*Por Noelia Diaz Esquivel

A mediados del 2020 lxs estudiantes universitarios iniciaron una batalla por garantizar el derecho a la educación terciaria. La pandemia empeoró la posibilidad de sostener una carrera universitaria y se estima que ocasionó la deserción del 40 a 45%, por diferentes motivos, como la pérdida de trabajo o falta de acceso a las clases virtuales.

Lograr la eliminación de los aranceles en las universidades públicas fue el objetivo y se organizaron varias movilizaciones, en diferentes puntos del país, considerando que esta medida sería una de las más viables para frenar la deserción de lxs estudiantes.

Finalmente la Ley de Arancel Cero fue promulgada por el poder legislativo paraguayo en noviembre del año pasado. Pero el ejecutivo se tomó su tiempo y tras agotarse el tiempo para oficializar la reglamentación, que venció el domingo, este lunes 18 de enero, se conoció el decreto por el cual el Poder Ejecutivo oficializó la normativa.

La medida del Poder Ejecutivo en torno a la Ley de Arancel Cero afecta a todas las universidades públicas del país, al Instituto Superior de Bellas Artes, al Instituto Nacional de Educación Superior, a los institutos de formación docente dependientes del MEC y al Instituto Nacional de Salud.

Sin embargo, recordemos que la Ley de Arancel Cero rige solamente para los egresados de colegios públicos o subvencionados. Los universitarios estaban pendientes de su reglamentación porque según denunciaron algunas facultades de la Universidad Nacional de Asunción estarían cobrando por cursillos de admisión, a pesar de la vigencia de la normativa.

Una de cal y de una de arena

Desde la Coordinadora Estudiantil lamentaron que el no sea universal, pero valoraron la medida por ser un “primer paso histórico” para la gratuidad de la educación superior en Paraguay. Según Mauricio Kiese, estudiante de la Facultad de Filosofía, la otra cara de la moneda son las limitaciones y restricciones que aparecen el decreto reglamentario que atentan directamente contra la ley.

El documento establece que los estudiantes de instituciones públicas y subvencionadas están eximidos de abonar “todo tipo de aranceles en concepto de matrículas u otros relacionados con los cursos probatorios de nivelación, preparatorios, de admisión y similares”.

Con respecto a los estudiantes egresados de la Educación Media del sector privado, deben acreditar su situación de vulnerabilidad para acceder al beneficio. Se deberá gestionar ante el Ministerio de Desarrollo Social.

Además, “durante la carrera de grado y a fin de continuar con el beneficio señalado, el estudiante no deberá sobrepasar dos años al periodo establecido en el proyecto académico o currículo de cada carrera”. También establece que no tendrán la gratuidad aquellos estudiantes que sobrepasen los cinco años de egresados de la Educación Media, contados desde el momento de la solicitud a los cursos de admisión y similares.

Pelearan para que nadie sea excluido

Desde la Coordinadora Estudiantil anunciaron que se reunirán para definir acciones para que se reviertan los puntos que atentan contra la Ley. Entre las posibilidades que se manejan está la de presentar una acción de inconstitucionalidad  ante la corte. No descartan movilizaciones.

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