*Por Noelia Díaz Esquivel

Vivian Genes en la celda

Vivian, Arnaldo, Pedro, Enrique y Luis fueron vinculados a un proceso penal a partir de los sucesos frente a Colorado Róga, el pasado 17 de marzo de 2021. Los hechos punibles que se les atribuyen son Perturbación a la Paz Pública, Producción de Riesgos Comunes, Daño a Cosas de Interés Común y Daño a Obras Construidas o Medios Técnicos de Trabajo. Tras varios meses este 1 de noviembre, los jóvenes participaron de la Audiencia Preliminar, que finalmente fuesuspendida por el Juez Penal de Garantías Raúl Florentín. El caso va para cuarto intermedio por un cambio de abogado.Guillermo Ferreiro asume la defensa.

Desde la Coordinadora Estudiantil Universitaria de la UNA (CEUNA) y la Plataforma de Universitarias Feministas consideran que sus compañerxs son víctimas, como muchxsparaguayxs, “de la criminalización de las movilizacionessociales, que en este caso particular, se desarrollaron en repudio a la política corrupta y criminal del gobierno de Mario Abdo Benítez”.

En marzo, las redes sociales se enardecieron con las numerosas denuncias de corrupción y desabastecimiento en los hospitales. Dos etiquetas convocaban a las protestas: #EstoyParaElMarzoParaguayo y #ANRNuncaMás, en alusión a la lucha por la democracia en 1999 en donde numerosos jóvenes salieron a las calles a protestar y a denunciar los abusos de poder. Decir “marzo paraguayo” desde entonces es referirse a una memoria de lucha de jóvenes y estudiantes.

Los y la estudiantes organizados, a través de un comunicado, denunciaron las incongruencias y vicios de la acusación y mencionan que la motivación política “no sólo tuvo como objeto amedrentar a los mismos y los demás compañeros, sino desarticular el proceso de luchas que se organizaban en el marco de los momentos más críticos de la pandemia. La criminalización, como instrumento de disciplinamientosocial, se activó con toda la arbitrariedad que ella conlleva, aparejando una serie de irregularidades legales desde el inicio, las cuales nunca fueron subsanadas en el curso de lo que va del proceso, es más, fueron confirmadas por el Tribunal de Apelaciones la mayoría de los agravios expuestos con los recursos interpuestos”.

“Otro de los graves defectos del acta de acusación es que en ningún momento desarrolla la adecuación de los hechos que sostiene sobre cada acusado, este defecto conlleva también la nulidad de la acusación. Sostenemos que la acusación es selectiva porque se realiza sin la certeza suficiente que debe tener un requerimiento así, certezas que deben partir de la porción de hecho que se atribuye a los compañeros procesados y a la vez sustentar ese relato fáctico con elementos probatorios que sean conducentes al fin de los mismos”, señala parte del comunicado.

Denuncian que la fiscalía ofreció videos de circuito cerrados, y otras filmaciones realizadas por personas que trasmitían en vivo los sucesos en redes sociales. Sin embargo, en ninguna parte de la fundamentación de la acusación los representantes del Ministerio Público señalaron de manera concreta cuál de estos videos correspondería a la conducta de cada uno de los sindicados.

Como militantes organizados, señalan que estos antecedentes afectan gravemente a sus organizaciones, principalmente a las estudiantiles, quienes vienen denunciando hace años hechos de corrupción encubiertos principalmente por sectores que responden al Partido Colorado, así como sucedió en el caso del ex Rector de la UNA Froilán Peralta también denominado el “Ferrari de Kalé Galaverna” . Admiten estar alarmados ante la celeridad con la que se realizan las acusaciones para detener y perseguir a jóvenes comprometidxs con la educación como Vivian Genes, “pero para procesar y condenar a autoridades estatales que han malversado miles de millones de fondos públicos debidamente expuestos y probados no hay interés ni celeridad por parte del Ministerio Público y Poder Judicial”

Vivian Genes no es la única mujer, feminista y estudiante perseguida en Paraguay por protestar. Ella y sus compañeros califican al proceso judicial como un grave retroceso para la democracia.

El movimiento estudiantil organizado exige que, desde todos los espacios de lucha social, se reivindique la vigencia de los DDHH, “Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. EXIGIMOS EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LOS JOVENES MANIFESTANTES Y EL CESE DE LA CRIMINALIZACIÓN A LA PROTESTA SOCIAL”.

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