de reforma de la normativa local respetuosa de los derechos humanos.

Este proceso estuvo repleto de tensiones entre el poder político, la institución policial y la sociedad en su conjunto: el “Código de Convivencia Urbana” fue derogado por un nuevo “Código Contravencional” en el año 2004. A partir de ese momento, se impuso una lógica punitiva en la normativa dando lugar a la creación de figuras contravencionales más amplias y endureciendo las sanciones previstas.

Esta nueva iniciativa representaría una de las modificaciones más importantes a la normativa contravencional porteña desde su promulgación. Llamativamente se destaca por el rol preponderante que se le da a la sanción de arresto, como “medida de castigo”. Al tiempo que bajo la excusa de formalizar una política de prevención, se fomenta y refuerza la aplicación de “mano dura”.

La profundización de un paradigma punitivista para dar respuesta a la inseguridad no supone ninguna novedad en nuestra sociedad, donde frente a los legítimos pedidos de seguridad el poder político ha respondido con mayores penas y sanciones, que han demostrado en reiteradas ocasiones ser contraproducentes.

En este contexto el avance en la formalización de normativa que avale este paradigma en la Ciudad de Buenos Aires supone una nueva peligrosidad, frente a la cual nos preguntamos: ¿Cómo vamos a poder apropiarnos del espacio público si no tenemos permitido acceder a él? ¿Cómo podemos identificarnos en lo público si deja de ser percibido como un espacio para todes?

Nosotres: las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, los cuerpos no hegemónicos y disidentes formamos parte de ese colectivo amplio, heterogéneo y no normativo. Somos cuerpos visibles que transitamos, trabajamos y usamos el espacio público y que reclamamos nuestro derecho de hacer de ese espacio un lugar seguro. Queremos transitar libremente por las calles, las plazas; queremos usar los medios de transporte; queremos habitar la ciudad que nos pertenece. Pero queremos hacerlo libres de violencia, de acoso, de hostigamiento y de restricciones.

El Código Contravencional se ha utilizado históricamente contra nosotres: para perseguir a las trabajadoras sexuales, criminalizar las identidades travestis, para normativizar y adoctrinar. Esta nueva modificación en la cual se habilitan las denuncias anónimas, se endurecen las sanciones, se agravan ciertas figuras contravencionales y se le otorga mayor discrecionalidad a la policía para detener, sólo profundizan la criminalización y restringen nuestro acceso al espacio público.

Esta serie de medidas disciplinantes sólo generan un mayor estado de alerta e inseguridad. Y nos obligan a ceder derechos, a corrernos de lo público. Nosotres no vamos a ceder ni un sólo derecho adquirido ni a entregar el terreno de lo público. Ni mucho menos lo vamos a hacer desde una supuesta perspectiva de género.

El proceso que venimos transitando de destrucción y desmantelamiento de las estructuras patriarcales en las que se asienta nuestra sociedad, está directamente relacionado con no permitir que, en nombre de esta lucha, se fomente la persecución y desarrollo de un estado policial represor.

Por eso, rechazamos y repudiamos la propuesta de reforma del Código Contravencional en la Ciudad de Buenos Aires. No vamos a tolerar una propuesta de mayor criminalización hecha en nuestro nombre. Ya lo dijimos varias veces y lo volvemos a repetir: NO EN NUESTRO NOMBRE.

*Manu es estudiante de derecho. Integra la Red de Abogadas Feministas y militante y activista feminista.
*Ale es abogada. Integrante de la Red de Abogadas Feministas y del Observatorio Contra el Acoso. Además es militante y activista feminista.

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