La estafa de Ueno, Peña y nuestras vidas

*Por Clemen Bareiro Gaona

El 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno y el país vio filas, retiros congelados y gases lacrimógenos. Dos días después, el presidente Santiago Peña anunció su renuncia, mientras Diputados aprobaba por unanimidad una acusación en su contra.

Detrás de cada una de esas filas había alguien haciendo cuentas: cuánto alcanza hasta fin de mes, quién cobra la jubilación de la abuela, qué se paga primero y qué se deja para después.

Esto no es solo una crisis de gabinete ni una pelea de cúpulas coloradas, como lo leen muchos análisis. Es una vez más que la clase política nos deja debiendo, y una vez más que lo pagamos con nuestro ahorro, nuestro tiempo y nuestro cuerpo. Y que ya estemos acostumbradas a que nos joda la vida es parte del problema.

No hace falta probar un pacto secreto para ver el problema; alcanzan los hechos que ya constan. Ueno, que nació como banco en 2021, llegó a tener unos 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. Su expresidente de Financiera Ueno, Carlos Carvallo, que ya había sido director del Banco Central entre 2015 y 2020, volvió a presidir el BCP en agosto de 2023: el regulador pasó a estar a cargo de quien había dirigido a la entidad regulada. El camino inverso también existió, con un ex jefe de Gabinete del directorio del BCP al frente de Ueno Bank.

En su declaración jurada de 2023, el presidente Peña tenía acciones de Ueno Holding por G. 6.144 millones y certificados de depósito en el banco por G. 2.400 millones. En agosto de 2024 recibió dos veces al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS); el 29 de ese mes el Consejo del IPS aprobó bonos de Ueno por hasta G. 250.000 millones. Los certificados de depósito de Ueno en la previsión de los trabajadores pasaron de G. 359.000 millones en octubre de 2024 a G. 1,28 billones en abril de 2025. Peña dejó de ser accionista ese mismo año.

El 3 de noviembre el BCP intervino el banco por una solvencia inferior a la mitad del mínimo exigido. La Fiscalía imputó a 27 personas por hechos como lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra, y Diputados acusó a Peña por conflicto de intereses, beneficio patrimonial indebido y enriquecimiento ilícito. Son acusaciones, no condenas: todas las personas mencionadas gozan de presunción de inocencia, y será la Justicia la que determine responsabilidades.

Pero hay una pregunta política que no espera a ningún juicio: por qué no había ninguna barrera entre el regulador, el regulado y el dinero de las y los jubilados. Y otra: por qué el partido que llevó a Peña a la presidencia anunció que “no estaremos del lado del latrocinio” recién cuando el banco colapsó y la pelea interna ya estaba abierta.

Quienes sostienen la vida pagan el desastre

Cuando se dice 2,9 millones de clientes, se habla de casi la mitad del país. Hogares de bajos ingresos que tenían ahí su cuenta de sueldo, su ahorro para el año, la plata de la cuota escolar. Unos 32.000 jubilados cobraban su haber a través de Ueno. Y la Cámara de Diputados estima en unos 355 millones de dólares los fondos del IPS comprometidos, una cifra que aún no es oficial, pero que habla de lo que está en juego: la jubilación de quienes trabajaron toda su vida.

El Congreso reformó a las apuradas la ley de garantía de depósitos y el anticipo a ahorristas llega hasta 40 salarios mínimos, con un tope de G. 121.760.000 por cliente. Es un alivio necesario. Pero ningún anticipo devuelve las horas de fila, el mes de angustia ni la confianza rota de quienes hicieron las cosas bien: ahorrar, bancarizarse, no endeudarse con prestamistas.

La factura de una crisis financiera no la paga quien tomó las decisiones. La paga quien no estaba en la mesa.

Las feministas lo venimos diciendo hace décadas: cuando el dinero se pierde, el trabajo de cuidados se multiplica. Cuando una familia queda sin acceso a sus ahorros, alguien recorta la comida, alguien consigue el préstamo, alguien acompaña a la abuela al banco, alguien explica a los hijos por qué este mes no hay. Esa economía invisible, que casi no figura en ningún informe del Banco Central, se sostiene con tiempo y cuerpo de mujeres. La crisis de Ueno es también una crisis de cuidados.

Y mientras tanto, las decisiones se toman sin nosotras. La sucesión de Peña se planificó en la sede de la Asociación Nacional Republicana (ANR-Partido Colorado) entre Horacio Cartes y Pedro Alliana, y el partido ya propuso a Antonio Barrios como vicepresidente. En el Congreso hay 18 mujeres entre 80 diputados. Hubo dos gobernadoras electas en 2023. ElPartido Liberal Radical Auténtico (PLRA) redujo en su estatuto al 20% la participación mínima de mujeres en candidaturas legislativas, y las senadoras Katya González y Norma Aquino fueron reemplazadas por hombres. Las candidaturas femeninas a intendencia subieron a 15,9% en 2026: es un avance, pero sigue siendo un techo bajo.

No es casualidad. Un sistema político que se maneja entre hombres, entre amigos y entre socios, sin barreras claras entre el poder, el negocio y el ahorro público, es un sistema que decide sobre nuestras vidas sin tener que responder por ellas. Y cuando algo explota, se resuelve con un cambio de rostros y no de reglas.

A eso se suma una contradicción difícil de ignorar: a las organizaciones sociales y feministas que sostenemos el tejido comunitario y vigilamos al poder se nos exige rendir cuentas con la Ley 7.363, que la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y otras organizaciones consideran un retroceso y que sigue impugnada ante la Corte. Al regulador y al regulado, en cambio, nadie les pidió distancia a tiempo.

Nos acostumbramos a que cada crisis se cierre igual: alguien renuncia, alguien asume, el partido se reacomoda y el país sigue como si nada. Si Pedro Alliana asume con el aval de Cartes, cambiará el rostro, pero el Partido Colorado conservará el control del Ejecutivo y del Congreso. Un cambio de rostro no es un cambio de reglas.

Por eso, desde una mirada feminista, lo mínimo que corresponde exigir es esto:

No queremos otra foto de hombres decidiendo en una sede partidaria. Queremos que la próxima vez que haya que hacer fila, no la hagamos en silencio ni sin memoria. Esta vez, que nos rindan cuentas a nosotras.