*Por: Equipo de redacción de la RMPCPy y Emancipa Paraguay.
Hay una multinacional llamada Albavisión. Hay un canal de la multinacional en Asunción, Paraguay. Adentro hay una oficina. En la oficina hay un (ex) gerente de prensa y una decena de testimonios que lo describen como un *abusador. Hay un canal donde, según los mismos testimonios, durante un lapso de doce años, se cometieron abusos contra trabajadoras de prensa sin que nadie haga nada, a pesar de que era un secreto a voces. Ahora hay también, trabajadoras de prensa que ya no se callan: Angie Prieto es una de ellas.
Angie Prieto tiene 34 años. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción. Es mamá. Es compañera. Desde 2009, cuando tenía solo 23 años, hasta octubre de 2022 trabajó como periodista y presentadora en SNT y C9N, canales de la multinacional Albavisión en Paraguay. Como muchas compañeras suyas, padeció en carne propia acoso sexual, pero también como muchas guardó silencio.
Pero el silencio se rompió en la calle en mayo de 2022 después de que cuatro trabajadoras de la empresa renunciaron para huir del acoso y la coacción sexual a las que, de acuerdo con sus denuncias, fueron sometidas por parte de Carlos Granada (53), en ese momento uno de los más importantes gerentes de la empresa.
Un acto de rebeldía, una osadía contra la estructura, un grito colectivo que no se pudo sacar de la agenda pública. Se generó una enorme repercusión mediática, tanto que el propio canal donde ocurrieron los hechos denunciados cubrió la protesta. Las trabajadoras de la multinacional, incluida Prieto, tenían un solo pedido: justicia, lo que significaba trabajar en espacios libres de violencia, un derecho que está protegido por leyes y otras normativas en Paraguay.
Conocido en el ambiente mediático, Granada fue denunciado por seis mujeres, que describieron en sus testimonios hechos de abuso cometidos por el gerente de prensa ―en la mayoría de los casos― dentro de su oficina del canal entre 2010 y 2022. Otras mujeres se sumaron como testigos, porque el tiempo que había pasado les impedía hacer la denuncia formal. De nuevo, allí estaba Prieto, quien al igual que varias de sus compañeras, se involucró de lleno en el proceso de reclamo para poner fin al acoso sexual y también laboral dentro de la empresa.
Pedir justicia puede ser peligroso
«Lo mío fue consecuencia de todo lo que pasó, porque con eso (las protestas contra el acosos sexual) inicia la persecución laboral posterior», dice la periodista, quien aguarda el inicio del juicio oral y público por supuesta injuria contra Marcelo Fleitas, gerente general de SNT Canal 9. El inicio del juicio estaba previsto para el 26 de septiembre, pero el juzgado a cargo de la magistrada Mesaliza Fernández aplazó el inicio por sobrecarga laboral y determinó que el juicio comenzará el 4 de diciembre próximo.
Fleitas, de acuerdo con la denuncia presentada bajo patrocinio de los abogados Gustavo y Rodrigo González Planas, alegó que se sintió injuriado porque «…ha llegado a su conocimiento que la Sra. Angie Prieto, ha comenzado a hacer correr la voz entre los funcionarios del canal que el señor intentó ocultar los hechos, e incluso tomó medidas arbitrarias, persiguiendo y amedrentando al plantel de funcionarios, que maneja irregular y tiránicamente el canal, de manera caprichosa, y que la misma, Angie Prieto, ha preparado una nota anónima, la cual remitió al principal accionista en E.E.U.U., quejándose del actuar de ‘la alta gerencia’…».
Según esa descripción, la querella se sustenta en supuestos dichos en los pasillos del canal, así como en una nota «anónima» que, en realidad, hace referencia a una nota enviada por la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay el 2 de agosto de 2022 a directivos de la multinacional para pedir ayuda debido a que, en ese momento, tres trabajadoras que habían formado parte del grupo de denunciantes fueron despedidas.
En esa nota que Fleitas ofrece como supuesta prueba, no aparece su nombre ni el de Prieto. Tampoco está firmada por ella ni fue enviada desde su correo electrónico, sino desde el correo institucional de la Red.
El documento hace un relatorio sobre las denuncias de acoso sexual, acoso laboral, los despidos de mujeres que habían formado parte de las protestas y solicita que un auditor del extranjero venga a Paraguay a revisar la situación del canal. La otra prueba ofrecida por el gerente son testimonios de varias personas que siguen en relación de dependencia con la empresa, es decir, son sus subordinadas, lo que compromete la parcialidad de dichos testimonios.
La nota sí menciona hechos de persecución laboral contra quienes expresaron apoyo a las víctimas, algo que incluso se denunció ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). Así consta en un informe que el ministerio remitió al Senado, a pedido del senador Carlos Filizzola, entonces presidente de la Comisión de Equidad y Género.
Tres (ahora ex) trabajadoras presentaron una denuncia contra el Grupo Albavisión Py (Televisión Cerro Corá S.A. Paravisión S.A.) y/o Marcelo Fleitas, así como contra otros dos gerentes de la empresa, por violencia laboral (hostigamiento, persecución y despido), y por incumplimiento de la Resolución del MTESS N° 388/19 que establece el protocolo de actuación ante casos de violencia laboral, mobbing y acoso sexual en lugares de trabajo.
En la denuncia hecha ante el ministerio y también en la nota remitida por la Red, figura también una denuncia contra el gerente de producción y contenido por parte de una (ahora ex) trabajadora por violencia contra la mujer. En este caso, una jueza ordenó al gerente denunciado no acercarse ni maltratar verbal, física o psicológicamente a la denunciante.
