Ilustración: Kruitva.be

*Emancipa Paraguay

Como se ha planteado en numerosos análisis, el contexto de pandemia obligó a la humanidad a revisar sus apuestas en relación a la salud, el ambiente, los modos de producción y reproducción de la vida social.

Esto incluye las relaciones laborales, los tiempos de la producción, las formas de trabajo, la relación con los recursos naturales y la inclusión de sujetos en este proceso. Además; la organización de trabajadoras y trabajadores, la organización de dueños y dueñas de los medios de producción y el rol del capital financiero. También el contexto de pandemia lleva a observar a quienes quedan fuera del sistema formal de trabajo remunerado por las responsabilidades familiares, constituidas en “cuidados” lo que recae mayormente en las mujeres y afecta otras dimensiones referidas al ocio, el espacio público, la sexualidad, la cultura, las relaciones, la violencia, la educación en todos los niveles, el rol de cada profesión, etc.

En este sentido, los feminismos nos han enseñado a mirar la interseccionalidad que, desde hace tiempo y vistos desde “ojos entrenados” muestran esquemas de exclusiones, donde es necesario visibilizar al género, la raza, la sexualidad, la clase, la discapacidad, la edad, y otras condiciones sociales para entender el cruce de las mismas y sus efectos en las vidas de las personas.

Sin dudas unos de los debates centrales que se retoma, luego de décadas de desprestigio neoliberal, es el rol protagónico del Estado como ordenador social y responsable del conjunto de habitantes. La relevancia vuelve sobre el mismo por el carácter universal del virus, cuyo costo y magnitud supera los intereses privados. Hoy de vuelta, todas las miradas están puestas en el gobierno y su capacidad de administrar los recursos estatales -humanos, financieros, culturales- de manera a sobrellevar este momento de desborde. Pues son los Estados los que plantean políticas asistenciales para sujetos en condición de vulnerabilidad.

El Trabajo Social, como disciplina de las Ciencias Sociales busca entender, explicar y proponer políticas sociales, y en especial las de Asistencia Social como centros de los análisis, considerando que estas políticas reflejan el modelo de sociedad vigente y la mirada del Estado hacia las mujeres y otros grupos sociales. Para abordar esta dimensión, hablamos con Stella García, docente y directora de Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, y una de las autoras del documento “Coronavirus y Protección Social: problematización y propuestas para la Asistencia en Paraguay” recientemente publicado por la FACSO.

     ¿En general el modelo de asistencia que aplica el gobierno, que mirada tiene sobre las mujeres? ¿Las contempla? ¿De qué forma? 

            Durante el siglo pasado hasta el presente de Paraguay, la persona desasistida es vista como “incapaz” de valerse por sí, para lo básico como la alimentación, el ingreso económico básico etc. Este dato no es menor, pues Paraguay no cuenta con registro de políticas sociales universales, al contrario, las políticas son residuales y compensatorias. Entonces la asistencia residual coloca una serie de dispositivos respecto al papel que “debe cumplir” la persona o familia asistida, que vemos en los diseños técnicos de programas de asistencia; prohibiciones, permisos, sanciones, etc. respecto al uso de la asistencia, sea cual fuere, provisión de alimentos, medicamento, subsidio económico, entre otros.

En una sociedad desigual en la tenencia, producción y acumulación de la riqueza, la reproducción de la vida social refuerza esa desigualdad cimentada en el patriarcado y las múltiples formas de opresión, reproducidas en los distintos modelos y niveles de asistencia.

Así, la asistencia predominante desde la política pública atribuye a la mujer en situación de pobreza e indigencia el papel de administradora de los recursos (que además son irrisorios, poco menos de una ¼ parte del salario mínimo en programas de transferencia monetaria condicionada) entregados de forma mensual para alimentar a la familia.  Es importante mencionar que en los distintos modelos de asistencia (la puntual en base a demandas concretas y la sistemática o transferencia monetaria condicionada) se responsabiliza a la mujer de rendir cuenta sobre la asistencia. Así, en programas de transferencia monetaria  ella asume lo contractual (firma una carta ante la institución estatal – Ministerio de Desarrollo Social-, en la que se compromete a cumplir ella y su la familia, pautas referidas a salud, educación y alimentación) con la condicionalidad de retener la asistencia o subsidio monetario, en caso de incumplimiento (lo que para un país como Paraguay, que no cuenta con salud publica universal y gratuita y tiene importantes restricciones en educación y alimentación) es insostenible.

