*Por Noelia Díaz Esquivel

«Muchas cosas ya dijeron de nosotras, que no tenemos estudios y que no nos merecemos ganar el salario mínimo. Nadie cree hasta donde llegamos en estos 20 años de lucha. Sin embargo, sin título nos dejan, nada más y nada menos, que al cuidado de sus hogares y sus hijxs» dijo Librada Maciel, Secretaría General del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Itapúa.

La equiparación salarial es el último derecho al que exigen acceder las trabajadoras domésticas para dejar de ser el único sector de la población discriminado legalmente. Este miércoles la cámara de diputados trató como uno de los puntos del orden del día este tema. En ese marco el Centro de Documentación y Estudio lanzó parte de los resultados de la Encuesta Nacional de Igualdad y NO Discriminación. Entre los puntos más resultantes se puede afirmar que más del 90% de la población paraguaya, mayor de 15 años, está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas reciban el 100% del salario mínimo legal. Además 8 de cada 10 personas opina que está bien que las trabajadoras domésticas trabajen un máximo de 8 horas diarias.

Esta encuesta se realizó entre septiembre de 2017 y enero de 2018. Se realizó a nivel nacional y se preguntó a 1402 personas.

Durante la presentación de la presentación de la encuesta, Marciana Santander, trabajadora doméstica y sindicalista,  mencionó «las patronas no deben tener miedo de la modificación de la ley, porque de no poder pagar el salario mínimo existen muchas formas de negociar las horas y días de trabajo».

Además desmienten la afirmación tendenciosa por parte de las autoridades del Instituto de Previsión Social, que afirman que desde que salió la ley que establece el pago del 60% del salario mínimo para el trabajo doméstico, disminuyó el número de inscriptas-aportantes. Señalan que lo cierto fue que se legalizó y muchxs personas que estaban inscriptas, de manera ilegal, para pagar menos por el seguro social y aun así tener cobertura, finalmente salieron de la nómina de aportantes. Además denunciaron que la institución no tiene la voluntad política de poner en funcionamiento un sistema informático que permita pagar el porcentaje correspondiente a los varios empleos parciales de las trabajadoras domésticas. Con la enorme burocracia lo que hacen es negarle el acceso al seguro social y la jubilación.

Clyde Soto, del Centro de Documentación y Estudios dijo “luego de una lucha de más de 20 años de las compañeras en trabajar acerca de sus derechos en estudiar cual es la condición legal del trabajo doméstico en Paraguay y lograr que la ley se cambie en el año 2015 y en llegar al día de hoy en que un pequeño paso de la Cámara de Diputados puede conseguir un paso gigante para el Paraguay, que es eliminar una de las últimas discriminaciones legales que pesa sobre todas las mujeres en el Paraguay, porque la discriminación del trabajo doméstico no es una discriminación que afecta solamente a las mujeres trabajadoras, es una discriminación que pesa sobre todas las mujeres del Paraguay, porque se basa en la desvalorización de un trabajo que es fundamental para la vida, sin el cual no existiría la humanidad y del que nos hemos ocupado siempre la mujeres y que cuando no lo hacemos gratis en el marco de la familia se hace de manera remunerada en hogares de terceros, pasa a ser discriminado, porque nuestra sociedad todavía piensa que no es un trabajo”.

Por su parte ONU-Mujeres y la Oficina para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un comunicado de prensa en el que recuerda que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), la relatora Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud, el Relator Especial sobre el extrema pobreza y los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, han formulado recomendaciones orientadas al cumplimiento de las obligaciones internacionales de Paraguay en materia de trabajo decente, salario mínimo y condiciones laborales de las personas trabajadoras domésticas.

“En este contexto, manifestamos que el Proyecto de Ley anteriormente señalado constituye una oportunidad histórica para que el país de adecuar el nivel de protección de las personas trabajadoras domésticas a los estándares internaciones de derechos humanos”, culmina expresando el comunicado.

Hoy esa Ley es una realidad y producto de años de lucha y perseverancia de las mujeres trabajadoras domésticas que han dedicado sus horas de descanso, de compartir con sus familias a pensar, organizarse, trabajar y consolidar una organización que lo que hace es luchar por la igualdad de derechos.

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