Sobre este caso, el canal abrió un sumario de investigación y, mediante auditoría del estudio jurídico GrossBrown -estudio al que contrataron para el efecto- determinó que no se podía comprobar acoso sexual ni laboral, pero que se observaban imprudencia y negligencia al momento de relacionarse con sus subordinados y administrar conflictos, por lo que el gerente fue sancionado con suspensión de 1 día sin goce de sueldo. La denunciante, fue cambiada de área, de horario y renunció meses después. El abogado del denunciado solicitó entonces que cesen las medidas contra su cliente.
Lorena Romero, también extrabajadora de Albavisión, relató que tras la denuncia contra Granada fue objeto de acoso laboral. Que a pesar de su estabilidad laboral ―tenía 13 años en el canal― fue sometida a cambios arbitrarios de horario y funciones; e incluso le llegaron a suspender 3 días sin goce de sueldo argumentando supuestas denuncias de maltrato contra compañeros, que nunca fueron individualizados de modo a que ella pueda defenderse.
El 5 de agosto de 2022, la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay en conjunto con el Sindicato de Periodistas del Paraguay, solicitaron que el Ministerio del Trabajo realice una fiscalización al grupo Albavisión, hecho que se concretó el 17 de octubre del mismo año. Para entonces, eran casi una decena las mujeres que habían salido del canal, entre despidos, suspensiones y renuncias.
La fiscalización arrojó el incumplimiento de 26 puntos del Código del Trabajo y, en consecuencia, el ministerio ordenó un sumario administrativo el 6 de enero de 2023. El resultado, es decir, si hubo o no sanciones, se desconoce.
Las represalias contra las trabajadoras que denunciaron a Granada y otros gerentes habían recrudecido. Angie Prieto fue querellada por supuesta injuria el 7 de septiembre de 2022 y un mes después, el 5 de octubre, fue notificada de la suspensión de su contrato con Canal 9, a las resultas de un juicio, que, según alega la empresa, justifica el despido de la trabajadora con 13 años de antigüedad en el canal. La periodista ni siquiera sabía que estaba querellada al momento en que le suspendieron su contrato.
«No me dieron información, solo me dijeron que tenía que salir del canal y que yo me iba a enterar después de qué se trataba…sin sumario previo (…) me dijeron que me calme, que tengo hijos, que tengo familia y me dijeron que era una suspensión de mi contrato con una causal probada, y que no tenía derecho a trabajar en otra empresa hasta que se resuelva mi situación y ahí se me cerraron muchas puertas en otros medios también», recuerda Prieto de ese día.
La periodista considera que tiene derecho a presumir que esto es una represalia por haber osado, junto a sus compañeras, desafiar la estructura de poder que posibilitó, durante muchos años, que Granada cometiera los delitos y crímenes descritos por la Fiscalía.
«En ningún momento hice nada malo. Lo único que hice fue pedir trabajar dignamente, algo justo, y al final fui yo la castigada. Lo que hice no está mal, lo que ellos hacen está mal y esto de hostigarme judicialmente es lo que está mal, además de todo lo que ya me hicieron antes», afirma.
Una estrategia para sostener el despido
Los abogados Juan M. Sosa Bareiro y Marcelo Duarte, representantes legales de Prieto, consideran que la querella de Fleitas por injuria, encaja en una estrategia jurídica para justificar el despido de la periodista, quien tenía la estabilidad laboral que establece el Código del Trabajo.
«Según el análisis de los argumentos que han expuesto, considero que la querella en el ámbito penal es como una justificación que tratan de vincular al despido laboral. Veo como una estrategia que usan para darle lógica y fuerza al despido, que a nuestro criterio es totalmente injustificado. Hicieron una querella privada por difamación, calumnia e injuria para dar a entender que por eso la sacaron a ella», reflexionó el abogado Sosa Bareiro.
Afirma que, tras revisar el expediente con un criterio técnico, no hay causal lógica que pueda configurar el delito de injuria. Sosa Bareiro destacó la valentía de Angie al decidir enfrentar un juicio para defender su honorabilidad y demostrar que el delito del cual la acusan no existe. En consecuencia, eso no puede ser utilizado para justificar su despido.
Por su parte, el abogado Rodrigo González Planás, uno de los representantes de Fleitas, dijo a Emancipa que no haría comentarios respecto al caso, ya que se trata de «un asunto privado del señor Marcelo Fleitas» y que éste preferiría no hablar con los medios. Al insistirle sobre la necesidad de contar con una postura y la versión de su cliente, indicó que el juicio es público y que, en todo caso, se podría cubrir allí. Esta reportería también intentó conversar con el señor Fleitas, quien no contestó nuestro contacto hasta el cierre de esta edición.
Angie dice que espera justicia. Confía en que probará su inocencia. Quiere recibir un pedido de disculpas, pero no solamente para ella, sino para todas sus compañeras. Porque más allá de lo jurídico, dice que el daño y el estigma están hechos.
Angie repite que lo que le toca es muy duro, que no sabe cómo atravesó y sigue atravesando todo, pero que a partir de lo que les pasó, encontró una razón para luchar, para pedir justicia, para no quedarse callada, nunca más.
*Abusador según la RAE, primera definición
¡Las periodistas ya no se callan!
*Este material es la tercera entrega de la serie Las periodistas ya no se callan, impulsado por la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras en alianza con Revista Emancipa Paraguay.
Para acceder a las publicaciones de la serie dale clic a los siguientes enlaces:
Caso Granada: la acusación fiscal es un paso para que las mujeres trabajen libres de violencia
Cuando las periodistas dijeron basta a la violencia sexual y laboral en el grupo Albavisión
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