En los programas de transferencia monetaria condicionada, solo se entrega el subsidio económico a mujeres con hijos en edad escolar, además esta medida estatal abarca a poco más de 150 mil familias en Paraguay, cuando existen el doble de extremos pobres y el cuádruple de pobres, a más de 10 años de haber iniciado la implementación de dicho programa.

Este enfoque de asistencia “castiga” a familias cuyos jóvenes y adultos (en pobreza o indigencia) no estén insertos en el mercado laboral, ellos/as son “culpabilizados de manera individual y familiar” de tal situación. Sabemos que la falta de empleo, el subempleo, el trabajo informal, etc., son efectos de un sistema económico desigualdad, por tanto, culpabilizar a la familia y en especial a la mujer, no asistiéndolos, es eliminar desde el Estado la perspectiva de derechos.

Dicho enfoque; en el plano simbólico coloca en la mujer el rol de contener o “armonizar” el descontento familiar y comunitario, considerando que el Estado busca “cohesionar” revistiendo con medidas asistenciales, las desigualdades propias del capitalismo.  Sucede algo peor con las mujeres en pobreza e indigencia (y/o con alguna discapacidad) sin hijos quedando desprovistas de todo subsidio económico, que pueda auxiliar la necesidad de alimentos o medicamentos, valorándola así, como pasible de asistencia, exclusivamente en función a su rol reproductivo materno.

La violencia hacia la mujer es un problema preexistente a esta emergencia ¿Cómo analizas esta problemática en el contexto COVID-19?

Así mismo, la violencia de género es una realidad preexistente a la pandemia del COVID19, en el mes de marzo 2020 se registra un promedio de 80 casos diarios nuevos de violencia dentro de la familia, según la fiscalía en su registro de denuncias[1] y en todos los casos, la víctima es una mujer. En los 2 meses anteriores el promedio fue de 59 casos diarios, por tanto, el incremento de violencia en tiempo de aislamiento por cuarentena, para prevenir el COVID19, también es materia de revisión y acción por parte de la política pública. En tal sentido hace falta examinar procesos de asistencia, donde por ejemplo el Ministerio de la Mujer como autoridad social en el tema, obligue a una revisión de la política de asistencia a nivel del discurso, del diagnóstico y acciones del Estado, lo que contribuirá a reducir la violencia basada en género.  Dicha falencia también se evidenció, en el manejo de la problemática referida a la violencia, ya que vimos a un Ministro del Interior relativizando con bromas dicha realidad[2].

El contrapunto de avance es que, desde la sociedad civil, la Coordinación de Mujeres del Paraguay elevó sus preocupaciones, denuncias y propuestas al Estado, en relación a los casos de violencia,  los feminismos dieron respuestas importantes a la necesidad de asistencia psicológica y jurídica.

¿Cómo es la relación del modelo de asistencia con la diversidad: población LGBTI, personas con discapacidad, ¿indígenas, afros, personas con sufrimiento psíquico etc.? ¿En esta emergencia fueron contempladxs?

Nuestra reflexión apunta a señalar la preeminencia de la invisibilizacion de la población LGBTI, la población afro, y personas con sufrimiento psíquico, en cuanto a políticas de asistencia, desde el Estado en Paraguay.

