ilustracion de @grettaconganas

 

Por Andrea Grassia*

 

Los inicios del siglo XXI estuvieron marcados, y aún lo están, por la gran revolución de las mujeres. Las reivindicaciones de género y los nuevos paradigmas de derechos ya no son pedidos de minorías, sino que irrumpieron en el centro de la agenda pública como un fenómeno masivo y popular a nivel mundial.

En paralelo, las personas con discapacidad de todos los géneros tuvimos a partir de 2006 un punto de inflexión a nivel internacional, con la aprobación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, elaborada por personas con discapacidad de todo el mundo. La trascendencia de este tratado radica en que se modificó el paradigma con el que se aborda la temática. La Convención basó todos sus artículos en el llamado modelo social, que entiende a las personas con discapacidad como una interacción entre las limitaciones físicas, sensoriales, mentales e intelectuales de una persona y las barreras de su entorno, en tanto estas barreras impiden o limitan su participación social en igualdad de condiciones con las demás. Con este instrumento se intentó dejar atrás al llamado modelo médico hegemónico, que entiende a la discapacidad como una limitación exclusiva de la persona; un disvalor; una característica negativa que debe ser “curada” o “rehabilitada” para que esa persona pueda integrarse a una sociedad ya establecida, que no deberá transformarse para incluirla.

En este contexto, las mujeres con discapacidad comenzamos a empoderarnos y a involucrarnos en las luchas del colectivo feminista. Es que si el conjunto de las personas con discapacidad ha sido históricamente segregado, las mujeres con discapacidad hemos sido a lo largo de la historia doblemente discriminadas, por nuestra condición de género y por nuestra condición de mujeres con discapacidad.

Por ejemplo, aún en nuestros días siguen ocurriendo casos de esterilizaciones no consentidas a mujeres y niñas con discapacidad, que muchas veces se dan contra mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial que viven institucionalizadas, pero que también se suele dar contra niñas y adolescentes con discapacidad a pedido de sus familias, bajo la presunción de que ellas no podrán criar a sus hijos/as. Esta práctica viola un derecho humano básico: el de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Además, no tiene en cuenta otro de los conceptos claves del modelo social de la discapacidad, que es el de autonomía con apoyos, es decir, la posibilidad de que elijamos dónde, cómo y con quién vivir y que para ello podamos contar con los apoyos necesarios, tales como asistentes personales o domiciliarios/as.

Por otro lado, todavía existe un mito, lamentablemente muy socialmente arraigado, según el cual las mujeres con discapacidad somos asexuadas, no podremos tener relaciones libremente elegidas y placenteras y no podremos ser deseantes ni deseadas. Por eso, aún cuesta internalizar de manera masiva que, así como las mujeres con discapacidad podemos mantener relaciones sexo-afectivas, también podemos correr el mismo riesgo de enfrentar situaciones de violencia machista que las demás. De hecho, han existido casos de violencia física y psicológica contra mujeres con discapacidad, y también varias situaciones de acoso callejero por parte de varones sin discapacidad.

Paralelamente, existe también el mito contrario, que es el que sostiene que las mujeres con discapacidad, fundamentalmente, las que tienen discapacidad intelectual o psicosocial, tienen una sexualidad descontrolada, por lo que es “recomendable” evitar que la ejerzan.

¿Cómo pensarnos como sujetas de derechos en épocas de pandemia?

La pandemia del Coronavirus encuentra al colectivo de personas con discapacidad en general, y a las mujeres con discapacidad en particular, en plena reivindicación de nuestro derecho a la autonomía, a vivir una vida libre de violencias y a ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones que las demás. En este sentido, el pasado 9 de marzo se dio un hecho histórico para el colectivo: en la mayoría de las grandes ciudades de la Argentina, hubo una mujer con discapacidad en el escenario de cada una de las plazas, siendo parte de la lectura conjunta del documento por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La irrupción de la pandemia en la Argentina, apenas días después, nos dejó a las personas con discapacidad en una situación particular, por el riesgo que muchas podemos llegar a correr de contraer el virus. Las personas con discapacidad motriz y las personas con baja talla tienen mayores dificultades para acceder a muchos lavabos, por la altura a la que están ubicados. Las personas con discapacidad visual tenemos menores posibilidades de mantener la distancia social en las calles, por la necesidad de ayuda de otros/as en los cruces peatonales. De hecho, el Ministerio de Salud de la Nación incluyó a las personas con Certificado Único de Discapacidad dentro de los grupos de riesgo.

Esta decisión había sido pedida por varias organizaciones de personas con discapacidad, para priorizar el derecho a la salud y a la vida de las propias personas con discapacidad y el de los/las demás. Pero al mismo tiempo generó una gran controversia al interior del colectivo. La prevalencia de un criterio médico para proteger a las personas con discapacidad nos pone ante el desafío de seguir reivindicando derechos que garanticen nuestra autonomía y nuestra condición de sujetas de derechos.

En este sentido, aparece como necesario poner en agenda la cuestión de los apoyos para la vida independiente, como los/las asistentes personales y domiciliarios/as, que permiten a muchas personas con discapacidad acceder a ciertas ayudas para resolver situaciones de sus vidas cotidianas, y así elegir dónde vivir, es decir, si solas, en pareja, etc.

Pero también se requiere, en particular en el caso de las mujeres con discapacidad, que aún en este contexto de aislamiento y riesgo de contagio, se nos perciba no desde la lástima ni la caridad, sino muy por el contrario, desde la reivindicación de nuestros derechos. Por ejemplo, las madres con hijos/as en edad escolar piden tener el mismo derecho que sus pares sin discapacidad a acceder a las plataformas educativas, para poder compartir con ellos/as las tareas y los contenidos. Es decir, entonces, que las mujeres con discapacidad no sólo quieren ser “cuidadas”, sino que reivindican su derecho a ser cuidadoras.

Del mismo modo, se puso en agenda un reclamo histórico del colectivo: la posibilidad de que los servicios de emergencia ante situaciones de violencia machista fueran inclusivos para mujeres sordas, a través de sistemas alternativos a la línea telefónica oral. Lejos de mermar, con el aislamiento los femicidios se incrementaron en la Argentina. Las líneas telefónicas de emergencia se mantienen y se han hecho campañas masivas de difusión de su existencia. En la última semana, se logró un paso fundamental en este sentido, con la activación por parte del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación de un servicio de emergencias que funciona a través de Whatsapp, lo que permite el acceso de mujeres sordas y con disminución auditiva.

En conclusión, lo conquistado en los últimos años ha sido mucho, pero también es mucho lo que falta por conseguir. En este contexto de pandemia, cuando a las personas con discapacidad se nos presenta el enorme desafío de enfrentarnos con una realidad donde nos vemos como parte de la población de riesgo, la esencia del recorrido iniciado no puede ni debe perderse. Al  igual que sucede con el movimiento de mujeres en general, en este caso el reto también consiste en seguir empoderadas; en seguir percibiéndonos como sujetas de derechos, para que nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos sean respetadas. En suma, es fundamental que pese a este contexto donde es prioritario nuestro cuidado y nuestra protección, así como la de los/las que nos rodean, no se pierda de vista que las personas con discapacidad, y en particular las mujeres, seguimos siendo sujetas de derechos, activas, deseantes y con la necesidad de ser autónomas. Por eso, en estos momentos, seguiremos reivindicando el lema de la Convención de Naciones Unidas: ¡Nada sobre nosotras sin nosotras!

 

*Andrea es; periodista. Integrante de la Red por los derechos de las Personas con Discapacidad y de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Trabajadora de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

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