La conjunción perversa

*Emilia Yugovich

@emily_yugovich

El movimiento de iglesias neopentecostales (evangélicas) como actor político protagónico es una realidad consolidada en los procesos electorales de Latinoamérica. El caudal de votos que representa, tiene la potencialidad de torcer cualquier balanza y además, con la capacidad de financiar campañas políticas, de candidaturas propias o aliadas. Brasil, El Salvador, Chile, Argentina, son algunos ejemplos de la trascendencia de su participación política.  Tienen una agenda legislativa muy clara y una conducta de bloquear cualquier iniciativa tendiente a garantizar el acceso a derechos, que responde a su visión de la sociedad. Su presencia territorial es indiscutible, así como las redes de contención que entrelazan a sus fieles.

En esta latitud tan tropical, a menos de 50 días de las elecciones generales del 30 de abril, no podemos decir lo contrario, el catálogo de candidaturas para los distintos cargos en pugna está bien nutrido de representaciones de este importante sector de la sociedad. Sus consignas viajan pegadas por los vidrios de los autos, por el mundo virtual haciéndose presente en cada chat grupal, en discursos políticos proferidos ante multitudes, en mitines políticos, o en el seno mismo de nuestros órganos republicanos.

 

En estos días volvió al debate público, el proyecto de ley (archivado en el senado, con media sanción de diputados) por el que se pretende derogar la vigencia de la Ley 6659/20 que aprueba el Convenio de Financiación firmado entre la República del Paraguay y la Unión Europea para el “Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en el Paraguay y sus anexos”. Nada más y nada menos que 38 millones de euros, que ya forman parte del presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para el año 2023, cuyo destino previsto, según las autoridades del MEC, son las meriendas escolares, útiles e infraestructura. De convertirse en ley, dejaría sin financiación estos rubros, lo que de por sí ya es un escándalo, en un recorte al presupuesto de educación de una sola tajada, pero no termina ahí.

Este proyecto conflictúa directamente con el orden constitucional de prelación de normas jurídicas, pues está en debate un Tratado internacional, aprobado y ratificado en su momento por las vías constitucionales, que no puede ser “derogado” por una ley interna, si no por los mecanismos previstos en el mismo. No sólo rompe con el orden jurídico interno, si no con el internacional también. La propia Cancillería lo advirtió en un comunicado de prensa diciendo: “…El Ministerio de Relaciones Exteriores subraya la importancia de preservar la imagen del país como un socio confiable y respetuoso del derecho internacional”.

Esto significa que no hay orden constitucional, ni republicano, ni democrático que importe algún límite en el accionar de estos sectores. El perfil autoritario se deja ver claramente con estos atropellos y su proyecto de sociedad también una sin espacio para la diversidad de ideas, de pensamientos y de personas; y aún así, candidatos políticos hacen campaña a favor de posturas anticonstitucionales y negadoras de derechos con la finalidad de traer más agua a sus molinos.

La negación de derechos y el recorte de servicios son las medidas por las que unos cuantos lucrarán con los servicios básicos en detrimento de una mayoría cada vez más excluida de todos los sistemas, a las que a cambio, como cura a sus penas se les ofrecerá la redención moral.