Tras seis años sin respuesta efectiva del Poder Judicial, Yren Rotela y Mariana Sepúlveda, decidieron denunciar al Estado paraguayo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para exigir que se les reconozca su derecho a inscribir los nombres con los que se identifican socialmente.
En el 2016 iniciaron gestiones ante el Poder Judicial de Paraguay para inscribir los nombres que se adecuan a su identidad de género auto percibida, sin embargo, la respuesta fue una sistemática discriminación y tratamiento desigual.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), lleva la representación de las demandantes; y también forma parte de campaña Soy Real #MiNombreDebeSerLegal, en conjunto entre la Asociación Panambí, Amnistía Internacional Paraguay y Codehupy.
La Codehupy expone en la denuncia que la prolongada e injustificada negativa del sistema judicial nacional para resolver sobre la solicitud configuró la violación de derechos como: derecho a la igualdad ante los tribunales, derecho a un juicio imparcial, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida privada y derecho a no ser discriminada por identidad de género.
Ambos casos, están ante la Corte Suprema de Justicia y siguen su curso en el sistema nacional de Justicia e incluso, el Estado paraguayo podría evitar una sanción internacional si resolviera estos casos a favor de las personas trans, sin mayores demoras injustificadas.
En octubre del año pasado un grupo de personas trans anunció colectivamente que solicitarían el cambio de sus respectivos nombres. Hasta ahora son nueve las personas que han hecho la solicitud de cambio y están siguiendo cada una, sus cursos correspondientes. Las personas afectadas, además de la discriminación soportan múltiples problemas en la vida cotidiana, por no poder acceder a su derecho.