Manifiesto a la prensa y a través suyo a la opinión pública ¡Necesitamos que la salud mental sea una política pública!

El colectivo de psicólogas y psicólogos forenses, aproximadamente 33 contratados a la fecha, del Ministerio de la Defensa Pública, viene trabajando antes y durante de la pandemia en condiciones extremadamente precarias, a pesar de desempeñar un rol sumamente importante como auxiliares de justicia, en las pericias forenses, en los fueros de la niñez como en el fuero penal, en el fuero especializado (Ley 5777/16), así como en el fuero civil, realizando constituciones, inclusive fuera del horario establecido por contrato, fines de semanas y en horarios nocturnos sin percibir pago de horas extras ni viáticos.

Es importante mencionar que todos los psicólogos tenemos el mismo grado de responsabilidad y labor, lo que generó un pedido de equiparación salarial con los psicólogos de la Corte Suprema de Justicia, que consideramos corresponde a derecho (a igual trabajo igual salario), destacando además que, debido a la gran demanda de casos atendidos, existe una sobrecarga de trabajo, más aun teniendo en cuenta la responsabilidad y la carga laboral que representa el proceso de evaluación psicológica (incluyendo la elaboración del informe que requiere de gran trabajo intelectual), así como la insalubridad que representa la atención directa tanto a víctimas y agresores, como la del ambiente penitenciario, que al mismo tiempo supone un grado importante de exposición al peligro para las profesionales.

Otro punto a señalar, es la notoria diferencia salarial entre los psicólogos contratados y los psicólogos nombrados del Ministerio de la Defensa Pública, estos primeros, con salarios de entre G 2.500.000 y G 3.000.000, quienes además cuentan con antigüedad de varios años, a diferencia de los psicólogos nombrados que perciben el doble de ésta suma, pero con la misma carga horaria laboral, vulnerando el principio básico de derecho laboral a igual trabajo igual salario. Al respecto, existe un pedido de equiparación salarial con los psicólogos de la Corte Suprema de Justicia, quienes perciben un salario mucho más justo.

El reclamo que hacemos, es solicitar, que, ante la imposibilidad de nombramientos, tengamos los mismos derechos que los psicólogos nombrados: igual sueldo, vacaciones y seguro médico, los cuales hasta el momento no se encuentran estipulados en el contrato civil y no laboral de carácter temporal que firmamos, pero que sin embargo exige cumplir un horario laboral de 7 a 14 hs., lo que equivale a una hora más que los psicólogos nombrados

Recalcamos el anhelo de contar con un seguro médico, pues ante tanta precariedad laboral, enfermamos y debemos cubrir de nuestros reducidos ingresos las necesidades básicas de salud, así como las afecciones de salud mental derivados del estrés generado por todas estas situaciones.

En relación a lo señalado, como ejemplo tenemos que, en el último mes, se hizo un llamado a concurso para el nombramiento de un puesto vacante de psicólogo exclusivamente para la sede de Capital, el cual genero más interrogantes que soluciones, en cuanto a los criterios utilizados en dicho concurso; y aún más agraviante, con la contratación de nuevos psicólogos, con un sueldo mayor al de los que ya trabajan en la institución.

Para nuestra sorpresa y generando un hecho sin precedentes, hoy nos encontramos sin percibir nuestro sueldo y tuvimos que pasar el día de las y los trabajadores y el de  la madre padeciendo ésta realidad, siendo muchos de nosotros sostén económico y cabeza de nuestros hogares, que por un sueldo de apenas G 2.500.000, estamos firmes y poniendo todo de nosotros al llamado, sin fines de semana ni feriados, con un contrato mal llamado prestación de servicios en vez de laboral, teniendo en cuenta que nosotros si cumplimos horario, marcamos entrada y salida a la institución, con uso obligatorio de uniformes, etc etc.. como todos los demás funcionarios nombrados.

Otros puntos que demuestran el desinterés y manoseo por parte de las autoridades es que, por ejemplo, en la sede Capital no se admite trabajar en cuadrillas, verificándose ya numerosos casos positivos de COVID y aun así hasta hoy haciendo el trabajo sin haberse realizado ni siquiera una fumigación. No nos brindan insumos sanitarios anti COVID, pero nos exigen la desinfección de las sedes por nuestra cuenta.

Existen sedes donde hubo compañeras de más de 5 años de contrato y fueron despojados de sus años de antigüedad al descontratarlas por uno o dos meses para luego volverlas a contratar despojándolas de los años de servicio, dejando un precedente de abuso por donde se lo mire.

Un hecho que no podemos dejar de mencionar es que no podemos individualizarnos, es decir no podemos reclamar abiertamente, ya que nuestro contrato nos sitúa en una posición totalmente vulnerable al no poder manifestar ni reclamar nuestros derechos mancillados, sin exponernos a una rescisión inmediata del contrato que firmamos.