Respecto a las personas con discapacidad, el órgano oficial estatal Secretaria Nacional para atención a la Discapacidad (SENADIS), dice atender a poco menos de 5.000 mujeres y poco menos de 6.000 varones con algún tipo de discapacidad, para rehabilitación y asistencia en cuanto a provisión de silla de rueda y algunos medicamentos[3]. Sin embargo, el mismo documento oficial admite una mayoría de población atendida, residente en Asunción y Central, sin embargo el censo poblacional de Paraguay (2012, que necesita actualización[4]) indica que hay población con discapacidad de; entre 9 y 18 %, en cada departamento, de los 18 que hay en el país.

El papel frágil de la política pública para las mujeres, y la falta de miradas generalizadoras del Ministerio de la Mujer, se evidencia también en la falta de políticas específicas para las mujeres con discapacidad, ya que la agenda pública no revela las barreras para ser asistida, por ejemplo, mujeres que se encuentran en ámbitos geográficos distantes, con mínimo ingreso económico y a la vez con sobre cargas doméstica etc., por lo que su atención o procesos sistemático de rehabilitación, implicarían mayor dilema.

En relación a los pueblos indígenas, recordemos que hablamos de casi 120 mil personas, pertenecientes a 19 pueblos y existen poco menos de 500 comunidades indígenas[5].

Las medidas estatales para prevenir el COVID19; dicen que darán asistencia a la población indígena a través del Instituto Nacional del Indígena (INDI), con entrega de cerca de 7.000 kits de alimentos[6]. La cantidad nacional de población es superior, y no se dieron a conocer los criterios de selectividad y exclusión de destinatarios de la asistencia.  Una vez más, hay ausencia de dialogo entre lo referido al patrón cultural ancestral indígena y los ingredientes de asistencia y esto merece señalarse, aunque podría ser visto como de menor importancia ante la pandemia.

Una parte de la población trabajadora en Calle recibía desde antes de la actual crisis por el COVID19, el subsidio mensual del Programa Abrazo, de Transferencia Monetaria con Condicionalidad, del Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, las personas en calle son más que las asistidas por Abrazo. Por lo tanto, en la actualidad no existe alguna propuesta específica para dicha población. Nuestra hipótesis planteada en el documento de la FACSO, es la necesidad de un Estado Social Sólido para salvar vidas, sin reproducir desigualdad y a cada instancia del Estado, incumbe pensar la crisis instaurada por la pandemia; desde su ámbito de dominio.

Ante el planteamiento “Quédate en casa y extrema medidas higiénicas”, que puede ser acatado por la clase media trabajadora y los estratos altos; la autoridad social del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), debía salir al paso y explicar que no todxs tienen casa. Hay déficit habitacional, no solo de familias sin vivienda, sino en condiciones de mayor riesgo por el hacinamiento. En el 2020 hay núcleos hacinados y un déficit de 1.500.000 viviendas, asumido por el propio MUVH[7].

Asumiendo la autoridad social de su competencia, quien está al mando del MUVH debía no apenas revelar el dato, sino presentar de forma urgente soluciones como por ejemplo algún pacto con hoteles, hogares subvencionados, parroquiales o locales de diversos credos, etc.; como hospedaje transitorio para espaciar a familias numerosas que hoy están en viviendas reducidas o precarias, de modo a resistir al contagio del COVID durante el aislamiento en cuarentena, en condiciones dignas.

Paraguay realizó un préstamo internacional de hasta 1.600 millones de dólares a más de otras fuentes públicas para afrontar la emergencia por el COVID19. Por tanto, asumir soluciones habitacionales coyunturales a personas que requieran es tan clave como la asistencia en alimentos, medicamentos y cuidados, medidas; sin las que el subsidio monetario (500 mil gs mensuales, x dos meses) no contribuirá para la prevención en aislamiento.

En relación a la comunidad afro, si bien representa una minoría en el país; 2% de la población total y residen en las comunidades de Kambá Kua (Fernando de la Mora – Gran Asunción) y Kambá Kokue en 2 ciudades en las afueras de la capital; Paraguarí y Emboscada, en los últimos años, tuvo presencia cultural importante en el escenario nacional, aunque su lugar en la política pública, no es de relevancia. Salvo un proyecto de mejoramiento de barrio que hace más de una década le fue otorgado por el hoy ministerio de desarrollo social y lo que los órganos oficiales artísticos culturales hacen con apoyo puntuales, no registran importante tradición como destinatarios de la asistencia desde antes, ni en el contexto del COVID19.

