UNA VEZ MÁS DECIMOS: NO EN NUESTRO NOMBRE

Ante la serie de “medidas extraordinarias contra la violencia de género” anunciadas por el Presidente Mauricio Macri, desde la Red de Abogadas Feministas manifestamos:

Durante el gobierno de Cambiemos se desfinanciaron todas las políticas destinadas a prevenir la violencia de género. En el presupuesto 2019 se destinó 11 pesos por mujer, por fondos derivados al INAM. A pocos días de las elecciones lanzar esta campaña resulta totalmente repudiable. La violencia de género se combate con prevención y políticas activas todos los días no con medidas punitivas con fines electorales.

Se necesitan políticas públicas concretas, no electoralistas, en el marco de la Prevención y Erradicación de todo tipo de Violencias contra las Mujeres y Disidencias, exigimos, entre otras, las siguientes medidas:

Urgente declaración de la emergencia en materia de violencia de género;
Aumento del Presupuesto destinado al Instituto Nacional de las Mujeres, al que este Gobierno le quitó la categoría de Consejo;
Creación de Programas a nivel federal destinados a varones y que promuevan masculinidades no violentas y la publicitación de los mismos;
Creación de Espacios para hombres violentos y que sean implementados en las diversas resoluciones judiciales como medidas obligatorias a cumplir por los victimarios;
Aplicación efectiva de la Ley Micaela, garantizando la capacitación en perspectivas de género a todo el personal de la función pública;
Fuerzas Policiales y de Seguridad acordes a la problemática: Revisión de los contenidos de capacitación de las diversas Fuerzas Policiales y de Seguridad. Uno de cada cinco femicidios es cometido por un integrante de una Fuerza. Quienes nos deberían cuidar no pueden ser quienes nos violentan;
Creación de espacios gratuitos de contención individual y/o grupal a víctimas de violencias, de cualquier violencia, haya o no radicada una denuncia;
Programas de asistencia económica para víctimas que no posean los recursos necesarios para solventar los gastos urgentes y prioridad en el ingreso a programas habitacionales, educativos y de inserción laboral;
Capacitación en perspectiva de género a efectorxs de salud que trabajen en guardia;
Implementación efectiva de la Educación Sexual Integral en todo el territorio Nacional;
Garantizar la inclusión laboral de las personas trans y travestis.

En relación a la propuesta de convertir a las denuncias por violencias de género en denuncias de instancia pública, resaltamos que las “violencias” de género no constituyen un delito per se. Cada una de ellas puede o no tener las características de una acción típificada en el ordenamiento jurídico, por lo que plantear la conversión de a acción pública, es desconocer la ley.

Al tiempo que constituirla como una acción pública, implica expropiar la acción de la mujer, es decir, darle al Estado una intervención de manera compulsa, con el riesgo de revictimizar a una víctima que no puede o no está preparada para efectuar la denuncia y atravesar un proceso judicial. Habilitar que cualquiera pueda denunciar significa no comprender las diversas aristas que posee la problemática de las violencias de género y es desentenderse de las consecuencias psicológicas, sociales y económicas que ella conlleva, llegando incluso a poner a la mujer en aún más riesgo con el violento.

En lugar de estas medidas de tinte efectistas, que implican un absoluto desconocimiento de la materia, solicitamos la implementación de las siguientes herramientas en el marco de los procesos judiciales que permitan garantizar efectivamente el acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género:

Capacitación, asesoramiento y acompañamiento gratuito a lxs abogadxs que tramiten causas de violencias de género;
Capacitación en perspectiva de género a todo el personal del Poder Judicial para evitar la revictimización constante, mediante la implementación efectiva de la Ley Micaela;
Efectiva implementación de los protocolos internos e internacionales en materia del trato a la Víctima-testigo;
Implementación en todo el país del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ley 27.210;
Implementación todas las medidas de protección a víctimas comprendidas en la ley 26.485 en virtud de que los diversos sistemas vigentes (botón antipánico, tobilleras electrónicas) no funcionan o no se brindan adecuadamente;
Garantizar el tratamiento serio y responsable por parte de la justicia penal de los expedientes por desobediencias de las medidas de protección;
Promover la centralización del control de los mecanismos de protección y auxilio, dado que en la actualidad cada jurisdicción controla los propios con su policía local;
Salarios y condiciones dignas de trabajo para les profesionales especializados en la temática.

Como abogadas, sabemos los efectos que tienen este tipo de medidas: durante años la única respuesta que brindó el Estado al incremento de la inseguridad fue el aumento de las penas, y hemos sido testigxs de su rotundo fracaso en pos de “combatir” el crimen. Con las violencias de género se pretende hacer lo mismo. Se lanzan propuestas que buscan impactar en la sociedad (y ahora en términos electoralistas) sin medir sus consecuencias concretas. Para prevenir las violencias de género es necesario un cambio radical en la concepción de las políticas públicas y en su implementación que, de ningún modo, provendrá de un gobierno neoliberal.

No vamos a dejar que nuestras luchas sean utilizadas como instrumento de campaña por parte de un gobierno que redujo el presupuesto destinado a la prevención de las violencias de género y aumentó la pobreza y la exclusión en todo el país, lo que afecta principalmente a las mujeres y disidencias.

Por eso desde el movimiento feminista vamos a repetir cada vez que sea necesario “No en nuestro nombre”.