Respecto a las personas con sufrimiento psíquico, la asistencia fue presentada e implementada hasta hoy en Paraguay de forma desconectada de planteamientos, coordinaciones o algún nivel de conexión con la salud mental, sea con la atención primaria de la salud, sea con la red especializada en salud mental, u otra.

Nos parece que en al actual contexto de crisis por el COVID19; una línea de acción de la asistencia emergencial debería ser, la atención pública, en base a demandas concretas tanto a las personas con discapacidad, como las que padecen alguna crisis mental y concomitantemente sufren la desocupación y el abandono, lo que los llevaría a estar desprovisto de opciones terapéuticas, así como oportunidades laborales, acompañamiento educativo, etc.

¿Podríamos decir entonces que el contexto de COVID 19 es una continuidad del modelo compensatorio y residual?

Así es, todo lo referido a Cuidados, familia y diversidad sexual, o lo referido a los étnico racial, está ausente no solo en la asistencia en el marco de prevenir la propagación del COVI19, sino en la estructura de la política pública en Paraguay.

Los procesos democráticos tardíos en la política pública paraguaya requieren un revés colosal. Salvando importantes avances que visibilizan hoy a la mujer; como por ejemplo la ley que dicta políticas y estrategias de prevención de la violencia, o la que tipifica el delito de feminicidio como acto de homicidio de una mujer por su condición de tal (estableciendo penas de entre 10 y 30 años de prisión) etc., se requieren más conquistas de políticas públicas.

¿Con qué desafíos nos confronta este contexto en materia de asistencia social?

Necesitamos que las Políticas Públicas de Asistencia den aproximadamente 3 giros;

1) Universalizar algunas asistencias y particularizar otras; Ej. Universalizar un monto básico de Ingreso económico (garantizar subsistencia a todxs) y especificar otras medidas según necesidad por edades, para población indígena, afro, personas con discapacidad, asistencias específicas según demandas sociales para mujeres, para población LGBTI, asistencia en cuanto a provisión de cuidados a personas “dependientes”, entre otros.

2) Necesitamos un Estado que a través de sus medidas asistenciales promocione a la familia, las reconozca en muy diversas modalidades y expresiones; que ejerza el rol que le fue instaurado desde inicios de la modernidad, como Estado proveer los servicios públicos para generar bienestar.

3) En lo más concreto hoy; que el número de 330 mil personas asistidas, con el subsidio económico durante 2 meses, ascienda a 1.500.000 (núm. aprox de trabajadores informales a pequeña escala) desempleados en contexto de pandemia y que el monto del subsidio se duplique, bajo criterio elemental de 35 a 40% del salario mínimo que cubrirá mínimamente la canasta básica familiar. Que existan otros complementos asistenciales (en perspectivas de derechos), sin que en ninguna mujer sea condicionada ni su familia.

 

[1]https://www.ultimahora.com/fiscalia-registra-80-casos-violencia-familiar-dia-cuarentena-n2876625.html

[2]     https://twitter.com/osvaldozayas/status/1239587370346917888

[3]          https://www.siis.gov.py/estadisticas-siis/boletin-informativo-siis-n-1

[4]          También necesita informe descriptivo; ya que solo se observa un gráfico y distribución porcentual por departamento geográfico, en la pág. web oficial, disponible en:

https://atlasgenero.dgeec.gov.py/detalle-indicador.php?id=105

[5]  www.dgeec.gov.py/news/news-contenido.php?cod-news=320

[6] https://www.mre.gov.py/index.php/noticias-de-embajadas-y-consulados/medidas-implementadas-por-el-gobierno-nacional-en-el-contexto-de-la-pandemia-del-covid-19

[7] Info disponible en http://www.stp.gov.py/v1/wp-content/uploads/2019/02/Vol-6.-PLANHAVI.pdf

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